Prensa Latina
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua funcionará a partir del lunes por tres meses más, luego que el plenario de la Asamblea Nacional aprobara una resolución para ampliar su período de sesión.
Encargada de analizar y esclarecer los hechos ocurridos durante la crisis sociopolítica, la junta continuará así sus labores hasta el 6 de febrero del próximo año.
En su más reciente informe ante el Parlamento, la comisión precisó que 269 personas murieron a causa de la ola de violencia desatada en el país entre abril y julio.
La mayoría de las víctimas (150) se registraron en los tranques (bloqueos de vías) impuestos en el país, siempre según la fuente.
“Se convirtieron en escenarios de muerte en León, Jinotepe, Masaya (…) en los tranques se violaron los derechos a la libre circulación al trabajo, recreación, cultura, educación; fueron sinónimo de muerte, tortura, vejamen y odio”, puntualizó.
Asimismo, la información presentada entonces sobre la ocupación de las víctimas desmintió acusaciones de una masacre estudiantil.
En ese sentido, la junta detalló que la mayoría de las víctimas eran obreros y trabajadores por cuenta propia (62 y 62 respectivamente), seguido de desempleados (46), agricultores (16) comerciantes (11), y jóvenes que no estudiaban (nueve).
Solo ocho eran educandos universitarios y seis de secundaria, aclaró la comisión, al especificar que en las protestas en Managua no se registró la muerte de ninguno de ellos.
A su vez, sostuvo que los casos de tortura y asesinato (13) fueron con saña y odio, y ninguno de estos eran miembros de los protestantes, sino de funcionarios del Estado en todos sus niveles o de personas ligadas políticamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
En total dos mil 35 personas resultaron lesionadas, en el rango etario de 16 a 25 años, y el último deceso como consecuencia del conflicto se registró el 28 de agosto, según recoge el citado informe.