El presidente se muestra receptivo hacia un acuerdo que evitaría un nuevo cierre del Gobierno pero le proporcionaría solo una cuarta parte del dinero que quiere para el muro.
Los congresistas estadounidenses alcanzaron el lunes por la noche un principio de acuerdo para evitar un nuevo cierre parcial del Gobierno, cuatro días antes de que expire el plazo de tres semanas dado por Donald Trump, al concluir el que fue el bloqueo administrativo más largo de la historia del país. El compromiso sobre seguridad fronteriza, muy lejos de lo que exigía el presidente, entraña un desafío a Trump, que deberá optar entre aceptar una derrota o asumir la responsabilidad de un nuevo cierre. “No puedo decir que esté contento”, reconoció.
A última hora de la tarde del martes, el presidente se mostró más receptivo hacia los términos del preacuerdo, dejando entrever, aunque no lo especificó expresamente, que podría estar dispuesto a aprobarlo. Lo hizo, dijo, después de entrevistarse con el jefe negociador de los congresistas republicanos. «Me acaba de exponer el concepto y los parámetros del acuerdo de seguridad fronteriza el muy trabajador senador Richard Shelby. Mirando todos los aspectos y sabiendo que a esto se le enganchará mucho dinero de otras fuentes, tendremos casi 23.000 millones de dólares para seguridad fronteriza. Independientemente del dinero para el muro, está siendo construido mientras hablamos”, dijo Trump, sin entrar en mayor detalle, en un hilo de tuits.
El pasado 26 de enero, el presidente cedió a la presión y acordó que la administración abriera temporalmente, después de 35 días en los que más de 800.000 funcionarios federales estuvieran sin cobrar por la exigencia de Trump al Congreso, rechazada por los demócratas, de 5.700 millones de dólares para financiar el muro en la frontera con México.
El principio de acuerdo alcanzado este lunes, según fuentes del Congreso citadas por Associated Press, contempla la construcción de 88 kilómetros de nuevo vallado en la frontera con México (frente a los 345 kilómetros que la Casa Blanca pedía en diciembre), y el dinero destinado sería apenas una cuarta parte de la cantidad que reclama el presidente para el muro: una cifra de algo menos de 1.400 millones, frente a los 5.700 millones que reclama Trump. Se trataría, además, según las mismas fuentes, de una valla construida con alguno de los diseños existentes, como barras de metal, y no de un muro de hormigón como el que prometía Trump al principio.
“No puedo decir que esté contento [con el principio de acuerdo]”, reconoció ayer el presidente, sin aclarar si utilizará su derecho de veto. Pero anunció, sin mayor detalle, que realizará “añadidos” e insistió en que construirá “un muro bello, grande y fuerte”. La gestación del preacuerdo apunta a una situación insólita: se trataría de la primera vez que los legisladores republicanos actúan de espaldas al presidente, en un tema central de su agenda política.
Los tuits de esta tarde sugieren que, presionado por su propio partido, el presidente se estaría inclinando hacia no utilizar su derecho de veto y sí apoyar el acuerdo que despejaría la posibilidad de un nuevo cierre administrativo, que nadie desea, aunque tenga que decorar su decisión con imprecisas promesas de fuentes de financiación adicionales.
“No creo que vayamos a ver un nuevo cierre administrativo”, dijo Trump, que no descartó una declaración de emergencia, controvertida fórmula que le permitiría conseguir los fondos para su muro sin pasar por el Capitolio. Un nuevo cierre podría ser muy perjudicial para los republicanos, a quienes la mayoría de los estadounidenses, según los sondeos, veía como responsables del anterior.
El presidente estudiaba a primera hora de la tarde de ayer todas sus posibilidades. Primero, firmar o no el acuerdo, y borrar del escenario, o no, el cierre administrativo. A continuación, adoptar o no una orden ejecutiva, o una declaración de emergencia, que le permita cumplir su promesa electoral, posibilidades ambas que desencadenarían muy probablemente una batalla en los tribunales.
Los demócratas, según los términos del preacuerdo difundidos, cederían en sus demandas sobre la limitación del número de camas en los centros de detención de la frontera. El principio de acuerdo autoriza la financiación de 40.000 camas o plazas en los centros de detención de Texas, Arizona y California. Se trataría de una reducción respecto al número actual de 49.000 y se acercaría a los niveles de la época anterior a Trump. Pero la letra pequeña del acuerdo, según The New York Times, permitiría financiar de facto hasta 58.000 camas, algo que los republicanos podrán vender como una victoria.
El presidente se enfrenta en cualquier caso a un baño de realidad, algo a lo que no ha estado acostumbrado durante la primera mitad de su mandato: la necesidad de compromiso, de flexibilidad, a la que obliga la nueva realidad de poder dividido que estrenó el país tras las elecciones legislativas de noviembre, que dieron el control de la Cámara de Representantes a los demócratas. Los congresistas republicanos, temerosos de los efectos de un nuevo cierre gubernamental entre sus votantes, han hecho lo que Trump no quiso hacer: negociar con los demócratas, cuya perseverancia deja a los republicanos muy lejos de los deseos expresados por Trump.
Como en todo compromiso, los términos difundidos difícilmente satisfarán a los legisladores más beligerantes, a izquierda y derecha. El descontento no tardó en aflorar entre los comentaristas de derechas. «Cualquier republicano que apoye este compromiso basura deberá dar explicaciones», advirtió Sean Hannity, forofo trumpista de Fox News. «Esto no representa ni una fracción de lo que el presidente ha prometido al pueblo estadounidense», declaró el congresista republicano Mark Meadows, según The Washington Post.
Al tiempo que los negociadores anunciaban su principio de acuerdo, el presidente se encontraba en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, donde dio su mitin más importante desde la campaña de las elecciones legislativas de noviembre, que entregaron la Cámara de Representantes a los demócratas. Los gritos de «¡Construye el muro!» con los que las miles de personas congregadas le interrumpían a cada rato sugieren que Trump tendrá difícil vender a sus votantes el principio de acuerdo alcanzado en el Congreso como algo parecido al gran muro en la frontera que les vendió.
«TERMINAR EL MURO»
En el mitin de Trump en El Paso, el lunes por la noche, el clásico “construir el muro”, eslogan que adorna indefectiblemente los encuentros del presidente con sus fieles, se convirtió en “terminar el muro”. Una sutileza terminológica que Trump no respetó desde el atril: «Para que lo sepáis, vamos a construir el muro en cualquier caso», dijo. Y reiteró, una vez más, su discutible afirmación de que construir un muro a lo largo de la frontera detendría un supuesto aumento en delitos violentos y tráfico de drogas a cargo de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. «Las drogas que se derraman por la frontera matan a decenas miles de estadounidenses. Tendríamos un enorme recorte en esos números si tuviéramos un muro», dijo el presidente.
Trump puso la semana pasada a El Paso, que tiene una barrera física con México desde 2008, como ejemplo de cómo levantar un muro puede solucionar la criminalidad. “La ciudad fronteriza de El Paso tenía índices extremadamente altos de crímenes violentos, unos de los más altos de todo el país, y era considerada una de las ciudades más peligrosas de nuestra nación. Ahora, inmediatamente desde su construcción, con la presencia de una poderosa barrera, El Paso es una de las ciudades más seguras de nuestro país”, dijo Trump en el discurso sobre el estado de la Unión.
Una vez más, los hechos no amparan al presidente: El Paso era la segunda más segura de 20 ciudades de similar tamaño antes de que se levantara el muro hace 11 años, y continuó siéndolo después. Alcanzó su pico de crímenes violentos (6.500) en 1993, y ha bajado sostenidamente desde entonces, al mismo ritmo antes que después de que se construyera el muro. Ni siquiera aquel pico fue tan alto: Washington, ciudad de tamaño parecido, registró en ese mismo año 16.600 crímenes violentos.
No es la primera vez que una comunidad fronteriza se veía en el medio del polarizador debate nacional sobre inmigración. El pasado 10 de enero, en medio de lo que se convertiría en el cierre gubernamental más largo de la historia, el presidente eligió McAllen, otra ciudad texana de la frontera con México, para un televisado encuentro con agentes fronterizos que le ayudaran a convencer al país de la necesidad de levantar el muro para terminar con una supuesta ola de crímenes. Un teatro local le recibió con un elocuente cartel en la fachada: “Bienvenido a McCallen, la séptima ciudad más segura de Estados Unidos”.