Fabio Tomaz
* Un estudio introductorio sobre la historia del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), en El Salvador, que celebra su 40 aniversario en 2020.
El 10 de octubre de 1980, en el país centroamericano de El Salvador, amanecieron ciudades llenas de panfletos. Una parte de la población se sorprendió, otra parte no tanto. Parte estaba llena de esperanza, parte de dudas. Sin embargo, los más sorprendidos fueron los miembros del gobierno en ese momento.
Los panfletos hicieron pública la creación del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Fruto de un largo proceso de organización popular y un esfuerzo colectivo de unidad política, el FMLN se convirtió en la principal expresión política de la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el autoritarismo y la violencia que marcó el comportamiento de las clases dominantes en la sociedad salvadoreña.
Por circunstancias históricas, esta expresión política fue, al mismo tiempo, también una expresión de carácter militar. Comprender estas circunstancias es fundamental e implica comprender la propia trayectoria de este país en sus luchas por la libertad, la democracia y la emancipación.
Centroamérica: independencia y papel de las élites
Durante todo el período colonial, luego de la masacre y subyugación de los pueblos mayas y pipiles por parte del imperio español, la economía de El Salvador se centró en la producción y exportación de índigo (también conocido como ïndigo), un tinte azul derivado principalmente de plantas tropicales.
La provincia de El Salvador formaba parte de la Capitanía General de Guatemala, entonces centro de control de los dominios españoles en Centroamérica. A lo largo de los años, las élites locales (llamadas criollas), han entrado en crecientes conflictos con los intereses de España.
Tres factores principales afectaron la lucha de estas élites criollas por la independencia en la región: el rechazo a los constantes aumentos de impuestos que estas élites deben pagar a la metrópoli; el debilitamiento del control español de sus territorios en las Américas después de la invasión de España por Napoleón en 1808; y la búsqueda de estas élites locales de otros mercados de producción que luego controlaban.
Después de muchos conflictos entre criollos más radicales y más conservadores, representantes de las provincias centroamericanas se reunieron en Guatemala y declararon su independencia de España en 1821.
El concepto de «república» de las élites
Después de dos años, se creó la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica, que incluía a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Este nuevo país, muy inspirado por el sistema federal de los Estados Unidos, fue incapaz de superar las tensiones y los intereses en conflicto de las élites locales.
Incluso bajo el llamado a la unidad de personajes históricos como Francisco Morazán, las provincias comenzaron a abandonar la Federación y estalló una guerra civil. El sueño de la unidad de los pueblos centroamericanos fue destrozado por los intereses de las élites locales y la Federación fue completamente destruida en 1840.
El Salvador enfrentó una crisis económica sin precedentes. La creación del índigo sintético en Europa prácticamente ha eliminado su principal fuente de ingresos. Las élites locales optaron por el monocultivo de café como solución. Se llevaron a cabo una serie de reformas.
Se extinguieron las tierras de las comunidades indígenas (ejidos) y se aseguró la propiedad privada como única forma de tenencia de la tierra. Las oligarquías consideraban a los ejidos un impedimento para el crecimiento económico y la propia Ley de Tierras afirmaba en su prólogo que “la existencia [de tierras comunitarias] es contraria a los principios sociales y económicos adoptados por la república”.
Todo el financiamiento estatal se dirigió a la oligarquía cafetera, que a fines del siglo XIX ya representa el 90% de los miembros del Legislativo.
La lucha de clases se impone
El resultado evidente de la “política cafetalera” fue la expansión masiva de los grupos sin tierra, compuestos por campesinos e indígenas, además de la expansión simultánea de los grados de explotación de esta mano de obra por parte de la oligarquía.
Ante el creciente descontento de estos sectores de la clase obrera, en 1912 surgió la Guardia Nacional, cuyo salario era pagado por la propia élite cafetera, con el fin de mantener el «orden interno y la seguridad», además de mapear actividades «sospechosas», ya que las leyes prohibían la organización de trabajadores en entidades representativas.
Al mismo tiempo, los sectores urbanos y medios de la sociedad salvadoreña habían reducido y restringido cada vez más la representación política en comparación con las oligarquías cafeteras. Con la crisis económica internacional de 1929, y consecuentemente con el colapso de las exportaciones de café, se instauró una nueva crisis económica, social y política en El Salvador.
En 1930, Miguel Mármol, un zapatero pobre, participa en la fundación del Partido Comunista Salvadoreño (PCS). Junto a él Farabundo Martí. De origen rural, El Negro (como se le conocía), tenía una historia de actividades radicales y una larga labor de organización política, con cárceles, exilio, retorno clandestino, nuevas persecuciones y huida a otros países de la región.
Es en Nicaragua donde Farabundo se une a Augusto César Sandino, quien estaba combatiendo a los marines estadounidenses que ocuparon ese país a pedido de la dictadura local. Es en el regreso de la pelea en Nicaragua de Farabundo, cuando se une a Miguel Mármol en 1930.
A fines del mismo año, las élites locales organizaron un golpe y establecieron una dictadura violenta. Se suspendieron todas las votaciones donde se sospechaba la presencia del PCS. Bajo la evaluación de que las posibilidades democráticas estaban cerradas, el PCS comenzó a planificar una serie de encuestas simultáneas en todo el país.
Luego de dos años de extenso trabajo de base con amplio apoyo de campesinos e indígenas, así como de estudiantes y docentes, en un ejercicio de unidad sin precedentes, todo estaba listo y programado para el 22 de enero de 1932. Sin embargo, las autoridades obtuvieron información de el plan y 4 días antes de las encuestas, Farabundo Martí fue capturado junto a los alumnos Mario Zapata y Alfonso Luna.
Al no poder comunicarse con sus líderes, los levantamientos se desarrollaron de manera descoordinada y desorganizada, enfrentando una brutal represión gubernamental. Conocido como La Matanza, el episodio resultó en el asesinato de aproximadamente 30.000 personas, en su mayoría campesinos e indígenas. Se estima que menos del 10 por ciento de los asesinados tuvo alguna participación directa en los levantamientos.
Unos días después fueron ejecutados Farabundo Martí, Mario Zapata, Alfonso Luna, Feliciano Ama (líder indígena) y “Chico” Sánchez (líder campesino). De los principales dirigentes, solo sobrevivió Miguel Mármol. Disparado, fingió estar muerto entre cadáveres y logró salvarse, teniendo una vida activa de organización política clandestina. Al final de la matanza, los militares, junto con la oligarquía, habían derrotado la unidad forjada entre trabajadores urbanos, campesinos, indígenas y estudiantes.
La breve esperanza democrática y el papel de la Iglesia católica
Las siguientes décadas en El Salvador estuvieron marcadas por sucesivos golpes militares y fraudes electorales. El proceso político siguió, sin embargo, con algunas constantes: por un lado, la exclusión política de las grandes masas de población y de los sectores medios de la sociedad salvadoreña.
Por otro, los intentos de estos mismos sectores por crear espacios democráticos mínimos para enfrentar el relevo de los militares y oligarquías que estaban, a veces en unidad, a veces en conflictos internos.
Es en los años 60 cuando las presiones populares y progresistas empiezan a ganar fuerza.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC), se convierte en el referente público de las múltiples fuerzas sociales que se organizaron en la clandestinidad, así como del sindicato, estudiantil y otros sectores organizados por las llamadas Comunidades Cristianas de Base (CCB), expresiones de la Teología de la Liberación de la Iglesia Católica en el país.
A este proceso se suma un factor internacional importante. Luego de la Revolución Cubana de 1959, el gobierno de Estados Unidos creó la Alianza para el Progreso, un intento de favorecer una política liberal moderada y así evitar que las desigualdades en América Latina desemboquen en revoluciones socialistas.
Parte de esa política incluía condicionar los préstamos estadounidenses a una mínima apertura democrática en países que evidentemente eran autoritarios (que incluía a El Salvador). El PDC empezó a ganar cada vez más posiciones en las siguientes elecciones. Paralelamente, se expandía la movilización popular. Pasaron muchas cosas en la clandestinidad, y el trabajo más “visible” fue el de la iglesia.
En 1970, el Vaticano nombró a Óscar Arnulfo Romero como obispo auxiliar de San Salvador (capital del país). Romero, visto como un conservador, se mantuvo alejado de la Teología de la Liberación hasta entonces, incluyendo algunas críticas a la llamada “iglesia popular”.
El Vaticano y la oligarquía apostaron a que podría reducir la participación de la iglesia en los asuntos políticos. Luego de otro golpe que no reconoció la victoria de las fuerzas opuestas al régimen en las elecciones presidenciales de 1972, el trabajo de base de la iglesia se radicalizó aún más. En 1977, el Vaticano nombró a Romero arzobispo de San Salvador, en otro intento de combatir la teología de la liberación. No podrían haber cometido un error más grande.
Romero había presenciado las atrocidades del fascismo en Italia cuando estudió teología en Roma a fines de la década de 1930. En el mismo año de su nombramiento como arzobispo, el régimen no reconoció la victoria de la oposición en las elecciones presidenciales.
La policía abrió fuego contra la población que acudió a protestar para denunciar el fraude y mató a decenas. La creciente represión, corrupción y fraude del régimen de El Salvador y los asesinatos de muchos religiosos son cada vez más criticados públicamente por Romero. Se convirtió en una voz contundente en oposición al régimen.
Cuando fue a exigir la liberación del padre Rafael Baharona (quien por segunda vez había sido detenido y torturado), Romero escuchó al entonces presidente pedirle que controlara a sus sacerdotes, porque de lo contrario podría incluso hablar con el Vaticano. Romero respondió: «Con todo respeto, señor presidente, nuestras órdenes vienen de alguien superior».
El 22 de enero de 1980, 48º aniversario del levantamiento de 1932, más de 200.000 personas se reúnen en la capital. El régimen está asustado por la capacidad de movilización de las organizaciones populares. El 9 de marzo del mismo año se encontraron explosivos en el altar central donde Romero iba a pronunciar una misa en memoria del ex secretario general del PDC, quien había sido asesinado.
El gobierno no ha realizado una investigación formal sobre el caso. El 24 del mismo mes, Romero fue asesinado cuando estaba celebrando una misa. El disparo fatal, disparado por un francotirador, alcanzó el corazón momentos antes de la Consagración.
El asesinato en la plaza pública de Romero y la falta de reconocimiento del proceso electoral dejaron clara la situación en El Salvador: todos los canales legales y democráticos habían sido cerrados por el régimen, lo que solo se expresaba a través del autoritarismo, la violencia y la represión contra cualquier voz disidente. La “democracia” fue una farsa y una fachada. El componente militar se convirtió en un factor necesario para la resistencia y la lucha por la verdadera democracia en el país.