Jorge Capelán
No se puede esperar menos de los medios de los que, como dijo el comandante Daniel Ortega en el acto del 30 de abril, «nacieron marcados por el veneno, lo que los convierte realmente en miserables».
Desde hace mucho tiempo los medios del golpismo en Nicaragua lo vienen haciendo, pero últimamente ha cobrado impulso una campaña sórdida de criminalización con el vano objetivo de, lograr por vías jurídicas, lo que no han logrado por la vía política: Derrocar al legítimo Gobierno de Nicaragua.
El viernes 26 de abril en la sesión de la OEA en la que se abordó el tema de Nicaragua, habló como invitado por parte del Centro Carter un individuo que promueve una tesis central: Que el presidente Daniel Ortega ha hecho de Nicaragua un «Estado delincuencial».
La sesión de la de por sí ya muy desprestigiada OEA no desembocó en nada (no podía hacerlo, era pura propaganda), pero el fin de semejantes campañas criminalizadoras es el de sembrar percepciones a nivel internacional y esperar que algún día desemboquen en algún operativo de lawfare, es decir, un juicio politizado vestido de «lucha anticorrupción» como los que han llevado a cabo contra Lula en Brasil o contra Cristina Fernández en Argentina.
Un derechista en toda regla
El individuo en cuestión es nada más ni nada menos que Jaime Aparicio, el “abogado anticorrupción” favorito del diario La Prensa. Este boliviano educado en La Sorbona y condecorado con la orden de la Legión de Honor del Estado francés (la misma orden que le impusieron hace unos años a la golpista presidenta del CENIDH, Vilma Núñez).
Se puede jactar de haber tenido entre sus defendidos más notorios a la contrarrevolucionaria «bloguera» anticubana Yoani Sánchez, a las también anticubanas «Damas de Blanco» y a unos movimientos indígenas ad hoc apoyados por la CIA para atacar a Evo Morales con el pretexto de defender la región amazónica del TIPNIS pero en realidad usándolos como parte de una estrategia para derrocar al líder indígena. También representó al anciano Fabio Gadea en su querella contra el Frente Sandinista tras haber perdido las elecciones del 2011.
Aparicio sobre Nicaragua, a nombre del Centro Carter, repite los mismos ejes que durante años ha repetido la derecha (golpista) en el país: Que el presidente Ortega ha instaurado un régimen delincuencial gracias a su control de los poderes del Estado -una crítica que hace extensiva a todos los gobiernos de izquierda de Nuestra América.
Embajador de delincuentes
En pocas palabras, para Aparicio el único líder de izquierda más o menos aceptable es el que hace como Lenin Moreno en Ecuador y traiciona a sus electores y a su partido cumpliendo con todo lo que le exijan los Estados Unidos, todos los demás líderes de izquierda deben estar en el exilio, en la cárcel o, mejor aún, siete cuartas bajo tierra.
Esa es la posición política de este individuo y tiene todo su derecho derecho a ella, pero ¿qué autoridad moral tiene Aparicio para erigirse en juez de la moral política de otros? Veamos:
Durante los años 2002 y 2006, Aparicio fue embajador en los Estados Unidos durante la debacle final del neoliberalismo en su país. Aún antes de eso, entre 1993 y 1997 (durante la mayor parte de la primera presidencia de Gustavo Sánchez de Lozada) Aparicio fue viceministro (y hasta ministro interino) de Exteriores del presidente más antidemocrático y mafioso de la historia moderna de Bolivia.
De hecho, Aparicio fue alto funcionario durante los dos períodos en los que gobernó este individuo y pertenece a su mismo partido.
Goni, privatizador y genocida
Veamos la historia del protector de Aparicio, su correligionario del partido MNR Gonzalo Sánchez de Lozada, popularmente conocido como «Goni». Lozada Habla español con un fuerte acento yanqui. Se crió en los EEUU, donde su padre trabajó para Nelson Rockefeller, mientras que su abuelo fue ministro y administrador de la empresa del famoso magnate del estaño, Simón I. Patiño.
Sánchez de Lozada es considerado como el presidente más nefasto de Bolivia desde la caída de la dictadura de Hugo Banzer hace ya 4 décadas.
En su primera presidencia (1993-1996) «Goni» vendió a privados la mitad las acciones de las empresas de ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, electricidad y transporte aéreo del país, y la otra mitad se las «regaló» a los bolivianos a través de un Fondo de Capitalización Colectiva administrado por la banca privada.
En abril del 2018 Goni fue condenado en los EEUU por su responsabilidad en la denominada «Masacre de Octubre» en Bolivia, ocurrida en el año 2003 cuando mandó a reprimir con el ejército una ola de protestas en contra de sus medidas neoliberales, especialmente su decisión de exportar gas a Chile cuando en el país había un gran desabastecimiento de ese producto causando 67 muertos y 407 heridos.
Tras la masacre «Goni» huyó y se asiló en su segunda (¿?) patria, los Estados Unidos.
El Estado Boliviano en 2009 lo acusó de genocidio pero ya Sánchez de Lozada hacía años que estaba en los Estados Unidos, que de todos modos no pudieron evitar llevarlo a juicio. La justicia (¿?) estadounidense lo condenó a indemnizar con 10 millones de dólares (no mucho dinero para el que había sido uno de los más grandes capos de la minería en Bolivia) a las familias de sólo 8 indígenas aymaras de las decenas de asesinados en la masacre.
En realidad, bajo los dos gobiernos de Sánchez de Lozada y dentro del sistema neoliberal que instauró en Bolivia fueron cientos los muertos a causa de la represión del ejército contra los movimientos populares y la población en general.
Y no solo eso. Sánchez de Lozada introdujo cambios a la Constitución sin consultarle al pueblo y condujo la política de la manera más arbitraria. Nada de eso criticaron nunca la OEA, ni el Centro Carter, ni los diarios de la derecha como La Prensa.