Ambos buscan evitar que prescriba en septiembre la denuncia por violación. Sobre el cura, huido en enero, pesa una orden de captura internacional
Dos víctimas de abusos sexuales del sacerdote Mauricio Víquez Lizano, un religioso de 54 años de relevancia mediática de Costa Rica, han viajado esta semana a México con una misión casi policial: encontrar al hombre que hace 20 años se aprovechó de una relación de poder para abusar de sus monaguillos. Víquez está en fuga mientras se acerca la fecha de prescripción del último caso judicial en su contra.
Anthony Venegas y Michael Rodríguez quieren evitar a toda costa que Víquez, expulsado por la Iglesia Católica en febrero, goce de impunidad total a pesar de al menos cuatro denuncias hechas públicas en meses recientes. Han prescrito tres de ellas, las de Venegas, Rodríguez y otro hombre llamado Carlos. Sigue activa otra demanda presentada ante la justicia por un joven que asegura haber sido violado por el sacerdote cuando este oficiaba en una comunidad llamada Patarrá de Desamparados, a 10 kilómetros de la capital costarricense, San José.
La ley costarricense establece que los casos de abuso infantil prescriben 10 años después de que la víctima cumple la mayoría de edad. El denunciante en este caso alcanzará los 28 años en septiembre. En octubre ya no habrá posibilidad de procesar judicialmente a Víquez, sobre quien pesa una orden de captura internacional después de que abandonara Costa Rica en enero al ser informado sobre la denuncia penal por altos funcionarios de la Iglesia católica local.
El arzobispo de San José, José Rafael Quirós, a quien los denunciantes también acusan de haber encubierto a Víquez durante 15 años, fue quien firmó en febrero la expulsión de este sacerdote aunque no explicó los cargos que se le atribuían. Lo hizo cuando los medios locales publicaron los relatos de las víctimas y cuando el cura ya había huido a Panamá, desde donde se trasladó a México, según los registros migratorios reportados por la prensa. En el país norteamericano sirvió de refugio a otro sacerdote costarricense acusado de pederastia, también apoyado por un obispo.
Los hombres estarán durante una semana con apoyo de la organización mexicana FIND, especializada en la defensa de menores abusados. Las víctimas pretenden cumplir una agenda de reuniones con organizaciones especializadas en el abuso de sacerdotes, entrevistas en medios de comunicación y actividades de calle. “Vamos a recorrer todo lo que podamos hasta donde Dios nos dé fuerzas. Llevamos afiches con su fotografía, volantes y un mensaje claro de pedir al pueblo mexicano que acudan a la policía y reporten a este Mauricio Víquez si saben algo de él”, dijo Venegas.
El rastro de Víquez en México ha dejado algunas pistas. Algunas víctimas afirman haber visto al exsacerdote en Guadalajara, en el Estado mexicano de Jalisco. La tarea en esa capital será entregar folletos en las calles con la foto del cura, dar un contacto para enviar información y visitar instituciones conocidas por albergar a curas acusados de pederastia. La búsqueda se extenderá a viviendas pertenecientes a otros sacerdotes en regiones más aisladas de Jalisco y al vecino Estado de Colima, con la intención de evitar que se esconda en algún pueblo, informa Georgina Zerega.
Venegas tiene ahora 33 años y cuenta que se preparó varios años para poder hablar de sus abusos. Tenía 14 años cuando el sacerdote de su pueblo, Patarrá, se ganó su confianza hasta que lo llevó a la casa cural y lo excitó con pornografía para penetrarlo. Anthony asegura haber relatado su experiencia al arzobispo Quirós en 2003, cuando este ejercía como vicario. No hubo sanciones en ese momento.
Rodríguez tiene ahora 38 y tiene recuerdos de los años 90, cuando era monaguillo en el pueblo Tres Ríos, al este de San José. Víquez empezó invitándolo a comer hamburguesas, luego a paseos y después le dio regalos. También le abría la casa sacerdotal y supo ganarse la confianza de las familias, que no imaginaban las sesiones de masturbaciones colectivas que el religioso organizaba con varios chicos, recuerda. “Sus víctimas hay que contarlas por decenas”, ha dicho Rodríguez. La Curia Metropolitana informa de solo nueve.
Todas las denuncias estaban ya prescritas, pero un joven de Patarrá vio noticias sobre esos casos y se animó a denunciar el suyo, más reciente. Su abuela lo convenció de presentar la denuncia por violación ante la justicia a finales de 2018, sin saber el poco tiempo que faltaba para que prescribiera. En ese momento, Víquez aún formaba parte de la Iglesia y residía sin problemas en el país centroamericano, pero huyó días después de que sus superiores eclesiásticos le notificaran la denuncia. El servicio de Interpol emitió su alerta roja para captura internacional en abril.
La jerarquía de la Iglesia Católica insiste en que ya actuó lo suficiente en relación con Víquez y rechazan encubrimiento alguno por parte de Quirós, presidente del grupo de obispos de Costa Rica, un país religioso por su tradición y su Constitución Política, a pesar del descenso de feligreses y el aumento de seguidores de iglesias neopentecostales en décadas recientes. El caso, sin embargo, activó otras denuncias contra sacerdotes y provocó turbulencias que mantienen en alerta a los católicos en el país centroamericano.