Ser niña en Guatemala ya era complicado antes de la llegada del coronavirus.
Pero el riesgo de terminar siendo víctima de la violencia sexual solamente ha aumentado con la pandemia.
Según datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez, al menos 5.133 niñas de entre 10 y 14 años resultaron embarazadas el año pasado en el país centroamericano.
Esto es un promedio de 14 al día.
Y el observatorio de la Coordinadora Institucional de Promoción de Derechos de la Niñez (Ciprodeni) también registró 111.216 embarazos de jóvenes entre 15 y 19 años.
Esto equivale a más de 12 embarazos adolescentes por hora, en su inmensa mayoría también atribuibles a la violencia sexual, como destaca el secretario ejecutivo de Ciprodeni, Otto Rivera.
«De acuerdo con la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, sostener relaciones sexo-genitales con cualquier persona menor de 18 años es tipificado como violación», explica Rivera.
«Y en el contexto de la pandemia este tipo de delitos es todavía más severo»,
Multiplicar por tres
Por lo pronto, las cifras de Ciprodeni hasta el mes de julio de este año recogen 2.289 embarazos entre niñas de 10 a 14 años y 51.548 para el grupo de edad de 15 a 19.
Mientras que el Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) ya sumaba 77.847 embarazos infantiles y adolescentes al 16 de septiembre.
El confinamiento -que según Rivera está exponiendo a más menores a más riesgo- puede sin embargo haber afectado la detección de muchos otros embarazos, por lo que las cifras reales podrían ser más altas.
Ciprodeni, por ejemplo, dice ya haber detectado una reducción en el número de denuncias por violencia intrafamiliar en los últimos meses.
«En el mismo marco de la pandemia se incrementaron los casos, sabemos de casos, pero al mismo tiempo se redujeron las denuncias, porque los órganos jurisdiccionales no funcionaron en el horario habitual», asegura Rivera.
Y el secretario ejecutivo de la coordinadora también comparte una hipótesis de trabajo que hace todavía más evidente la gravedad del problema de la violencia sexual contra la niñez y adolescencia guatemaltecas.
«En Ciprodeni estimamos que solo una niña o adolescente de cada tres que son abusadas o violadas resulta embarazada«, le dice a BBC Mundo.
«En otras palabras no es que en lo que va del año se haya abusado o violado a 77.847 niñas y adolescentes. Eso lo tenemos que multiplicar por tres», sugiere Rivera.
«Vidas silenciadas»
Esas cifras explican por qué la investigadora de Flacso Guatemala Ana Lucía Ramazzini se refiere al problema como «otra epidemia».
Pero Ramazzini destaca además el impacto biológico, social y psicológico que esa violencia, y los embarazos que produce, tienen sobre niñas y adolescentes.
Durante una investigación suya de 2015, por ejemplo, nueve de cada 10 adolescentes embarazadas entrevistadas dijeron haber dejado de estudiar y de participar en espacios de organización comunitaria.
Y más recientemente Ramazzini coordinó una investigación sobre la relación entre embarazos no deseados y suicidios en Guatemala, un problema que cree no está recibiendo la atención que se merece.
Según la socióloga guatemalteca, en el país no hay cifras confiables sobre el tema, porque «cuando llega muerta un mujer en edad fértil no se le hace la prueba de embarazo».
La investigadora, sin embargo, logró establecer que, en 2017, la mitad de los suicidios de mujeres adolescentes en el departamento de Alta Verapaz habían sido de mujeres embarazadas.
Mientras que en países como El Salvador una investigación de 2006 encontró que el suicidio fue la tercera causa de muerte materna, especialmente entre las adolescentes.
«Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo de suicidio tres veces mayor que las adolescentes que no están embarazadas», le dice Ramazzini a BBC Mundo.
Con pocas opciones
Los testimonios recogidos para la investigación «Vidas sesgadas» evidencian los riesgos para la salud mental de los embarazos no deseados productos de la violencia.
Pero la interrupción de los mismos no está contemplada en la legislación guatemalteca.
«Hubo un proyecto de Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y uno de los artículos iba en ese sentido, pero fue rechazada en el 2018«, explica Ramazzini.
Y para Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, es altamente improbable que esta opción se legalice.
«Aquí hay un actor muy importante que son las iglesias y las iglesias no son partidarias de los abortos»
Gómez, sin embargo, asegura que el Estado guatemalteco sí reconoce el impacto de este tipo de embarazos sobre la salud mental de niñas y adolescentes.
«Con las niñas que hemos tenido nosotros bajo protección en nuestros albergues, una de las principales acciones que se hacen es sensibilizar. Y todas han decidido tener a ese bebé», ofrece como ejemplo.
«¿Y qué pasa si esa niña no quiere tener a su bebé? Para eso existe una institución en Guatemala que se llama la Comisión Nacional de Adopciones», agrega.
«En discusión»
Gómez destaca además la existencia de una Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que considera clave para confrontar el problema.
Pero también reconoce que la misma «todavía está en discusión», a pesar de que Guatemala lleva años con una de las tasas de fecundidad infantil y adolescente más altas de la región latinoamericana.
Y ese retraso retrata las diferencias de opiniones sobre la forma de encarar el problema que seguramente ha limitado la capacidad de respuesta de Guatemala.
Para Ramazzini, por ejemplo, un elemento clave detrás de los altos índices de embarazo infantil y adolescente es la falta de una efectiva educación integral en sexualidad, un tema que sin embargo todavía es considerado tabú por muchos sectores.
«En nuestro país se piensa que educar en sexualidad es solo educar en sexo y relaciones sexo-genitales, cuando estamos hablando de una educación integral en sexualidad que es clave para la vida», lamenta Ramazzini.
«Tiene que ver con relaciones de respeto, con compromisos a largo plazo, con consentimiento, con identificar estas relaciones de violencia, con desmontar esta idea de ser hombre que pasa por apropiarse de los cuerpos de niñas y adolescentes», explica.
Según Ramazzini, en el Ministerio de Educación de Guatemala existe desde hace años una estrategia sobre el tema.
«Pero hay muchas resistencias. Hay sectores antiderechos y de oposición que se niegan a que esto se implemente»,.
Y, para mientras, el número de niñas y adolescentes embarazadas crece y crece.