* Denuncian que sicarios de otros países, entre ellos nicaragüenses, fueron entrenados en Colombia para ejecutar actos terroristas en territorio venezolano.
El pasado jueves 21 de marzo, el jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), por haber cometido «delitos que implican la violación del orden constitucional y la promoción del terrorismo y la violencia, incluyendo el intento de magnicidio al Jefe del Estado», de acuerdo a un comunicado del Ministerio Público de Venezuela.
Su detención, además, fue realizada siguiendo una orden de aprehensión del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia de Caracas y contó con la presencia de fiscales del Ministerio Público, también según este comunicado.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó en conferencia de prensa que durante el allanamiento en la casa de Marrero se decomisaron dos fusiles de asalto y divisas en efectivo. Según Reverol, el jefe de despacho de Guaidó, lideraba un «grupo mayor, plenamente identificado, que planeaba asesinatos selectivos de figuras de alto perfil del Estado venezolano, y atentados con los servicios públicos del país».
Este sábado, el titular de la cartera de Comunicación, Jorge Rodríguez, amplió esta revelación al denunciar la formación de grupos de ocho a diez equipos de sicarios, traídos de Nicaragua, Honduras y El Salvador; país epicentro de la operación de reclutamiento. De acuerdo a Rodríguez, estos grupos fueron entrenados en Colombia para llevar a cabo actos terroristas en Venezuela.
Al menos la mitad de estos grupos entraron al país, mientras que los otros no lo hicieron por el cierre de la frontera, afirmó Rodríguez. Sus objetivos eran el asesinato de líderes sociales y políticos de la Revolución Bolivariana, como nuevos sabotajes al Sistema Eléctrico, el Metro de Caracas, el Teleférico de Caracas, bajo la modalidad de falsos positivos al realizarlos como si fueran desertores de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Rodríguez, además, expresó que la intención era hacer pasar estos mercenarios como «militares desertores» para proyectar la existencia de un conflicto
entre venezolanos.
¿Cómo se pagó a estos grupos?
El ministro, por otro lado, reveló que entre el material incautado a Marrero se encuentran teléfonos celulares que permitieron acceder a las conversaciones del jefe de despacho. De éstas se desprende una serie de hallazgos de importancia respecto a la organización de estos grupos, integrados por entre seis y ocho personas cada uno, y los objetivos para los que serían utilizados.
Según, Marrero comunica a Guaidó, la reclutadora del grupo, llamada Roxana de Cúcuta, recibió entre 500 y 700 mil dólares por día para pagar a estos sicarios y tratar que militares desertores se sumaran a ellos. El dinero fue depositado a través de ONG de maletín en cuentas de Banesco y Bank of America, cuyos números son claramente identificados en estas conversaciones. De acuerdo a Rodríguez, esas ONG de maletín fueron creadas entre enero y febrero por parte del gobierno de Iván Duque luego de que Juan Guaidó se lo pidiera.
En las conversaciones entre Guaidó y Marrero, además, se infiere que el dinero depositado proviene de lo incautado a empresas del Estado venezolano, como una integrada entre el gobierno de República Dominicana y PDV Caribe, propiedad de la estatal PDVSA. El dinero que esperaban robar para financiar esta operación se estima que asciende a un total de 1 mil millones de dólares. Guaidó, para estas operaciones de inteligencia financiera, nombró a Juan Carlos Planchard, quien ahora es buscado por la justicia venezolana.
En este contexto, el ministro anunció que los articuladores de este plan se encuentran identificados e informó la captura en el estado Carabobo de Wilfrido Torres Gómez, alias Neco, jefe del grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos. Según Rodríguez, Torres Gómez es uno de los cabecillas de estos grupos de sicarios, mientras que precisó que están en la búsqueda del principal operador de calle de estas células terroristas, apodado «El agricultor».
El Estado Mayor y la Operación Libertad
En el teléfono de Marrero se encontraron además conversaciones en un grupo denominado «el Estado Mayor», integrado por miembros del partido Voluntad Popular. Entre ellos, se identifica a Leopoldo López, a cargo de su liderazgo; Freddy Guevara, a cargo de asesorar en la línea discursiva de Guaidó; Marrero, los diputados Freddy Superlano y Sergio Vergara, y el propio Juan Guaidó.
De los diálogos hallados en este dispositivo, resalta una declaración de Freddy Guevara sobre la Operación Libertad convocada recientemente por Guaidó para los próximos meses. Según Guevara, el antichavismo tiene como objetivo «pasar de una estrategia de asedio a una de asalto» articulada con asesinatos selectivos y atentados contra los servicios públicos.
En una lámina, Jorge Rodríguez mostró como la Operación Libertad contempla:
– Asesinatos selectivos
– Nuevos sabotajes al Metro de Caracas, el Teleférico y el servicio eléctrico
– Operaciones de falsos positivos o banderas falsas con supuestos militares desertores
– Una huelga general, un asalto a Miraflores y acciones terroristas como el asesinato del presidente Maduro
Esta revelación en poco se diferencia de las declaraciones de Guaidó de este viernes 22 de marzo en El Tigre, estado Anzoátegui, donde afirmó: «Los venezolanos no mendigamos nuestros derechos. Por eso pronto vamos juntos a Miraflores a rescatar la oficina de todos los venezolanos». Bajo esta lógica, el autoproclamado señaló a sus seguidores que «hay que organizarse porque el dictador no va a salir amablemente».
En los últimos días, en reiteradas oportunidades ha hablado a favor de pedir una intervención militar y culpó al Gobierno Bolivariano de subir los «costos» en cambio. Bastante conocido es también su declaración acerca de que la muerte de los venezolanos, en pos de un cambio de gobierno, son «una inversión a futuro».
Por otro lado, esta no es la primera vez que la oposición contrata sicarios colombianos y centroamericanos. Episodios similares se recuerdan luego de las elecciones presidenciales de 2013 cuando fueron detenidos mercenarios salvadoreños, y antes de la marcha del 1° de septiembre de 2016, conocida como la «mamá de las marchas», cuando fueron desarticulados grupos a cargo de acciones de violencia para presionar por un referéndum revocatorio.
También las denuncias del Gobierno Bolivariano acerca del fallido magnicidio y dos intentos de golpe de Estado en 2018 fueron corroborados por los medios Bloomberg y New York Times. Una de las últimas fue comunicada por el presidente Maduro en diciembre de 2018 cuando afirmó que Estados Unidos entrenaba grupo de mercenarios en Colombia y fuerzas de Operaciones Especiales en una base de Florida para iniciar un conflicto irregular en Venezuela.
Los hechos confirman que el antichavismo torpemente continúa empecinado en cumplir con este mandato de Washington sin todavía tener ningún tipo de éxito.