Jorge Capelán
Independientemente de lo que digan los medios golpistas, el entusiasmo desestabilizador contra Nicaragua entre las grandes potencias occidentales va entrando en paulatino pero inexorable declive ante los dictados de algo que llaman realidad a secas, sin aditivos tales como «fake», «aumentada», «virtual» o «mediática».
En las últimas horas han circulado dos escuetos pronunciamientos, uno del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el otro de la Unión Europea, sobre la implementación de la Ley de Amnistía aprobada el pasado sábado por la Asamblea Nacional.
Como era de esperar (y como lo resaltan los medios golpistas en el país), los Estados Unidos no están conformes con la amnistía. «Los Estados Unidos rechazan de manera categórica una ‘amnistía general’ que de manera condicional absuelva a aquellos involucrados en abusos y violaciones a los Derechos Humanos mientras que le prohíbe al pueblo nicaragüense ejercer sus derechos humanos básicos», dice el Departamento de Estado.
Sin embargo, la declaración estadounidense, que por cierto no hemos podido encontrar oficialmente traducida al español, no dice «régimen», ni «dictadura» ni ninguna otra «vascosidad» fuera de la etiqueta diplomática. Por el contrario, reconoce que la amnistía y las liberaciones son «acciones recientes del Gobierno y poder legislativo» de Nicaragua, es decir, de poderes soberanos de un Estado también soberano.
Otro pronunciamiento (también, ¡qué raro! sin traducción oficial), es el de Maja Kocijanic, vocera de la Unión Europea. En su corta nota llama a la liberación de los detenidos «un importante paso en la dirección correcta y en cumplimientos con los compromisos adquiridos por el Gobierno en los acuerdos del 29 de marzo».
Aún más, la Unión Europea hace referencia a la cláusula de no-repetición en la Ley de Amnistía, afirmando que su implementación «no debería llevar a nuevas restricciones de los derechos políticos» de los golpistas liberados. En ningún momento la Unión Europea sostiene, como lo hacen los golpistas de entrecasa, que la cláusula como tal sea ilegítima, al contrario, ya que se trata de un mecanismo reconocido en el derecho internacional.
En suma, a los EE.UU. no les gusta la amnistía pero reconocen que ha sido adoptada por un Gobierno y un poder legislativo legítimos, mientras que la UE considera que los pasos dados por Nicaragua son un avance. Ambos seguirán «monitoreando la situación», pero mucho más no pueden hacer y ciertamente, la postura de la UE no alcanza para las tan temidas sanciones de Bruselas con las que amenazan los golpistas.
Por más que los golpistas lo sueñen, estamos muy lejos de aquel 1 de diciembre de 1909 cuando el Secretario de Estado de Estados Unidos, Philander Chase Knox, le mandó a entregar a su empleado en Managua, Felipe Rodríguez Mayorga, una nota para el presidente José Santos Zelaya, en la que le notificaba a éste que debía dejar el Gobierno porque había perdido el favor del imperio.
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