Desde el 30 de septiembre se desataron fuertes manifestaciones, con bloqueos en todo el país centroamericano, en contra de las intenciones del Gobierno de acceder a un crédito del organismo.
El pasado 17 de septiembre, el Gobierno de Costa Rica presentó a sus ciudadanos una propuesta para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo por 1.750 millones, durante un período de tres años, para estabilizar las finanzas del país. Sin embargo, la noche de este domingo, 4 de octubre, el mandatario de esa nación, Carlos Alvarado, informó que no seguirá adelante con su propuesta inicial con ese organismo.
¿Cuál fue la propuesta que presentaron las autoridades de Costa Rica al FMI?, ¿a qué se debe el cambio a poco tiempo de presentarla?, ¿qué y quiénes influyeron para evitar la negociación? ¿cuál será la nueva estrategia de la administración de Alvarado?
Tres semanas antes de presentar la propuesta al país, las autoridades de Costa Rica ya habían enviado al FMI una carta donde solicitaron acceso al Servicio Ampliado del Fondo (SAF).
La propuesta fue hecha pública en una alocución pública por el ministro de Hacienda, Elián Villegas; la titular de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido; y el presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero.
«Los efectos de la crisis sanitaria han generado un impacto económico sin precedentes, es por esta razón que nos hemos abocado a construir una propuesta para lograr un acuerdo razonable», justificó Villegas
En la misma línea, Cubero señaló que el país «enfrenta un momento histórico» y, por ello, tienen la responsabilidad de impulsar un ajuste fiscal «para asegurar la estabilidad macroeconómica y promover la reactivación y el bienestar de las familias costarricenses». Además, indicó que «hacer ese ajuste en el marco de un acuerdo con el FMI por tres años» es su «mejor opción», puesto que daría acceso a recursos en mejores condiciones y proveería un sello de confianza en las políticas económicas del país.
El funcionario detalló que la proyección del déficit fiscal para este año pasó de 5,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) a principios de 2020 a un 9,3 %; mientras, la deuda pública se estimaba en un 63 % del PIB y ahora vaticinan que llegará al 70 % para el final de este año.
Garrido, por su parte, añadió que «el acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y estabilidad macroeconómica, para habilitar el crecimiento potencial, la generación de empleo y el bienestar de las familias».
La propuesta
En la propuesta, denominada ‘Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia’, presentada por estos tres funcionarios, se establecieron nueve medidas fiscales temporales y excepcionales:
- Aplicación de la regla fiscal.
- Proyecto de Ley de Marco de Empleo Público.
- Cierre y fusión de órganos desconcentrados.
- Reestructuración de servicios de apoyo de órganos desconcentrados.
- Congelamiento salarial mientras la deuda sea superior al 60 %.
- Reducción de presupuestos extraordinario 2020.
- Reducción de partidas superfluas 2020.
- Renegociación y recorte de alquileres en el sector público.
- Renegociación y recorte de gastos equipos y programas de cómputo
Entre las medidas fiscales, el plan planteaba eliminar el aporte patronal de 5 % al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), que deben pagar las empresas privadas sobre cada salario, por los próximo cuatro años. En este período de tiempo, este aporte se financiaría con la recaudación del impuesto de las transacciones financieras.
Otra de las medidas que establecía el plan era la disminución de la tarifa de gas licuado del petróleo (GLP) en un 50 %, pasando de 50,75 colones (0,084 dólares) a 25,37 (0,042).
Además, se contempló el aumento del impuesto a la propiedad, así como sobre la renta y las utilidades; también, un nuevo gravamen para tasar todas las transacciones bancarias y cheques, otro a los salarios superiores a 1.400 dólares mensuales y el cobro de un nuevo 5 % a las remesas al exterior que sean de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica. Aunado a ello, se eliminarían las exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). También, se gravarían con un 25 % los premios de la lotería que excedan la mitad de un salario base.
En el tema de empleo público, el Gobierno proponía la «movilidad laboral voluntaria», con la cual se estimaba que 7.000 trabajadores del sector público dejarían su trabajo. Además, se contempló la venta de propiedades del Estado, como la Fábrica Nacional de Licores y el Banco Internacional de Costa Rica, así como tierras estatales.
¡No más impuestos!
La propuesta fue rechazada por la mayoría de partidos en la Asamblea Legislativa —a quienes Alvarado instó a analizarla—, inmediatamente después de su presentación
«El gobierno de la República debe elaborar, con la urgencia que la situación amerita, una nueva propuesta, más equilibrada, que recoja las preocupaciones de distintos sectores, y que constituya una base para la construcción de un planteamiento sensato, que permita construir los apoyos necesarios para un acuerdo que tendrá implicaciones profundas en el futuro del país», dijo el Partido Liberación Nacional (PLN) en un comunicado. De la misma manera se pronunciaron los partidos Unidad Social Cristiana, Nueva República y Restauración Nacional.
En las redes sociales llovieron las críticas contra el plan gubernamental, principalmente a través de las redes sociales, desde diversos sectores del país, especialmente contra los impuestos a las transacciones bancarias y a los salarios.
Pero las manifestaciones fuertes en las calles se dieron a partir del 30 de septiembre, cuando hubo una convocatoria de manera indefinida por parte del denominado ‘Movimiento Rescate Nacional’, que integran el excandidato presidencial José Miguel Corrales y el exdiputado Célimo Guido, a quienes se unieron varios sindicatos de trabajadores.
Desde ese día, hubo bloqueos a vías principales, puertos y aduanas del país. Los manifestantes han trancado, incluso, el Paso Canoas, la principal vía fronteriza entre Costa Rica y Panamá.
Algunos grupos minoritarios realizaron actos vandálicos, que incluyó la quema de vehículos oficiales, personales y de mercancías, así como agresiones a medios de comunicación. También hubo disturbios con los cuerpos de seguridad, que reprimieron las protestas con bombas lacrimógenas en varios puntos del país
Además de pedir el retiro de la propuesta con el FMI, los manifestantes exigían la renuncia del equipo económico del Gobierno.
Alvarado recula
A raíz de las manifestaciones, la noche de este domingo, el presidente Alvarado ofreció un discurso en el que informó que dejará a un lado la propuesta inicial hecha al FMI.
«Entendiendo el sentimiento que existe, pero además la necesidad de dar acciones viables, el Gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial«, manifestó el mandatario en una alocución pública.
Alvarado convocó, entonces, a un diálogo nacional, con el objetivo de «balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación».
«Hago una convocatoria a los sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que afronta el país. En ese diálogo me involucraré personalmente», enfatizó
Tras recular, el mandatario pidió a los manifestantes, que aún permanecían en la calle durante su discurso, a levantar las barricadas. «Los bloqueos que golpean a nuestra gente, a nuestra producción, que ponen en riesgo vidas, deben de cesar ya. Hago un llamado a quienes se han manifestado de buena fe, a que levanten los bloqueos«, demandó.
Pese al llamado del mandatario, el Movimiento Rescate Nacional informó que continuarán con los bloqueos y manifestaciones en diferentes partes del país. Aseguraron que el mensaje del mandatario es «ambiguo e inconcluyente».
Así, este lunes, aún permanecían bloqueadas al menos 39 vías del país, incluyendo el paso fronterizo a Panamá.
