El superior de la Iglesia católica en el país centroamericano, José Rafael Quirós, se ha visto forzado a cancelar su participación en la cumbre sobre pedofilia convocada por el Papa
Cuando todavía era menor de edad, el joven Anthony Venegas fue a la Curia Metropolitana de Costa Rica para contar que el sacerdote de su parroquia, un cura mediático y venerado, abusaba sexualmente de él y de otros adolescentes. Era 2003 y la delación la escuchó el vicario José Rafael Quirós, que una década más tarde fue nombrado arzobispo de San José —la capital tica— y ahora enfrenta denuncias ante el Vaticano por encubrir los casos, en su mayoría prescritos. «Ese asunto se me pasó», se justificó el año pasado ante dos denunciantes. Esta semana, Quirós se vio forzado a cancelar su participación en la cumbre sobre pedofilia convocada para el próximo día 21 por el papa Francisco en Roma.
Nueve hombres han interpuesto denuncias canónicas por abusos sexuales del sacerdote Mauricio Víquez cuando, aún siendo adolescentes y cuando ejercían de monaguillos. Víquez fue separado de la parroquia de Patarrá de Desamparados (al sur de San José) en 2003, pero en los 15 años siguientes siguió celebrando misas y oficiando como portavoz de la Iglesia para asuntos de familia. Solo fue suspendido temporalmente de su rango sacerdotal en julio de 2018, un mes antes de que un joven presentara la única acusación penal vigente por “violación calificada” y seis meses antes de que el religioso saliera del país, el 7 de enero. La Iglesia dice no saber dónde está y el semanario Universidad avanzó que el religioso hacia Panamá dos semanas antes de la visita del papa Francisco a ese país, a la que también asistió el arzobispo costarricense.
Los relatos de los denunciantes son crudos: hablan de masturbaciones colectivas, tocamientos repetidos y penetraciones en las dos parroquias que Víquez tuvo a su cargo. Todo, en un ambiente de ciega confianza de las familias, que agradecían al sacerdote por la cercanía con los adolescentes, según han repudiado Anthony Venegas, Michael Rodríguez y Carlos Muñoz en numerosas entrevistas publicadas en la prensa local.
La madre de un monaguillo sospechó algo malo en 2003. Lo confirmó al hablar con Venegas, que en aquel entonces tenía solo 17 años, y juntos acudieron de inmediato a la Curia para denunciar a Víquez ante el vicario Quirós. Tras ese reporte, Víquez fue retirado de la parroquia de Patarrá. Pero, según asegura el denunciante, el cura siguió manteniendo contacto con los jóvenes. «Da rabia que él pudo seguir en sus cosas, salir hablando en televisión como si nada y que en todo ese tiempo dejaron prescribir los casos», dice hoy, a sus 32 años.
Otro monaguillo, Michael Rodríguez, cuenta que cuando decidió presentar la denuncia canónica contra Víquez, en mayo del año pasado, también fue atendido por Quirós —que ya era arzobispo— y este nunca le dijo que ya tenía información desde 2003. En una reunión posterior, cuando lo acusaron de haber sido permisivo con el sacerdote, respondió que entonces no tenía experiencia para llevar estos casos. Pero por aquel entonces, el nombre de Mauricio Víquez ya estaba en los periódicos: en 2016 el diario La Nación publicó un reportaje sobre sus supuestos encuentros homosexuales, a pesar de que ejercía a la vez como portavoz del discurso de la Iglesia contra el matrimonio igualitario.
Mauricio Víquez
«Este ha sido un proceso muy duro de nosotros: aceptar que esas cosas ocurrieron, identificarlas como abusos, comprender las enormes consecuencias que tuvo en nuestras vidas, afrontarlas, atrevernos a denunciarlo y ahora a publicarlo para que todos sepan cómo actúa la Iglesia con estos casos…», dice Michael Rodríguez. Por eso, agrega, decidió acusar a Quirós ante el Vaticano y entregar su denuncia al nuncio Antonio Arcari, que le pidió a su vez que no señalase al arzobispo, según se conoció este lunes, un día antes de que se supiese que no asistiría a la cumbre sobre pedofilia de Roma. En su lugar representará al país el obispo de una arquidiócesis periférica, según ha informado la Conferencia Episcopal.
La Iglesia niega cualquier responsabilidad de Quirós. «El actuar del actual arzobispo de San José en todo momento ha sido el debido en este tema, tanto en 2003, transmitiendo la información al entonces arzobispo [Hugo Barrantes], como en 2018, cuando inició el proceso canónico. Por lo que se concluye que la acusación de supuesto encubrimiento contra monseñor Quirós no tiene fundamento», según un comunicado de la institución citado por medios costarricenses.
La denuncia penal contra Víquez está en fase de investigación preliminar, pero hay un problema: el religioso salió del país y el caso podría prescribir en septiembre, cuando la supuesta víctima cumple 28 años. La ley local señala que los abusos sexuales a menores prescriben 10 años después de que la víctima alcance la mayoría de edad (18). Para evitar este extremo, un diputado del partido del presidente Carlos Alvarado ha propuesto ampliar ese plazo a un cuarto de siglo.