En menos de tres meses, la Fiscalía chilena ha realizado 11 allanamientos a dependencias de la Iglesia católica en tres regiones de Chile, entre ellas la capital, lo que ha permitido al Ministerio Público triplicar el número de causas abiertas por delitos sexuales contra menores en el seno del clero.
Desde mediados de julio, la cifra de casos bajo lupa ha pasado de 37 a 119, según el último reporte oficial. Entre los 167 imputados están siete obispos, 96 sacerdotes, cuatro diáconos, 30 religiosos que no son sacerdotes, 10 laicos ligados a la Iglesia y otras 20 personas cuyo vínculo con la institución todavía no ha podido ser precisado por la fiscalía. Al menos 79 de las 178 víctimas eran menores o adolescentes en el momento en que se cometieron los delitos. 15 más eran adultos y en otros 84 casos no se ha podido saber con certeza la edad que tenían.
Entre los imputados está el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, que fue citado a declarar por encubrimiento. La diligencia estaba fijada para el pasado 21 de agosto, pero fue suspendida: la defensa del líder de la Iglesia católica chilena realizó la solicitud para estudiar los nuevos antecedentes que día a día engrosan el proceso y el fiscal Emiliano Arias aún no ha dado a conocer la nueva fecha. Ezzati está en una situación imposible: el papa Francisco todavía no ha cursado su retiro, aunque en enero cumplió la edad necesaria y fuese parte de la renuncia en masa que tuvieron que realizar todos los obispos del episcopado chileno en medio de la crisis. Mientras los escándalos sexuales explotan en todo el país y las últimas misas que ha celebrado fueron interrumpidas con abucheos, Ezzati no puede ejercer su cargo y no encabezará una de las misas de mayor importancia en Chile, el Te Deum ecuménico por las Fiestas Patrias del 18 de septiembre, después de que dirigentes políticos de diferentes sectores pusieran en tela de juicio su asistencia. Entre los críticos estaba el propio presidente chileno, Sebastián Piñera.
En un momento crítico para Iglesia católica chilena, el nuevo contexto anima por primera vez a las víctimas a denunciar. “Los obispos y cardenales chilenos tenían una máquina criminal tan bien montada que ahora, que se vino abajo, estamos viendo lo que escondían. El haber sido expuestos como lo que son, delincuentes, permite a muchos perder el miedo a denunciar. La sociedad ha entendido el abuso y la mayoría tiende una mano a los que lo han sufrido. Eso ayuda”, relata Juan Carlos Cruz, periodista chileno residente en Filadelfia y víctima del influyente padre Fernando Karadima. A fines de abril, Cruz fue una de las víctimas invitadas por el Papa a su residencia de Santa Marta para pedirles perdón, escuchar su historia y tomar decisiones sobre el caso chileno. “Espero que algunos obispos y cardenales terminen en la cárcel a causa de su abuso o encubrimiento. Ya no hay impunidad para ellos, que siempre se sintieron por sobre la ley”, agrega Cruz.
Más allá de la decisión de las víctimas de denunciar los delitos cometidos por el clero, el factor que explica la multiplicación por tres de los casos en menos de un trimestre meses son las incautaciones hechas por los fiscales en los 11 allanamientos en la capital y en las regiones de O’Higgins y la Araucanía (sur de Chile). Aunque en las últimas semanas las propias congregaciones han comenzado a informar de algunas denuncias recientes a la Fiscalía —los salesianos acaban de suspender a un sacerdote por abusos que se habría cometido entre 1992 y 1993—, la Iglesia no acostumbraba a informar a la Justicia sobre los delitos contra menores de los que tenía conocimiento. Las incautaciones han resultado ser, por tanto, una auténtica caja de Pandora que todavía sigue siendo analizada por los diferentes fiscales a cargo.
El fiscal Arias es el principal encargado de perseguir los delitos de abuso sexual contra menores cometidos por miembros de la Iglesia en Chile. Las causas que investiga ya tienen a 155 de las 178 víctimas contabilizadas a escala nacional. En sus indagaciones apunta a un objetivo ambicioso: desentrañar la cultura del encubrimiento dentro del clero chileno que posibilitó la comisión de delitos en el interior de la organización. Este camino lleva directamente a los obispos que, en su opinión, eran los garantes de la protección de los menores. “El sistema no funcionaba: no se daba la atención adecuada a las víctimas, no se les creía, no se daba curso a las investigaciones, no se cumplían las obligaciones de enviarlas todas a la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano. [Todo ello] unido a un sistema ineficaz de justicia canónica”, señaló Arias a fines de julio en entrevista con EL PAÍS. En esa ocasión, el fiscal se refirió a un hecho probado: “Sabemos que religiosos chilenos destruyeron evidencias sobre abusos sexuales”. Las pesquisas siguen su camino.