La libertad del encarcelado ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva está más cerca de materializarse, luego de que ayer la Corte Suprema de Brasil emitió un fallo contra las prácticas “coercitivas” de la operación Lavado rápido. La resolución determina que el ex mandatario “fue obligado” a declarar sobre el caso, a pesar de que no estaba acusado de cargo alguno.
El tribunal consideró inconstitucional “la conducción coercitiva” con que fueron obligados a rendir testimonio los presuntos implicados. Con el voto de cinco de seis jueces encargados de emitir el fallo, la máxima instancia judicial brasileña ratificó que llevar a alguien a declarar por la fuerza no siendo imputado ni procesado debe hacerse como último recurso si la persona se negó a atender las invitaciones formales y que, por ello, el ex gobernante fue forzado a rendir testimonio.
El caso se inició a raíz de la investigación de la operación Lavado rápido, cuando el 4 de marzo de 2016 el juez Sergio Moro envió a 500 policías federales a buscar al ex presidente en su casa, en Sao Bernardo do Campo, para ser interrogado por un comisario, mientras uniformados cateaban su casa. En ese momento Lula no se negó a prestar declaración. Moro también emitió órdenes de interrogatorio para el hijo del ex mandatario, Fabio Luiz da Silva, y Paulo Okamotto, colaborador de Lula y presidente del instituto que lleva su nombre.
El dictamen preliminar presentado por el juez del Tribunal Supremo, Gilmar Mendes, en diciembre pasado, contra la conducción coercitiva, ocurrió después de que el Partido de los Trabajadores y la Orden de los Abogados de Brasil comenzaron acciones judiciales, en las cuales argumentaban que la medida violaba el derecho de los sospechosos de mantenerse en silencio y no incriminarse, informó el medio brasileño Carta Capital.
Los jueces que votaron en favor de anular el método utilizado por el juez Moro en más de 50 oportunidades basaron su decisión en que la ley no recae sólo sobre los políticos, sino también sobre personas pobres. “La legislación no se aplica solamente a aquellos envueltos en posibles prácticas de corrupción, no se aplica sólo al crimen de cuello blanco. No son sólo ellos los coercionados por la policía. Son los envueltos en general en prácticas criminales. ¿No queremos un mejor Brasil? Todos queremos”.
El apretado resultado en la Corte reflejó la división ocurrida en el juicio por el hábeas corpus de Lula, cuando cinco ministros defendieron la inconstitucionalidad de las prisiones en segunda instancia. A diferencia de aquél caso fue Rosa Weber quien votó como Mendes en la cuestión de las conducciones coercitivas. Cuando se juzgó el pedido de hábeas corpus del ex mandatario, sin embargo, la juez votó contra Lula, aunque había argumentado estar en contra de la reclusión en segundo grado.
Ahora la Corte Suprema aguarda el pronunciamiento de la fiscal general Raquel Dodge antes de someter a votación un pedido de libertad de Lula, condenado a 12 años y un mes de prisión en la sede de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba.
Moro condenó a Lula por corrupción al encontrarlo culpable –aunque sin pruebas– de recibir como soborno un departamento en la playa de Guarujá, algo que el ex mandatario niega y acusa al magistrado de persecución para impedirle participar de las elecciones de octubre próximo.