Las suspicacias desde Colombia a la presencia de personal militar ruso en Venezuela, van en clara sincronía con las vocerías de Washington, que han fustigado la cooperación técnica-militar que la nación petrolera tiene con la Federación de Rusia.
En efecto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó recientemente tres proyectos de ley con los que exige al Departamento de Estado, estudiar medidas ante lo que han denominado la «amenaza ruso-venezolana».
Mediante esta batería de legislaciones queda refrendado que el asunto venezolano tiene ahora el condimento ruso. Pero no por ello dejan de verse paradojas en estas legislaciones. Entre ellas, fue promulgada una Ley de Restricción de Armamento a Venezuela que ratifica un embargo de armas estadounidenses contra Venezuela, situación que originó desde inicios del primer gobierno de Hugo Chávez, la cooperación de Venezuela con el segundo fabricante de armas del Mundo, Rusia.
Hostilidades desde Colombia
Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, recientemente respondió una comunicación de la Embajada de la Federación en ese país y se ha abierto el abanico de un ciclo inusual de tensiones entre esas naciones.
Ante una solicitud de Rusia de que Colombia se mantenga alejada de las posibilidades de un conflicto en Venezuela, por ser ello un acto lesivo al derecho internacional, el canciller respondió que «Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela, y constituye una amenaza a la Paz, la seguridad y la estabilidad en la región».
Esta nueva declaración artera y destemplada de Colombia, sugiere el desarrollo de una retórica abiertamente hostil, como acto por vía de un tercero, pero por encomienda estadounidense contra Rusia, pues la semana pasada, Holmes Trujillo había calificado como «una incursión militar» la llegada de soldados rusos a Venezuela a bordo de dos aeronaves que aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía.
Las declaraciones del Canciller neogranadino son de total incongruencia y desproporcionalidad enorme, si entendemos que la presencia estadounidense en ocho bases militares en Colombia, si puede calificarse como una incursión militar con proyección a Venezuela.
La cooperación militar Rusia-venezuela
En otro orden de ideas y según informó la agenda rusa TASS, en Venezuela fue abierto «un centro de entrenamiento de pilotos de helicópteros, creado con la ayuda de especialistas rusos”.
El Centro de Instrucción y Entrenamiento Simulado Conjunto «General de Brigada Oscar José Martínez Mora, está ubicado en el Campo Aéreo del Ejército Nacional «Coronel Joaquín Veroes», en San Felipe, estado Yaracuy.
El servicio de prensa de Rosoboronexport, informó que «se construyó un moderno centro de entrenamiento de helicópteros bajo el contrato de Rosoboronexport con el fabricante estatal de defensa de Venezuela (CAVIM). Su ceremonia de apertura tuvo lugar el 29 de marzo».
Rosoboronexport es la principal empresa estatal de comercialización y exportación de productos de defensa ruso, la cual mantiene desde años distintos convenios de cooperación y venta de suministros militares con Venezuela.
Este centro, según la estatal de defensa, «brindará a los pilotos venezolanos la oportunidad de entrenar el uso de los helicópteros Mi17V-5, Mi-35M y Mi-26T», con los cuales, según una fuente de la aviación venezolana citada por TASS, permitirá aumentar «el papel activo en la lucha contra el narcotráfico en los estados de Barinas, Apure y Amazonas», dado que, «por regla general, se usan para detectar y destruir convoyes de narcotráfico que viajan por tierra y ríos».
Esta información detallada, por un lado, clarifica las dudas infundadas por el gobierno de Estados Unidos y medios occidentales sobre la presencia del personal militar ruso que llegó a Venezuela recientemente. Como aseveró el gobierno ruso y Venezuela, la llegada de este personal tenía como objetivo reforzar la cooperación técnica a escala militar entre ambos países, como efectivamente lo demuestra la instalación de este centro de entrenamiento para pilotos venezolanos.
Suspicacias y riesgos
Estos convenios en materia militar aumentan sin dudas las capacidades de la FANB de manera integral. Es decir, se proyectan al desarrollo de un cohesionado planteamiento defensivo y ofensivo estratégico, frente a las abiertas y deliberadas amenazas militares específicas que han sido efectuadas por la administración Trump.
Este elemento, concierne a Colombia por su posición logísticamente práctica y operativamente servil al gobierno estadounidense, en la eventualidad de un conflicto con Venezuela. Lo que infiere que ante la posibilidad de una intervención de Venezuela desde Colombia, en efecto sí es una amenaza para los efectivos colombianos, es que Venezuela incremente sus capacidades tácticas y estratégicas.
Pero más allá de la posibilidad de un conflicto bélico, Venezuela sigue incrementando su apresto operacional para labores rutinarias que ciertamente conciernen a Colombia.
Los helicópteros y aviones que Venezuela ha adquirido desde Rusia han servido para neutralizar las actividades del narcotráfico colombiano por ser ese un asunto de seguridad nacional, debido al componente paramilitar que lleva consigo y al financiamiento que tiene el narcotráfico colombiano en la desestabilización de Venezuela, sucesivamente denunciado por el gobierno de Venezuela.
El concepto de seguridad estratégica integral de la FANB, implica el resguardo de los suelos y el espacio aéreo venezolano de actividades ilegítimas y criminales de elementos del crimen organizado trasnacional.
La Ley de Control del Espacio Aéreo que fue sancionada en mayo del 2012 por el Presidente Hugo Chávez ha autorizado el uso de la fuerza contra toda aeronave que de acuerdo a los protocolos de la ley, sea considerada hostil o se presuma que realice actividades ilegales en el espacio aéreo nacional.
En 2015 fue anunciada la inmovilización de más de 100 aeronaves y la cifra no ha dejado de crecer, pudiendo alcanzar las 200 unidades inmovilizadas, inutilizadas y detenidas hasta el 2019.
Los protocolos anunciados por las autoridades venezolanas han indicado que las aeronaves han sido detectadas mediante los nuevos sistemas de radares suministrados por Rusia y China en su cooperación con Venezuela. Luego estas aeronaves son abordadas en el aire por la aviación venezolana y son conminados a aterrizar.
En la mayoría de los casos, estas aeronaves aterrizan y se ordena a sus ocupantes abandonar la unidad para que esta sea inmovilizada e inutilizada desde el aire mediante acción armada. En muchas oportunidades estas operaciones cuentan con el apoyo desde el aire de helicópteros rusos en manos de la aviación venezolana.
Las pérdidas al narcotráfico por estas actividades de resguardo del espacio aéreo venezolano, podrían alcanzar unas 300 toneladas de drogas que no llegaron a destino por la intervención de las fuerzas venezolanas.
Para Venezuela el aumento de sus capacidades operativas es indispensable. En 2015 un avión caza Sukhoi-30 de la Fuerza Aérea Venezolana se precipitó a tierra, según informó el Ministerio de la Defensa mediante un comunicado publicado en su portal web. La aeronave se habría precipitado mientras realizaba una acción de intercepción de una aeronave ilícita que habría ingresado al espacio aéreo venezolano desde la región noroccidental del país con rumbo al sur hacia el límite fronterizo con la República de Colombia.
Las preocupaciones desde Colombia al aumento de las capacidades operativas de las fuerzas venezolanas son perfectamente claras si entendemos que el gobierno colombiano es una franquicia institucional del narcotráfico. Actividad que no deja de crecer en ese país y así mismo lo señaló el mismo Donald Trump hace días.
Trump acusó el pasado viernes a su homólogo colombiano, Iván Duque de no haber «hecho nada» para detener el flujo de drogas desde Colombia. «Hay más drogas saliendo de Colombia ahora mismo», que antes de que Duque fuera presidente, señaló Trump.
En efecto, en junio de 2018, Colombia llegó a niveles récord en cultivos de planta de coca y el potencial de producción de cocaína, según un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (Ondcp, por sus siglas inglés).
Según este informe, el país pasó de 188.000 hectáreas cultivadas de coca en 2016 a 209.000 en 2017. Y sobre el potencial de producción de cocaína, Colombia pasó de 772 toneladas métricas en 2016 a 921 en 2017, según el reporte de la Ondcp de 2018.