El mandatario chileno aseguró que el Gobierno «hará todos los esfuerzos» para que exista justicia y no dejar en la impunidad los hechos.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció este domingo que «hubo uso excesivo de la fuerza» por parte de agentes del Estado y que en algunos casos «no se respetaron los derechos de todos» durante las protestas que se han vivido en las últimas semanas en el país sudamericano.
«En algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos«, señaló el mandatario durante un discurso en el Palacio de La Moneda, asegurando que el Gobierno «hará todos los esfuerzos» para que exista justicia y no dejar en la impunidad los hechos.
Asimismo, Piñera mencionó que pensó en decretar nuevamente el estado de emergencia enfrentándose a un gran dilema entre si elegir «el camino de la fuerza» o «el camino de la paz». Finalmente «optamos por el camino de la razón, para darle una oportunidad a la paz», aseguró.
Nueva Constitución
En el mismo contexto, el presidente chileno también dedicó un tiempo para «valorar y agradecer» el acuerdo que lograron los parlamentarios este viernes, que permitirá a los ciudadanos elegir si quieren una nueva Constitución. «Significa un compromiso amplio y sólido, que estoy seguro tiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía», señaló.
Tras una intensa jornada de negociaciones, el Congreso de Chile llegó a un acuerdo base para elaborar una nueva Carta Magna que reemplace el texto vigente desde 1981, aprobado durante la dictadura de Pinochet. Esta cuestión será planteada en un plebiscito a los chilenos en abril del 2020.
Derechos humanos
A casi un mes de que iniciaran las protestas detonadas por un incremento a los precios del metro, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) en un balance estadístico presentado elevó a 6.362 el número de detenidos por los carabineros —entre ellos 759 niños y adolescentes— y a 2.381 la cantidad de heridos que han acudido a los centros médicos.
De todos ellos, 866 fueron alcanzados por disparos de perdigones y 407 por arma de fuego no identificada.
Además, las recientes actualizaciones de la institución evidencian 346 acciones judiciales entre las que figuran cinco querellas por homicidio, 246 por torturas y 58 por violencia sexual.