Como era de esperarse, respondiendo a su naturaleza antipatriótica la derecha en Nicaragua y sus medios de comunicación afines, se hallan “espantados y con preocupación” por la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana impulsada por el Ejecutivo, cuyo propósito es el de asegurar los derechos, garantías y libertades fundamentales a todos los nicaragüenses.
A esta campaña mal intencionada se les unió un llamado Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), organismo que al igual a otros se hace llamar de la “sociedad civil” e “independiente”, pero que sus medios de subsistencia son los fondos que les vienen del exterior para atacar cualquier proyecto que impulse el Gobierno de Nicaragua.
De acuerdo con este IEEPP y sus aliados de la derecha, el Poder Ejecutivo está transgrediendo la Constitución al establecer la definición del Seguridad Soberana como la existencia de paz, tranquilidad y estabilidad al derecho ciudadano a la vida, al trabajo, la salud, educación, la superación de la pobreza y la pobreza extrema, así como a la promoción del desarrollo humano sostenible.
Nada es de su agrado
Al parecer, para estos grupos que desquitan el sueldo manipulando información, también es violatorio de nuestra Carta Magna que se tomen como riesgos de la Seguridad Soberana las catástrofes o desastres naturales que pongan en peligro el desarrollo humano sostenible, vulneren la sociedad y la economía, el medio ambiente y la infraestructura básica del país.
Así como también es “escandaloso” considerar como riesgos el calentamiento global y los cambios climáticos que provocan la disminución y agotamiento de reservas biológicas, de fuentes hídricas, causando difusión de enfermedades, así como cualquier otro factor que genere peligro en la seguridad de las personas, la vida, la familia y la comunidad.
Otro aspecto “preocupante” para estos virtuosos de las políticas públicas, es que en esta Ley hay “ausencia” de mecanismos de control civil, incompatibles en un régimen democrático moderno, algo que se detalla en su artículo ocho, en la que la normativa expone cuáles son las amenazas que deben tomarse en cuenta como atentatorias de la Seguridad Soberana.
Entre ellas se puede citar cualquier acto ilegal que atente contra el Estado nicaragüense y sus instituciones; las pretensiones expansionistas de otro Estado sobre espacios territoriales y sus recursos materiales; la narcoactividad, también la delincuencia trasnacional organizada y delitos conexos; el ingreso y expansión de organizaciones criminales de pandillas o maras.
Igualmente, el terrorismo internacional y todos los actos que financien acciones u organizaciones terroristas; actos tendientes a consumar genocidios, sabotaje, espionaje, rebelión, traición a la patria contra el Estado y la nación, conforme a lo establecido por el Código Penal de la República Nicaragua.
Aquí les pisaron el callo
Algo que seguramente no les gustó que se tomara en cuenta, fue la inclusión como amenaza a la Seguridad Soberana, de los actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales que comprometan los principios fundamentales establecidos en el artículo uno de la Constitución, Ley Primaria que irónicamente aseguran el IEEPP y sus afines, se está violentando.
Tal vez todas estas agrupaciones, cuyo modus vivendus se limita a recibir fondos del extranjero para hacer campaña en contra del Gobierno y del FSLN, ven con realmente preocupación que esa adquirida y placentera forma de vida puede llegar a su fin, y por eso se publican desde argumentos carentes de lógica hasta insultos y recriminaciones viscerales en contra de esta iniciativa de Ley.
Y no resulta raro que además de querer satanizar al Ejecutivo por la creación de esta Ley, quieran involucrar al Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, al igual que lo han hecho desde los años ochenta, llamándolos desde garantes oficiosos del cumplimiento de esta normativa, hasta insultar a estas dos instituciones que han sido reconocidas por los mismos EEUU por su loable y eficaz trabajo.