Marco Teruggi
Nicolás Maduro ha mantenido una constante desde el año pasado: afirmar que habrá elecciones legislativas en el 2020, como indica el calendario electoral. Si entonces se trataba de una fecha lejana tomando en cuenta la dinámica vertiginosa de la política venezolana, ya es un escenario cercano alrededor del cual se centran los debates.
Se trata de una cuestión compleja por tres razones centrales. En primer lugar, es una elección a la Asamblea Nacional (AN), espacio sobre el cual la oposición construyó su trinchera institucional desde el 2016 y que, desde el año pasado, fue nombrado por Estados Unidos como única institución legítima, ardid a partir del cual designaron a Juan Guaidó como presidente encargado.
En segundo lugar, porque desde el mes de enero existe un nuevo presidente de la AN, Luis Parra, miembro del partido opositor Primero Justicia, que sesiona en las instalaciones del poder legislativo. Pero Guaidó y los diputados articulados alrededor de su bloque no han reconocido esa victoria y realizan sesiones en plazas públicas atribuyéndose la verdadera presidencia legislativa.
En tercer lugar, esa misma división en filas opositoras responde no solamente a disputas por negocios y corrupción como se han acusado mutuamente, sino justamente a la estrategia ante las próximas elecciones. La AN presidida por Parra, así como la oposición nucleada en la denominada Mesa Nacional de Diálogo, trabaja hacia el escenario de las legislativas, mientras que el sector de Guaidó sostiene que las próximas elecciones deben ser las presidenciales.
La oposición que participará de las legislativas era minoritaria hasta el año pasado. Pero, desde septiembre hasta la fecha ha tomado fuerza, sumado dirigentes, partidos, y el efecto se ha invertido: Guaidó, que responde al plan trazado desde Washington, luce ahora en minoría.
Existe un punto central transversal a este debate: la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta semana fue reactivada una comisión integrada por diputados del chavismo, de la AN presidida por Parra y diputados nucleados alrededor de Guaidó, para trabajar sobre la conformación del nuevo poder electoral.
Pero, mientras los diputados del chavismo y de la oposición alejada de Guaidó afirman que el nuevo CNE será para elecciones legislativas, Guaidó mantiene que, aunque sea parte de la comisión para el nuevo poder electoral, sólo participará de presidenciales.
Esa misma posición tiene su correlato internacional. El Grupo de Lima, por ejemplo, se reunió el día jueves en Canadá y expuso en la declaración final que “las parlamentarias solas son un problema y que lo necesario en este momento son unas elecciones presidenciales libres”.
Esa posición sigue la política norteamericana que sostiene que además de una elección presidencial, es necesario que sea sin Maduro en la presidencia. Es lo que, traducido en Venezuela, Guaidó afirma semanalmente desde hace más de un año: el cese de la usurpación, seguido de un gobierno de transición y elecciones libres, es decir la fórmula que sí resultó en Bolivia con el golpe de Estado.
Mientras el debate electoral avanza hacia un posible CNE y fecha de contienda, la estrategia norteamericana es agudizar el bloqueo contra la economía venezolana. El Departamento del Tesoro sancionó esta semana a la empresa petrolera rusa Rosneft Trading S.A, filial de Rosneft Oil, una acción que se suma al ataque a la empresa estatal de aviación Conviasa, anunciada pocas semanas atrás.
El objetivo de Estados Unidos es cercar la economía, impedir el funcionamiento de sus áreas vitales como la industria petrolera, la venta de oro, o el acceso a los sistemas financieros. Esa presión, junto con operaciones encubiertas y promesas de salvación a quienes traicionen, busca forzar al gobierno a ceder o lograr un quiebre interno.
El plan norteamericano no ha dado ese resultado y, en vez de contar con un respaldo mayoritario en Venezuela, ha ampliado rechazos tanto en la sociedad como en sectores de la dirigencia opositora política y económica. Quienes se oponen la política de asfixia son quienes a su vez se presentarán a las elecciones legislativas.
Quedan días, semanas y meses de negociación. El plan del chavismo y del sector con quien se dialoga es lograr traccionar a la mayor cantidad de fuerzas opositoras para darle mayor legitimidad a la contienda.
El desafío de Guaidó es el de frenar esa emigración política, para lo cual necesita poder ofrecer un plan que no sea únicamente asfixiar la economía, que brinde resultados concretos. Una vez más, quien podría tener la capacidad para hacerlo, no será él, sino el poder norteamericano, lo que dependerá de una superposición de cálculos electorales y geopolíticos.