Ocho meses antes de que se celebraran las elecciones generales de 2016 en Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos, a través de la USAID, y utilizando varias ONG locales e internacionales, montó un millonario operativo a fin de impedir que el candidato del FSLN, Daniel Ortega Saavedra, se alzara con la victoria.
En realidad ya existía una partida millonaria manejada por varias empresas extranjeras que operan como organismos no gubernamentales, a fin de encubrir que son intermediarias en la labor de desestabilización ejecutada por la ultraderecha norteamericana y europea. Pero el 6 de abril de 2016, se les dio más dinero y se dio curso al plan antisandinista.
En total, las intermediarias de la injerencia gringa manejaron a partir de abril de 2016, US$ 54,440,178 en diferentes programas en el conocido como A&A PLAN-USAID Nicaragua. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, propiedad de Cristiana Chamorro Barrios, fue incluida directamente en este plan con una misión específica: dañar la imagen del gobierno sandinista utilizando para ello a medios de comunicación de su familia, y capacitando a otros que se autollaman “independientes”, lo mismo que a periodistas que adversan al sandinismo.
Cristiana y su Fundación manejaron al inicio 1.6 millones de dólares, no obstante, poco después le subieron el presupuesto a US$ 2,500,000.
El objetivo de la USAID al distribuir más de 54 millones de dólares en nuestro país en 2016, era “Aumentar la capacidad de los ciudadanos para participar en la gobernabilidad democrática”. Normalmente la gobernanza democrática trata de un proceso en el que gobierno y sociedad civil interactúan para definir y acordar objetivos de la sociedad.
No obstante, para los Estados Unidos no es más que un subterfugio eufemístico que aplican en países donde intentan arrebatar el poder a gobiernos que considera hostiles a su política de dominio, para entregarlo a lacayos locales que consideran idóneos para usar la “gobernabilidad democrática”.
En Nicaragua, la autollamada “sociedad civil” se le fue encima al gobierno del presidente Daniel Ortega desde antes de las elecciones de 2006, así no había forma de ejecutar ninguna gobernabilidad con grupos cuyo interés ha sido tumbar al sandinismo al precio que sea, intervención militar gringa incluida.
Llama la atención la adjudicación de US$ 8,998,767 a la contratista norteamericana Dexis, a la que inicialmente habían entregado US$ 6,498,767 y en abril de 2016 le dieron US$ 2,500,000 más.
Dexis opera en todo el planeta y tiene objetivos muy sugerentes: “tiene la misión de ayudar a resolver los desafíos políticos, sociales y económicos globales más apremiantes de hoy y crear un mundo donde todas las personas sean seguras y prósperas. Para promover la estabilidad, la capacidad de recuperación y la prosperidad, nos dirigimos a cinco sectores: asistencia al sector de la seguridad, mitigación y estabilización de conflictos, gobernanza, agricultura y crecimiento económico, y salud mundial”.
Y más aún: “Somos líderes en la recopilación y el análisis de datos para aumentar la responsabilidad del programa, mejorar la efectividad y la eficiencia de los recursos de asistencia externa de los EE. UU. Y avanzar en el aprendizaje y los resultados del programa”.
Buen marketing, sin duda. En Nicaragua, Dexis, con los casi 9 millones de dólares asignados por la USAID, ejecutó un Programa de Fortalecimientos institucional entre 2013-2018, cuyo propósito fue robustecer la capacidad movilizativa de la oposición, y como apoyo a sus campañas mediáticas.
Este es el documento en poder de Nicaleaks:
