Jaime Iturri Salmón
El exhombre fuerte del gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, quien fuera ministro de gobierno, fue detenido por orden de la fiscalía en Bolivia. Sus captores fueron policías que irónicamente hasta el 10 de noviembre del año pasado estaban bajo sus órdenes.
Anteriormente tuvo que ser evacuado de su domicilio en ambulancia tras varios días en que los grupos de paramilitares que rodeaban su domicilio no dejaron ingresar comida y cortaron el suministro de agua.
Romero fue trasladado desde la clínica de la Caja Petrolera en La Paz hasta los tribunales y sus abogados señalan que se vulneraron sus derechos.
La represión en Bolivia se incrementó a partir de que las organizaciones sociales anunciaron movilizaciones para que se acabe el gobierno “interino” de Jeanine Añez el 22 de enero y sea remplazada por la presidenta de la Corte Suprema.
La analista Alejandra Ortiz, por ejemplo, piensa que el gobierno prepara un baño de sangre dado de que estaría provocando aún más al masismo.
Ortiz señala que “las torpes declaraciones de Evo Morales de organizar milicias armadas le han dado el justificativo a Añez y Murillo frente a sus bases conservadoras de que hay que enfrentar de manera armada a los masistas”.
Morales aclaró que no se trataba de armamento no convencional sino palos y hondas, pero en el imaginario de sus rivales ya la idea del regreso de los “salvajes” y de los “vándalos” volvió a posesionarse.
En los próximos días los dos tercios del masismo en congreso aprobarán la ley de garantías políticas y muy posiblemente negarán la posibilidad de que Añez prolongue su mandato.
Lo que causará, con seguridad un conflicto de poderes. Bajo estas circunstancias seguramente el oficialismo buscará el cierre del Congreso acentuando aún más sus características antidemocráticas.
Como en tantas ocasiones el futuro de Bolivia se definirá en las calles y en las carreteras, porque lo que queda claro es que la derecha va por todo y no está dispuesta a dejar de apretar el acelerador.