El origen de las supuestas acciones que habría adelantado Caracas en contra de otros gobiernos de la región podría ubicarse en el Foro de Sao Paulo, que se llevó a cabo en la capital venezolana en julio pasado.
En medio de las multitudinarias manifestaciones en Chile en contra de las políticas neoliberales del Gobierno de Sebastián Piñera, algunos dedos han apuntado a Venezuela como el causante de los hechos de violencia, a pesar de ser un país situado a unos 6.000 kilómetros de distancia de esos acontecimientos.
Tan solo una semana atrás, el mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, cuyo país también se encontraba sumido en una ola de marchas en rechazo a la aprobación de un ‘paquetazo’ de medidas para cumplir con el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de 4.000 millones de dólares, hablaba de supuestos «agentes venezolanos y cubanos» que habrían llegado al país andino «con fines desestabilizadores».
Colombia también había asomado el tema de una posible injerencia venezolana, tanto en una protesta universitaria que terminó con disturbios en Bogotá como por la supuesta acogida de grupos irregulares colombianos en territorio vecino.
Todos esos países pertenecen al Grupo de Lima, cónclave de gobiernos de derecha surgido en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), que considera al presidente Nicolás Maduro como «ilegítimo» y que bajo la premisa de que su Gobierno es «desestabilizador de la región» ha activado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para imponer mayores sanciones contra Venezuela.
«Brisa bolivariana»
Frente al panorama de manifestaciones en países de la región, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, manifestó: «hoy día, que anda convulsionado todo este sector de América, está soplando una brisa bolivariana».
Estas palabras han generado rechazo en el secretario de la OEA, Luis Almagro, quien las atribuye en un comunicado de ese organismo a «corrientes de desestabilización» que «tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana» para supuestamente «financiar, apoyar y promover conflicto político y social» en la región.
Mientras que Cabello sostiene que la «brisa bolivariana» es de «los pueblos libertarios» que se oponen «al imperialismo, al neoliberalismo y al capitalismo», Almagro considera que estas ideas solo han traído «desestabilización, violencia, narcotráfico, muerte y corrupción».
No obstante, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) respondió el pasado lunes a las críticas del secretario de la OEA, pidiéndole que le «rueguen a Dios» que sea solo una «brisa». «Porque al paso que vamos, está convirtiéndose en una ventolera para luego ser un huracán bolivariano'», añadió.
El «plan» del Foro de Sao Paulo
Si bien los cuestionamientos han apuntado al Gobierno venezolano, el Foro de Sao Paulo, celebrado en Caracas a finales de julio, ha servido de marco para que un grupo de autoridades regionales, políticos y académicos de derecha afirmen que allí se ‘cocinaron’ los supuestos planes que decantaron en las multitudinarias protestas.
En esa línea, el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró en Twitter que el objetivo del foro era «tomar el poder en todos los países de la región» con el dinero que le proporcionó Brasil anteriormente a «muchas dictaduras» para «ampliar su dominio».
Por su parte, el político venezolano Julio Borges, prófugo de la Justicia y ‘comisionado para Relaciones Exteriores’ del diputado opositor Juan Guaidó, ha vinculado en sucesivas oportunidades al foro con varios temas: la retoma de las armas por parte de un grupo de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); la corrupción; la desestabilización de la región; las protestas en Chile y, más recientemente, el supuesto amparo de Miraflores a «grupos terroristas».
El plan
Unas declaraciones del jefe de Estado venezolano, hechas el pasado domingo en la clausura del I Congreso Internacional de las Comunas, han servido para sustentar la hipótesis del ‘desequilibrio’ planificado en los debates del Foro de Sao Paulo para América Latina.
«El plan va como lo hicimos, va perfecto, ustedes me entienden, el plan va en pleno desarrollo, victorioso, todas las metas las estamos cumpliendo una por una, es la unión de los movimientos sociales, progresistas revolucionarios de toda América Latina y del mundo», dijo Maduro.
El mandatario dijo explícitamente que «la estrategia trazada en el encuentro» fue «la articulación de los partidos políticos progresistas, revolucionarios, de izquierda, con los movimientos sociales».
Tras el encuentro donde participaron movimientos sociales, sindicales, colectivos y partidos políticos, se realizaron conclusiones, publicadas en la página del foro, sobre la situación en los países de la región y otras partes del mundo. Estas han sido interpretadas por la derecha como «instrucciones» para llevar algún plan en contra de los gobiernos que adversan a Maduro.
El causante de las protestas en Chile
Entre el calor de la calle y las imágenes de la represión de los órganos de seguridad del Estado, fueron surgiendo en las redes una serie de tuits en los que se acusaba a Caracas de alentar los disturbios que ya han dejado una cifra de 15 muertos.
El canciller chileno, Teodoro Ribera Neumann, escribió un trino sobre «la intervención del dictador Maduro».
Al respecto, el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, ironizó sobre esta nueva ronda de culpabilización que días atrás había surgido en su propio país contra Caracas.
La exdiputada derechista, María Corina Machado, le respondió al ministro de Relaciones de Chile que «lo que pasa hoy» en América Latina «es solo el inicio de lo que ocurrirá en toda la región» si no se ‘detiene’ a los supuestos artífices del plan.
A pesar de la unanimidad en la oposición más radical venezolana sobre la supuesta responsabilidad del Gobierno de Maduro, el diputado de esa tendencia Stalin González pidió que «en Chile, Ecuador y otros países afectados se investiguen los causantes de la violencia».
Maduro ha respondido a los cuestionamiento en su contra, tras llamar apodar a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, de ‘Piñechet’, con referencia al fallecido dictador Augusto Pinochet. En su alegato, el mandatario venezolano destacó que las protestas son por los altos costos de la educación, la salud, la energía eléctrica, el gas, el transporte. «Es el trabajo, son los salarios, es la discriminación, es la desigualdad», insistió.
Por su parte, Cabello recalcó que los «únicos causantes» de lo que ocurre en Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Haití y Honduras son el Fondo Monetario Internacional y EE.UU. «Ni Maduro, ni Venezuela, ni Cuba», zanjó.
Acusaciones y «pruebas» fallidas
El denominador común de los jefes de Estado de la región, al acusar a Venezuela, ha sido la ausencia de presentación de pruebas contundentes.
A pesar de hablar de «planes desestabilizadores» y de acciones para impulsar las protestas en otros países, las aseveraciones han sido presentadas sin sustento o se han basado en informaciones imprecisas o imágenes sin veracidad.
Moreno aún sostiene que ha habido injerencia y «dinero extraño» en las protestas que se extendieron por 11 días en su país. «No nos debe asombrar la alegría de (Diosdado) Cabello, la alegría del asno que gobierna Venezuela, la de Correa: definitivamente era porque las manos se habían metido acá», dijo.
En el caso de Ecuador, el tema de los «infiltrados» llegó tan lejos que la ministra del Interior, María Paula Romo, presentó unas imágenes de un grupo de venezolanos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Quito, que supuestamente había llegado a ese país a concretar planes en contra del presidente ecuatoriano. Un día después de ese señalamiento, tras una audiencia, los ciudadanos de nacionalidad venezolana quedaron sin cargos, al demostrarse que eran conductores de Uber y que estaban en el sitio haciendo su trabajo.
Este no fue el primer señalamiento en contra del Ejecutivo venezolano, pues Colombia ya ha manifestado reiteradamente su postura adversa.
Duque y las fotos de la ONU
Recientemente, la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, responsabilizó a supuestos encapuchados venezolanos del ataque a la sede de una institución de créditos educativos en Bogotá, en medio de una protesta en rechazo a la corrupción y a la represión de los cuerpos policiales. Finalmente, no se presentaron pruebas.
Si bien la Casa de Nariño ha señalado en otras oportunidades a Caracas de albergar a grupos irregulares en su territorio, el presidente colombiano, Iván Duque, ha insistido con el tema recientemente, tras el anuncio de un grupo de disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de retomar la armas.
Para sustentar sus aseveraciones, el pasado 26 de septiembre, presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas un informe con imágenes y mapas sobre el supuesto amparo de Caracas a los guerrilleros tanto de las extintas FARC como del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Estas afirmaciones sufrieron un revés, cuando los medios develaron que algunas fotografíasusadas como «evidencia» en ese dossier fueron tomadas en territorio colombiano. Tras ese desmentido público, el general Oswaldo Peña Bermeo, jefe de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta de Colombia, fue retirado de su cargo.
Mientras tanto, el Gobierno venezolano, también señalado durante la gestión del fallecido Hugo Chávez de ‘interferir’ en los asuntos de la región junto al cubano, tal vez tenga que esperar por otra nueva revuelta popular de la que sea responsabilizado.