La decisión adoptada por Donald Trump de destituir al director del FBI, James Comey, está lejos —según todas las apariencias— de ser un acto de justicia; responde más bien a un nuevo intento del mandatario por entorpecer la investigación que puede comprometer su permanencia en la Casa Blanca.
El presidente ha anunciado que prescinde de Comey pocos días después de que este solicitara más recursos para investigar la presunta intervención rusa en el proceso electoral estadounidense que concluyó con la victoria de Donald Trump. Comey ya estaba en el ojo del huracán tras ser acusado por Hillary Clinton de haber desempeñado un papel en la campaña al reabrir, a solo diez días de la fecha de los comicios, una investigación contra la candidata demócrata sobre irregularidades en el uso de datos públicos en su correo electrónico privado. Pero a pesar de la gravedad de las acusaciones, Trump no retiró su confianza al funcionario.
Cabe preguntarse por qué un presidente que, por ejemplo, tardó literalmente minutos en destituir a una fiscal general del Estado por expresar su desacuerdo en público con la política migratoria de la Administración ha necesitado meses para apartar de su cargo a Comey. No menos sorprendentes fueron los comentarios de Trump ayer, atacando al cesado Comey al asegurar que había perdido “la confianza de casi todo el mundo en Washington” y que “no estaba haciendo un buen trabajo».
La alarma desatada en Washington tiene todo el sentido. Resulta muy difícil obviar que Comey era hasta hace unas horas el máximo responsable de una investigación que puede desencadenar graves repercusiones políticas y estratégicas para Trump: la que estudia la relación —cada vez más evidente— entre su candidatura a la presidencia de EE UU y el Gobierno de Rusia. En este contexto, resulta sintomático el adjetivo de nixoniana con que el senador demócrata Bob Casey ha calificado la destitución del director del FBI. Aunque Trump sufra el síndrome adanista de todos los populistas, debería saber que esto ya se ha visto antes en la política de EE UU. También Richard Nixon fulminó al funcionario encargado de investigar irregularidades en la elección presidencial. El resto es historia; Nixon terminó dimitiendo.
En muy pocos meses en la Casa Blanca, Trump se ha acostumbrado a moverse en límites de la ley a los que nunca se acercaron sus predecesores, ya fueran demócratas o republicanos. Pero la privilegiada posición de su hija y su yerno en el círculo presidencial, la teatral —aunque difícilmente creíble— renuncia a sus negocios privados, la guerra sin precedentes contra los medios de comunicación, la irresponsable utilización de delicados instrumentos legales como son las órdenes ejecutivas o el imprevisible y errático cambio de postura respecto a cuestiones internacionales no caen flagrantemente en la ilegalidad (sin que eso haga que sean muestras ejemplares de comportamiento). Sin embargo, obstruir una investigación —que en ningún caso debe ahora cerrarse en falso— sobre el proceso democrático más importante de EE UU es, sencillamente, un delito. Trump puede haber cruzado una línea sin posibilidad de retorno.
Fuente: El País