Tres días después de que un gigantesco alud de tierra sepultara la aldea de El Cambray II, a 15 kilómetros de la capital de Guatemala, han sido recuperados 131 cadáveres y hay unos 300 desaparecidos, según el Ayuntamiento de Santa Catarina Pinula, al que pertenece la población afectada.
La posibilidad de rescatar a supervivientes es cada vez menor. Las últimas casas a las que se ha accedido están inundadas, lo que reduce la esperanza.
En la zona del desastre se trabaja en contra de las estadísticas. Los protocolos internacionales fijan en tres días el límite habitual para encontrar supervivientes en una tragedia de esta naturaleza. A lo largo del sábado, los cuerpos de socorro no lograron rescatar a ninguna persona con vida y este domingo, desde el lugar del derrumbe, al que ya solo tienen acceso los equipos de búsqueda, empezaba a emanar la fetidez propia de cadáveres en descomposición.
El ministro de Defensa, el general Williams Mansilla, anunció la noche del sábado que a partir del domingo se reduciría drásticamente el número de voluntarios —ha habido hasta un millar, que se presentaron en la zona con palas para ayudar— con el objetivo de dar paso solo a profesionales y maquinaria pesada, algo que ocurre cuando las expectativas de encontrar a supervivientes es mínima. “Pero sin descartar la posibilidad de un milagro”, apuntó. Aún hay esperanza de rebajar el número de desaparecidos porque “hay personas que buscaron refugio en casas de parientes o amigos”, aseguró un portavoz municipal, que se cuentan aún como posibles víctimas. El portavoz pidió que notificaran esta circunstancia para ser eliminados de esa lista provisional de 300 desaparecidos. A su búsqueda se sumó ayer un contingente de 84 rescatadores mexicanos con 16 perros adiestrados.
Tragedias como la de Santa Catarina Pinula no son nuevas en Guatemala, un país donde la pobreza extrema de más del 60% de sus habitantes los obliga a improvisar míseras chabolas en las laderas de los barrancos. Según cifras de la Municipalidad de Guatemala, solo en las áreas marginales de la capital existen 586 asentamientos registrados. Todos están en áreas calificadas como de alto riesgo. En todo el país, la cifra puede elevarse a más de 900. Su censo se complica por la constante inmigración del campo a las ciudades. Según estimaciones de entidades como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, sólo en el área metropolitana 702.000 personas malviven en estas condiciones.
Antecedentes como el ocurrido el 4 de octubre de 2005 en Panabaj (un caserío ubicado en las riberas del turístico lago de Atitlán, Sololá, en el oeste) no han logrado parar esta tendencia. Esta población fue sepultada por un alud de piedras y lodo al paso del huracán Stan. Agotadas las tareas de rescate, el lugar fue declarado inhabitable y los sobrevivientes trasladados a una zona segura. La antigua ubicación es considerada ahora como un cementerio comunal. En este caso solo se habla de “centenares de víctimas”, sin aventurar cifra alguna. Esta circunstancia podría repetirse en los próximos días en El Cambray II.