Julian Assange, el fundador y editor de WikiLeaks, se encuentra detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido, y se enfrenta a la extradición a los Estados Unidos y a un proceso penal en virtud de la Ley de Espionaje. Assange corre el riesgo de ser condenado a 175 años de prisión por su papel en la publicación de las filtraciones de documentos militares estadounidenses de Afganistán e Irak y cables diplomáticos del Departamento de Estado de EEUU.
Los Diarios de la guerra demostraron que el Gobierno de Estados Unidos había engañado a la opinión pública sobre sus actividades en Afganistán e Irak y había cometido crímenes de guerra.
WikiLeaks se asoció con un gran número de medios de comunicación de todo el mundo que reeditaron los Diarios de la guerra y los cables diplomáticos. Las acciones legales en marcha contra Assange sientan un precedente extremadamente peligroso para periodistas y medios de comunicación y para la libertad de prensa.
Nosotros, periodistas y organizaciones periodísticas de todo el mundo, expresamos nuestra profunda preocupación por el bienestar de Assange, por su detención continuada y por las draconianas acusaciones de espionaje contra él.
Este caso se sitúa en el núcleo del principio de la libertad de expresión. Si el Gobierno de Estados Unidos puede procesar a Julian Assange por publicar documentos clasificados, despejará el camino para que los gobiernos enjuicien a periodistas en cualquier parte del mundo, lo cual sentaría un peligroso precedente para la libertad de prensa a nivel mundial.
Acusar de espionaje a quienes publican materiales proporcionados por filtradores es también una novedad que debería encender las alarmas de todos los periodistas y los medios de comunicación.
En una democracia, deben poder revelar crímenes de guerra y casos de tortura y abuso sin tener que ir a la cárcel. Ése es, precisamente, el papel de la prensa en una democracia. A partir del momento en que los gobiernos tienen la capacidad de utilizar las leyes de espionaje contra periodistas y medios de comunicación, estos se ven privados de su forma tradicional y más importante de defenderse – de actuar en interés público –, que la Ley de Espionaje no permite ejercer.
Antes de ser trasladado a la prisión de Belmarsh, Assange pasó más de un año en arresto domiciliario y siete en la embajada de Ecuador en Londres, donde se le había concedido asilo político.
En todo ese tiempo sufrió graves violaciones de sus derechos humanos, incluyendo el espionaje de sus conversaciones, protegidas por el secreto profesional, por parte de organizaciones a las órdenes directas de agencias estadounidenses.
Los periodistas que le visitaban fueron sometidos a vigilancia constante. Se le restringió el acceso a la defensa legal y a atención médica, y se le privó de recibir la luz del sol y hacer ejercicio físico. En abril de 2019, el Gobierno de Lenín Moreno permitió a agentes de policía del Reino Unido entrar en la embajada y detener a Assange. Desde entonces se encuentra en aislamiento durante 23 horas al día y, según quienes lo han podido visitar, está “fuertemente medicado” Su salud mental y física se ha deteriorado seriamente.
Ya en 2015 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (ACNUDH) dictaminó que Assange había sido detenido de forma arbitraria y privado de su libertad, y exigió su liberación e indemnización. En mayo de 2019, el ACNUDH reiteró su preocupación y pidió que se le devolviera su libertad personal.
Hacemos responsables a los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Ecuador y Suecia de la violación de derechos humanos que ha sufrido el señor Assange, quien ha hecho una destacada contribución al periodismo de interés público, la transparencia y la responsabilidad gubernamental en todo el mundo. Ha sido señalado y procesado por publicar información que nunca debería haberse ocultado a la opinión pública.
Su trabajo fue reconocido en 2011 por el Premio Walkley por Contribución Destacada al Periodismo, el Premio Martha Gellhorn de Periodismo, el Premio Índice de Censura, el New Media Award de The Economist, el New Media Award de Amnistía Internacional y el Premio Gavin MacFayden de 2019, entre muchos otros. WikiLeaks también fue nominado en 2015 para el Premio Mandela de la ONU y siete veces para el Premio Nobel de la Paz (de 2010 a 2015 y en 2019).
La información sobre abusos y delitos proporcionada por Assange tiene una importancia histórica, como también la han tenido las contribuciones de informantes como Edward Snowden, Chelsea Manning y Reality Winner, que en la actualidad se encuentran en el exilio o en la cárcel.
Todos ellos han sufrido implacables campañas de difamación emprendidas por sus adversarios, las cuales a menudo han conducido a la publicación de informaciones periodísticas erróneas y a la ausencia de atención y cobertura mediática sobre su difícil situación.
La vulneración sistemática de los derechos de Julian Assange durante los últimos nueve años ha llamado la atención y activado las protestas del Comité para la Protección de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas y las principales organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, en el debate público se ha producido una normalización maliciosa de cómo ha sido tratado.
El relator especial de la ONU para la tortura, Nils Melzer, investigó el caso y escribió en junio del 2019:
“Al final, caí en la cuenta de que me había cegado la propaganda y de que Assange había sido difamado sistemáticamente para desviar la atención de los delitos que había denunciado. Una vez deshumanizado mediante el aislamiento, las burlas y la humillación, como las brujas a las que quemamos en la hoguera, era fácil despojarle de sus derechos más fundamentales sin provocar la cólera de la opinión pública mundial.
Es así como, por la puerta trasera de nuestra complacencia, se sienta un precedente legal que, en el futuro, podría aplicarse, y será aplicado, también a las revelaciones que publiquen The Guardian, The New York Times y ABC News”.
“Mostrando una actitud de complacencia, en el mejor de los casos, y de complicidad, en el peor, los gobiernos de Suecia, Ecuador, Reino Unido y Estados Unidos han creado una atmósfera de impunidad, alentando la denigración y el abuso ilimitados de Julian Assange.
En 20 años de trabajo con víctimas de guerra, violencia y persecución política, no he visto nunca a un grupo de Estados democráticos confabulándose para aislar, demonizar y abusar deliberadamente de un solo individuo durante tanto tiempo y con tan poca consideración por la dignidad humana y el estado de derecho”.
En noviembre de 2019, Melzer recomendó que se frenara la extradición de Assange a Estados Unidos y se le pusiera en libertad de forma inmediata. “Sigue arrestado en condiciones opresivas de aislamiento y vigilancia, no justificadas por su estatus de detenido (…) La constante exposición de Assange a la arbitrariedad y el abuso puede terminar costándole la vida en poco tiempo”, señaló entonces.
En 1898 el escritor francés Émile Zola escribió la carta abierta J’accuse…(Yo acuso9)para llamar la atención sobre la injusta sentencia a cadena perpetua por espionaje de un oficial llamado Alfred Dreyfus.
La postura de Zola está en los libros de historia y, aún hoy, es nuestro deber combatir los errores judiciales y pedir responsabilidades a los poderosos.
Este deber es más necesario que nunca, cuando Julian Assange está siendo tratado injustamente por los gobiernos y se enfrenta a 17 acusaciones1 conforme a la Ley de Espionajes de EEUU, una legislación que también se remonta a más de 100 años atrás.
Como periodistas y organizaciones de periodistas que creen en los derechos humanos, la libertad de información y el derecho del público a saber, exigimos la liberación inmediata de Julian Assange.
Instamos a nuestros gobiernos, a todos los organismos nacionales e internacionales y a nuestros colegas periodistas a poner fin a la campaña legal emprendida contra él por el delito de revelar crímenes de guerra.
Instamos a nuestros colegas periodistas a informar fielmente a la opinión pública sobre esta violación de los derechos fundamentales.
Instamos a todos los periodistas a alzar la voz en defensa de Julian Assange en este momento crítico. Los tiempos peligrosos exigen un periodismo valiente.
*Hay una acusación adicional en virtud de una segunda ley, por lo que los cargos contra Assange son 18 en total. Hasta la fecha, la carta tiene 1260 adhesiones de periodistas de 99 países. La lista se puede revisar aquí: https://speak-up-for-assange.org/signatures/