¿Persecución política o lucha contra la corrupción? El proceso judicial que se le sigue al exjefe de Estado brasileño acapara la atención de esa nación latinoamericana.
Un tribunal decide este miércoles si ratifica o anula la condena a nueve años y medio de prisión del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quién se le investiga por presunta corrupción pasiva. Si finalmente los jueces confirman la condena, el exmandatario no podrá presentarse a las elecciones presidenciales que se celebrarán este año.
La causa que se le sigue a Lula forma parte del sonado caso Lava Jato (‘lavado a presión’, en español), que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal brasileña de petróleos Petrobrás y una larga lista de sobornos pagados a dirigentes políticos por el gigante de la construcción Odebrecht.
Por este caso, el juez de la 13ª Corte Federal de Curitiba, Sergio Moro, emitió una condena contra Lula, de nuevo años y medio de prisión, los cuales puede cumplir en libertad.
En Porto Alegre, ciudad en la que fue radicado el juicio, se ha registrado una importante movilización de organizaciones populares y otra de los cuerpos de seguridad del Estado.
Un departamento en escena
Los investigadores policiales sospechaban que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) pudo aceptar un lujoso departamento, a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal Petrobras.
De forma particular, mencionaron la supuesta adjudicación a familiares de Lula, de un departamento triplex de lujo, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo).
En la denuncia recibida por el juez Moros, se acusó a la empresa OAS de haber pagado a otra compañía para resguardar bienes de Da Silva mientras estuvo en la presidencia.
La defensa del exmandatario explicó que los «bienes» bajo custodia eran parte del acervo presidencial: cartas, camisetas y piezas de artesanía.
El cargo sin demostrar
La justicia de Brasil acusa a Lula da Silva por el presunto crimen de corrupción pasiva.
Según la legislación de esa nación latinoamericana, ese delito supone que un funcionario público realiza o deja de realizar un acto de su competencia a cambio de algún beneficio.
Para la fiscalía, Lula habría recibido el apartamento triplex, pero a lo largo de juicio no se ha logrado demostrarque sea el propietario y mucho menos se ha identificado cuál es el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
Este juicio de segunda instancia no significa la última opción del líder del PT. Los tres jueces que integran el tribunal deben producir una sentencia unánime para que finalice el proceso, pero si al menos uno de ellos falla con una posición distinta, el juego legal queda abierto para otros recursos.
La postura de Lula
Durante una entrevista concedida al cineasta estadounidense Oliver Stone, el expresidente denunció la existencia de un plan en su contra.
«Hay una guerra en Brasil, estamos frente a un proceso violento contra la democracia. Han construido una teoría mentirosa para justificar la salida de Dilma y la criminalización del PT (…) Hay una coordinación perfecta entre la prensa, la policía federal y el Ministerio Público para construir mentiras», detalló Lula.
Consultado sobre los cargos que se le imputan señaló que «están trabajando para evitar que yo pueda participar en las elecciones de 2018. No tendría sentido que me permitieran volver a la presidencia dos años después del golpe parlamentario» contra Dilma Rousseff.
Dado que sus adversarios no «pueden impedir la decisión electoral del pueblo», agregó Lula,«están intentando apartarme a través del poder judicial, atribuyéndome cosas absurdas que no son creíbles ni para un niño pequeño».
Candidatura presidencial
El proceso judicial a Lula despierta suspicacias sobre la verdadera motivación de las acusaciones, ya que podría tratarse de una maniobra política para sacarlo de la carrera presidencial.
El sociólogo Vinicius Sartorato asegura que «sin duda alguna, hay un intento de aislamiento de Lula, el PT y su proyecto político, porque representan una perspectiva contraria a los intereses de las oligarquías y el mercado financiero».
Indicó que «según una encuesta, el 60% de los brasileños» cree que el juicio es una persecución ajena al contexto judicial, pero el restante 40% manifiesta su convencimiento de que es una «acción combate a la corrupción, pero lo hacen desde la narrativa trabajada por los grandes medios de comunicación, quienes a vez, están involucrados con la oligarquía brasileña y el mercado financiero».