Edwin N. Montes
En estos últimos días, Nicaragua ha sido objeto de arbitrarias acciones injerencistas por parte de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, al aplicar nuevas ilegales medidas coercitivas políticas y económicas, manifestando una falsa “preocupación” por la propuesta del Gobierno de Nicaragua de algunos proyectos de ley, donde —según estas organizaciones y gobiernos occidentales— se pretende “censurar la libertad de expresión” y “limitar la cooperación internacional”.
Frente a esta nueva posición injerencista, resulta imprescindible hacer las siguientes observaciones:
1. Tanto la Ley Especial de Ciberdelitos como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, presentadas por la bancada sandinista de la Asamblea Nacional, representan dos instrumentos jurídicos en pro de fortalecer la Estrategia Nacional de Defensa Soberana y Seguridad Nacional de Nicaragua.
2. Frente al desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, está muy demostrado, que las soberanías y sistemas de información de los Estados resultan tan frágiles y expuestas a cualquier ciberataque y difusión de noticias falsas en las redes sociales, que atente no sólo contra la estabilidad y seguridad de los Estados sino la de sus propios ciudadanos.
Los mismos Estados de la Unión Europea y EE.UU se han visto en tales circunstancias a tal punto de llegar a la necesidad de adoptar mecanismos jurídicos e institucionales de defensa destinados a dichos propósitos, que resulta por tanto irónico y absurdo que se imponga sanciones a Nicaragua por medidas similares que ellos mismos han adoptado dentro de sus ordenamientos jurídicos nacionales.
3. La ciberseguridad es una cuestión de “responsabilidad compartida” que compete no sólo a los gobiernos, sino a las organizaciones sociales y ciudadanía que conforman el territorio de un Estado. La Ley de Ciberdelito o Ciberseguridad racionaliza y concientiza el comportamiento responsable de los ciudadanos, al reflexionar sobre el impacto de generar y compartir noticias falsas, además de que los insta a investigar la fuente u origen de la información que pretende difundir y ser consciente del efecto que puede conllevar su acción en perjuicio de la integridad de terceros o de él mismo.
4. Ahora bien, respecto a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Nicaragua presentaba ciertos vacíos en cuanto a la regulación del funcionamiento y financiación de agentes externos con presencia dentro del territorio nacional. La Ley 147 (Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, de 1992), es una normativa aprobada por los gobiernos neoliberales que otorga especiales privilegios a los agentes extranjeros que ejercen función en Nicaragua, a tal punto que muchas de estas organizaciones no rendían cuentan de la procedencia ni el uso de sus ingresos, no elaboraban memorias de actividades y ejercicios contables anuales, ni tampoco la forma en que tienen organizada a sus juntas directivas (que en muchos casos son fantasmas).
En Europa y otros países desarrollados, si una organización no cumple con los requerimientos antes señalados, resulta inconcebible e inmediatamente sería objeto de sanciones por parte del ente rector gubernamental.
No obstante, en los países en vías de desarrollo se ha convertido en una tendencia o práctica que muchas de estas organizaciones actúan como satélites políticos del imperio, que en lugar de destinar los recursos financieros que perciben a causas nobles de lucha contra la pobreza y promoción del desarrollo, tergiversan su labor humanitaria en beneficio de mezquinos intereses políticos externos o de los grupos corporativos nacionales.
Por tal motivo, la actual Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros, que ha presentado la bancada sandinista de la Asamblea Nacional, viene a completar esos vacíos que la Ley de 1992 presenta respecto a la supervisión del financiamiento y comportamiento que ejercen las organizaciones externas —principalmente ONG— dentro del territorio nacional.
Las ilegales medidas coercitivas en la ayuda, cooperación y comercio internacional no sólo han demostrado ser contrarias a los objetivos de promoción del desarrollo y consecución de la paz de las naciones, sino que además resultan ineficaces cuando se pretende, mediante esos mecanismos, cambiar las directrices que guían el comportamiento de los países receptores, siendo por tanto los más afectados la población humilde y trabajadora.
Con la resolución y sanciones políticas adoptadas, el Parlamento Europeo —en una actitud neocolonial— hace ver como que los Estados que lo integran han sido los grandes solidarios y promotores del desarrollo alcanzado por Nicaragua en estos últimos 13 años de gestión gubernamental, vanagloriándose méritos que no les corresponden y que al parecer de ellos el país depende férreamente de sus apoyos económicos y por ende sus sanciones son legítimas.
Sin embargo, es importante hacer el siguiente señalamiento hacia la resolución adoptada por el Parlamento Europeo, y es que desde 2007 muchos de sus Estados miembros y agencias especiales, de forma bilateral, han reducido sus proyectos sociales en territorio nacional destinando mayormente sus fondos hacia el sector privado y proyectos ajenos a la causa social de la población nicaragüense.
Desde 2007, el Gobierno de Nicaragua ha diversificado las fuentes de financiación externa y logró nuevas alianzas estratégicas de cooperación y hermandad con cooperantes alternativos que sí han demostrado estar comprometidos con el desarrollo social del país; sólo basta dar una mirada a cada uno de los programas y proyectos sociales impulsados por el gobierno sandinista para conocer quiénes son los países verdaderamente comprometidos con las estrategias de lucha contra la pobreza en Nicaragua, y se percatarán a la vez que no son los países europeos los que han estado en la vanguardia del progreso social de la población nicaragüense.
El mismo BID y demás organismos financieros internacionales, así como la CEPAL, reconocen que el Gobierno de Nicaragua ha sido responsable en sus compromisos de pago de servicios de deuda externa, poseyendo un saldo de deuda sostenible.
EEUU y sus aliados han dejado a un lado los mecanismos tradicionales de guerra convencional para pasar a hacer uso de su “poder blando” (manipulación mediática, sanciones políticas y económicas, e influencia financiera) para intentar doblegar a gobiernos contrarios a sus intereses.
En fin, hablan tanto y aplican tantos preceptos jurídicos, convenciones e ilegales medidas coercitivas internacionales, que de tanto poner su mirada en los asuntos de Nicaragua, Cuba o Venezuela lo que tratan de crear es una cortina de humo y desviar la atención de sus propios problemas internos, y de otros Estados que presentan actualmente problemáticas y crisis sociales (como los casos de Costa Rica, Bolivia, Haití, el mismo Estados Unidos, e incluso varios Estados en recesión de la Unión Europea), creando por tanto a nivel internacional una falsa realidad de lo que se vive en Nicaragua, donde unas cuantas organizaciones viciadas y grupúsculos de una oposición casi inexistente, se dicen llamar “patrióticos y cívicos”.