* El organismo internacional exigió a la Justicia brasileña la liberación del exmandatario, argumentando que sufre una persecución política.
La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya consideró este domingo al exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como un preso político, al tiempo que denunció el sistema de justicia de Brasil y exigió la liberación inmediata del expresidente, argumentando que sufre una persecución política.
En este sentido, entidades activistas pro derechos humanos de Brasil denunciaron que Lula fue juzgado por un tribunal que está bajo la influencia de las facciones políticas adversas al exmandatario.
Los seguidores del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) afirman que los grupos de poder y los opositores intentan impedir la participación de Lula en las próximas elecciones brasileñas previstas para octubre, en las que el expresidente es favorito en las encuestas.
Los últimos sondeos le atribuyen un favoritismo del 33 por ciento, más del que tiene su principal rival, el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro (15 por ciento).
Lula cumple una condena de 12 años y un mes de prisión, emitida en segunda instancia en el marco de las investigaciones anticorrupción en el caso Lava Jato por recibo de presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de facilitarle contratos.
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se presentó el 7 de abril ante la Policía Federal en Curitiba para acatar la orden de detención en su contra dictada por el juez Sergio Moro.
Lula permanece detenido en Curitiba mientras que miles de brasileños se movilizan y realizan vigilias para exigir su libertad y el respeto a la democracia brasileña, pues consideran que su encarcelamiento es la continuación del golpe contra la mandataria electa Dilma Rousseff, para sacar del escenario político a líderes de izquierda.
.La jurisprudencia que autoriza el encarcelamiento después de la condena en segunda instancia fue adoptada en 2016 con una votación de 6 a 5. Sin embargo, esta contradice la Constitución de Brasil, donde se establece que todo sentenciado tiene derecho a seguir en libertad hasta que el fallo esté absolutamente firme.