El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) desestimó este miércoles el último recurso que podría presentar, en esa instancia, la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
«Después de analizar todas las ponderaciones de la defensa es manifiesta la inadmisibilidad de los embargos; la defensa no puede buscar la rediscusión de aspectos ya juzgados», dijo al expresar su voto el juez Nivaldo Brunoni, con lo que se opuso reconocer las nuevas requisas de declaración.
Los otros dos jueces, Victor Laus y Leandro Paulsen, estuvieron de acuerdo, por lo que el rechazo al recurso fue por unanimidad, igual que la condena en un primer momento por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
Los defensores de Lula señalaron en los primeros embargos —juzgados el 26 de marzo último— 38 omisiones, 16 contradicciones y cinco oscuridades en la sentencia que confirmó la condena y aumentó la pena de nueve años y seis meses proferida por el juez Sergio Moro, a 12 años y un mes por decisión del TRF4.
A partir de ahora, los aboga-dos de Lula podrán recurrir a las dos instancias superiores, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo Federal, pero mientras, el exmandatario deberá seguir preso.
El pasado 5 de abril, el tribunal de apelaciones de Porto Alegre autorizó a Moro a proceder al encarcelamiento de Lula, aún sin agotarse siquiera los recursos en segunda instancia. El jurista en apenas 20 minutos libró la orden correspondiente.
Después de permanecer 48 horas en la sede del Sindicato Metalúrgico en San Bernardo del Campo, Sao Paulo, Lula se puso a disposición de la Policía Federal y fue trasladado a la ciudad de Curitiba, donde el 7 de abril comenzó a cumplir la condena como preso político.
Junto a Lula, llegaron también a Curitiba seguidores del fundador del Partido de los Trabajadores (PT), quienes instalaron la vigilia Lula Libre para expresar su apoyo al líder popular.
En la noche del martes, el campamento fue agredido mientras se instalaban a pocas cuadras de la sede de la Policía Federal, según había sido acordado con la justicia.
La denuncia fue realizada por el presidente del Partido de los Trabajadores (PT) en Paraná, Florisvaldo Fier, conocido como Dr. Rosinha, quien condenó igualmente la negligencia del Gobierno local al no cumplir con la seguridad ofrecida, como parte del acuerdo al cambiar la localidad del campamento.
«Cuando retiramos el campamento de allá para acá, las personas fueron agredidas con barras de hierro. Aquí mismo, ya instalados, pasan a provocarnos», indicó Rosinha.
El campamento Lula Libre fue trasladado a un terreno privado a pocas cuadras de la sede policial donde se encuentra detenido Lula, tras un acuerdo entre los dirigentes del PT y los movimientos sociales con el Ministerio Público, la prefectura de Curitiba y el comando de la Policía Militar.