La Corte ratifica la pena de 45 días de arresto para la teniente Carmen Quinteros, madre de un niño de tres años
La teniente de fragata Carmen Quinteros Giménez solo quiso que le dieran permiso para amamantar a su hijo. Hace dos años y medio, tras terminar seis meses de permiso por maternidad, pidió que la excluyeran de las guardias de 24 horas cada tres días que hacían sus compañeros. Pero sus comandantes se lo negaron y la Justicia militar también. Fue la primera uniformada en reclamar su derecho y su caso obligó a crear salas de lactancia en los cuarteles. Pero la semana pasada, la Corte Suprema confirmó que Quinteros deberá cumplir con 45 días de prisión por una falta disciplinaria. Podrá cumplir la pena en su domicilio.
Quinteros, de 33 años, recurrió a la justicia civil, apelando al derecho del niño a recibir la nutrición correspondiente. Un juzgado de la niñez le dio la razón y exhortó a su comandante a darle los permisos. Pero el militar, según su abogado, la sacó de su puesto administrativo original y la envió a una unidad operativa con permanencias en el cuartel de hasta 32 horas. Quizá sin proponérselo, Quinteros comenzó un pulso entre el derecho civil y el castrense en el país que sufrió la dictadura militar más larga de Latinoamérica (1954-1989), un pulso que aún no ha terminado.
Cuando el caso se hizo público en 2017, hubo movilizaciones y el debate llegó al Congreso. Los superiores de Quinteros intentaron entonces enviarla dos años a la cárcel por calumnias. El defensor del Pueblo presentó un habeas corpus para evitarlo. El lunes pasado, tras el fallo de la Corte que avaló la pena impuesta contra Quinteros por un tribunal militar, los abogados de la teniente pidieron la intermediación del presidente Mario Abdo Benítez. El mandatario, sin embargo, advirtió el martes que es poco lo que puede hacer. “Yo no puedo ir contra la ley. Hicimos las averiguaciones para saber cómo está el caso, pero los asesores jurídicos de la Presidencia me dicen que no está en nuestra atribución” interceder, dijo.
Quinteros está acostumbrada a asumir desafíos. Fue la mejor graduada de su promoción y desde entonces cumplió y honró sus deberes castrenses. Nunca tuvo una falta. Hasta que con el nacimiento de su hijo chocó con un desafío inesperado que la obligó a confrontar con todo el estamento militar.
La teniente solicitó al entonces almirante Hugo Milciades Scolari Pagliaro, ahora retirado, trabajar de siete de la mañana a seis de la tarde para estar por la noche en su casa y cumplir con la lactancia. Según la fiscal de la Niñez de Asunción, Monaliza Muñoz, que recibió la denuncia de Quinteros, le daban la razón la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución paraguaya y la ley de lactancia materna de 2015. Pero el estatuto del personal militar de 1997, que prevé los permisos de maternidad, aunque no los reglamenta, deja la decisión en manos del comandante. Una ley en la que la palabra mujer no aparece ni una vez.
“Los comandantes tenían la facultad de conceder esos permisos. Ninguno accedió. Pero el niño no deja de ser niño porque su mamá sea militar”, dice Muñoz. “Es un derecho del niño, no solo de la madre, porque puede afectar a su salud. Ella no ha violado ningún reglamento, ha cumplido con todos los servicios, solo se trataba de adecuar su jornada laboral”, añadió la fiscal. El abogado defensor en el proceso militar, Carlos Luis Mendoza Peña, dice que Quinteros “fue la primera mujer militar que reclamó su derecho marcando un antes y un después en el Ejército”. “Mientras que en la Fuerza Aérea ya había un autobús dispuesto para llevar a las madres a su casa, su comandante en la Armada solo creo las salas de lactancia por la presión del caso”, añadió.
La ministra de la Mujer, Nilda Romero, dijo que “la sanción [contra Quinteros] está fuera de tiempo y es un mal precedente”. También destacó que la teniente podrá recurrir a la Justicia internacional, ahora que ha agotado todas las instancias nacionales. El Frente Mujer del Partido Paraguay Pyahura declaró en un comunicado que la actitud de los militares “deja al desnudo el machismo institucional existente dentro de las Fuerzas Armadas”.