Salvo en casos de catástrofes naturales, nunca en democracia se había adoptado esta medida en Chile. Daños en la ciudad son cuantiosos.
Por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, el Ejército de Chile salió a las calles en Santiago de Chile para reestablecer el orden público, después de que se viviera una de las jornadas de protestas más violentas de las últimas décadas, como consecuencia del alza de los pasajes del Metro. El gobierno de Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia, que en democracia solo se había invocado en casos de desastres naturales.
Los soldados comenzaron a desplegarse en horas de la madrugada (hora local) de este sábado en las zonas más conflictivas, como respaldo a la acción de Carabineros (policía militarizada), que se vio claramente superado por la magnitud de las manifestaciones. Éstas fueron convocadas originalmente por estudiantes secundarios, pero encontraron rápido eco en otros sectores de la sociedad, en un país donde también se anunciaron recientemente alzas importantes en los precios de la luz.
«Las fuerzas policiales siguen ejerciendo sus tareas de patrullaje y control de los servicios de vía pública y control de aquellos sectores que fueron afectados. Las fuerzas militares van a salir ya en este momento a patrullar la ciudad en aquellos sectores más conflictivos”, dijo el general de división Javier Iturriaga, nombrado jefe de Defensa Nacional por el presidente, que gobierna apoyado por una coalición de derecha.
Levantarse más temprano
La furia comenzó originalmente el lunes, con llamados a evadir el pago en el Metro. Poco a poco las expresiones de descontento fueron aumentando, viviéndose su jornada más violenta el viernes, con incendios de estaciones del ferrocarril metropolitano, quema de autobuses, barricadas, desórdenes en distintos puntos de la ciudad y enfrentamientos con la policía, que incluso llegó a disparar contra los manifestantes (algo poco usual), además de usar generosamente gases lacrimógenos. En horas de la noche pudo apreciarse que la magnitud de los daños era cuantiosa en algunos sectores.
La intendenta (gobernadora) de Santiago, Karla Rubilar, calificó lo sucedido como «un ataque nunca antes visto en la ciudad», y cifró en al menos 16 los autobuses incendiados y una decena las estaciones de Metro destruidas. Piñera, en tanto, justificó el estado de emergencia señalando que su objetivo «es simple, pero muy profundo: asegurar el orden público y la tranquilidad de los habitantes de Santiago». La medida rige en buena parte de la Región Metropolitana. La policía, en tanto, informó de 180 detenidos y 57 agentes heridos, aunque no entregó cifras de manifestantes lesionados.
Distintos actores políticos llamaron al gobierno a dar pie atrás en el alza de la tarifa, que en horario alto pasó de 800 pesos (1 euro) a 830 pesos (1,05 euros). Sin embargo, las manifestaciones tendrían una raíz más profunda, en un país donde, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el 50 por ciento de los trabajadores gana mensualmente menos de 400.000 pesos (unos 550 euros). El malestar por el sistema de pensiones, la excesiva cantidad de horas de trabajo, la crisis hospitalaria que vive el servicio sanitario y las desafortunadas declaraciones de algunos ministros, que llamaron a levantarse más temprano para ahorrar o a comprar flores porque habían bajado de precio, incendiaron aún más el ánimo ciudadano.
El servicio de Metro fue suspendido al menos hasta el lunes. También la fecha del fútbol profesional fue pospuesta.