* Marcos Carmona y Vilma Núñez vienen recibiendo dinero desde mucho tiempo y su principal misión ha sido desestabilizar al gobierno sandinista. Se involucraron junto a otras ONG en el golpe de Estado y en el trienio 2016-2018, recibieron miles de dólares para esa misión de parte de la USAID y entes europeos.
Los que conocen a Marcos Carmona, actual propietario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), saben del entreguismo de este señor, a quien vimos junto a otros connotados traidores rogando a la Ileana Ros-Lehtinen y otros congresistas gringos castigaran a Nicaragua con sanciones económicas a través de la Nica Act.
Este tipo se involucró directamente en el intento de golpe de Estado del año pasado e incluso se atrevió, en plena crisis, a exigir junto a un cura, la rendición del jefe de la Policía de Mateare y sus subordinados.
También hemos conocido de las golpizas que les dio a varias mujeres y del apoyo que dio a Roberto Bendaña McEwan, prófugo de la justicia tras estafar con más de medio millón de dólares a las monjas del Teresiano y a varios jubilados, para que el FBI lo sacara en 2016 de la “lista de los más buscados”.
Un periodista de la televisión nicaragüense le preguntó no hace mucho al presidente de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, Marcos Carmona, cuánto ganaba al frente de la CPDH.
Carmona titubeó un poco, reconoció que recibía salario fijo por estar al frente de la CPDH, pero agregó que no era mucho y se negó a explicar de dónde procedía esa plata.
No obstante, Nicaleaks posee documentos que certifican que el dueño de la ONG de derechos humanos recibe dinero del Instituto Republicano Internacional (IRI) y de otras agencias injerencistas norteamericanas, entre ellas la nefasta USAID, cuya principal razón de ser es crear desestabilización política en países que no son del agrado de Washington.
La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos-USAID, a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo-PAFD, financia a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), para desarrollar el Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia para el periodo 2016-2018. No se tiene detallado el monto exacto, pero en su primer desembolso la cantidad fue de US$ 7,202.00 dólares.
Estos fondos serían utilizados para fortalecer técnicamente a la ONG golpistas y las capacidades de los colaboradores de CPDH en instancias internacionales; para promocionar ferias de organismos de la sociedad civil sobre temas coyunturales como coacción contra el Estado de Nicaragua; impulsar manifestaciones y demandas de organismos de sociedad civil ante temas coyunturales, sobre todo aquellos vinculados con supuestas violaciones a los derechos humanos y desarrollar movilizaciones y denuncias de organismos de la sociedad civil ante organismos internacionales contra el Estado de Nicaragua sobre temas coyunturales.
El 19 de julio de 2018, la USAID aprobó 1.5 millones de dólares adicionales a programas dirigidos a trabajar en temas de Derechos Humanos y Democratización, en el contexto de las campañas de desestabilización que mantienen dirigentes de organismos de sociedad civil y movimientos sociales.
Hasta el año pasado se desconocías cuáles serían los organismos nacionales que serían receptores de esos fondos, pero se conoce que en los últimos cinco años el financiamiento USAID ha sido canalizado a través de subcontratistas norteamericanos que tienen representación en Nicaragua, como IREX, Global Communities y través de intermediarios norteamericanos e intermediarios locales, Ética y Transparencia y Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
También han sido receptores de fondos de manera directa CINCO, HADEMOS, CPDH, IEEPP, entre otros, que tenían como objetivo continuar la campaña de protestas desestabilizadoras para lograr su propósito de un cambio de gobierno.
Financiamiento europeo
La señora Vilma Núñez, propietaria del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), ha sido una de las más grandes beneficiarias de fondos para la desestabilización en nuestro país. Y para el periodo 2016-2018, el organismo sueco Diakonia le entregó US$ 400,263.75 para el proyecto: Fortaleciendo Capacidades de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua para la Defensa de sus Derechos.
El CENIDH trianguló fondos al proyecto sobre modalidad de “Consorcio de Derechos Humanos”, a las organizaciones Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Centro Ambientalista Alexander von Humboldt y la Coordinadora de Pueblos Indígenas Chorotegas.
Dichos fondos fueron empleados para movilizaciones y plantones de la comunidades indígenas de la Costa Caribe por la situación de la Reserva Indio-Maíz y las acciones gubernamentales; asesoramiento a gestiones municipales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la zona norte del país; presentaciones y pronunciamientos contra el Estado de Nicaragua por el presunto impacto socio ambiental del Canal Interoceánico, la Palma Africana; actividad extractiva-minería y la Reserva Indio-Maíz.
El organismo sueco DIAKONIA también trianguló a CISAS, de la golpista tica Ana Quirós, un monto de US$ 19,569.49 en concepto del primer desembolso de 2018 para continuar ejecutando el proyecto “Trabajando por los derechos humanos de adolescentes y jóvenes en Nicaragua» y un monto para 2018 de US$ 39,138.98. En total para el periodo 2016-2018, la cantidad por cada año en coronas suecas fue de 325,000.00 SEK, equivalentes a US$34,826.40.
Aunque el Proyecto estaba dirigido presuntamente a fortalecer el empoderamiento juvenil y otras actividades, los fondos en realidad fueron destinados para la realización de talleres, foros sobre derechos humanos, sexuales y reproductivos; uso de las redes sociales como una herramienta contra el gobierno en la supuesta demanda de sus derechos. También para movilizaciones antigubernamentales y las instituciones estatales; plantones por el incendio en la Reserva Indio-Maíz y marchas contra las Reformas al INSS.
En tanto, la Embajada del Reino de los Países Bajos, conocido comúnmente como Holanda, a través de ICCO Cooperación, trianguló a CISAS un monto de US$ 92,832 dólares en concepto de primer desembolso, para el proyecto “Iguales derechos para las personas LGBTIQ en Nicaragua”, que tiene como monto total de US$ 185.664,00, a ejecutarse en el periodo diciembre 2017-diciembre 2019.
La propietaria de CISAS, Ana Quirós, es miembro de la comunidad de lesbianas de Nicaragua y utilizó esa condición para captar fondos destinados a la “diversidad sexual” que en realidad fueron desviados para desestabilizar al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Holanda buscaba aglomerar y movilizar a la autodenominada “sociedad civil” y de estos fondos utilizaron dinero para la marcha del 28 de junio de 2018 sobre la visibilidad LGBTIQ, con la idea de potencializar las acciones contra el gobierno en conjunto con otros movimientos opositores, y la creación de estudios sobre oportunidades actuales de la diversidad en el mercado laboral formal.