Prensa Latina
Chile está pendiente hoy de que los 155 integrantes de la Convención que redactará la nueva constitución puedan comenzar sus trabajos luego de una fallida jornada del lunes, suspendida por problemas organizativos.
La víspera, la mesa directiva debió posponer para hoy la sesión luego de que en el ex Congreso Nacional, en esta capital, no estuvieran creadas las condiciones mínimas para el trabajo por falta de comunicaciones, cámaras y otros elementos necesarios para la labor de los constituyentes.
Para este martes está previsto ver importantes asuntos organizativos con el fin de echar a andar ese órgano, así como analizar una posible declaración sobre las personas que siguen presas desde el estallido social sin un adecuado proceso.
Este tema genera roces al interior de la Convención Constitucional por el rechazo de los representantes de la derecha, pero cuenta con el apoyo de muchos constituyentes y de la mesa directiva.
Sin embargo, existen expectativas ante la posibilidad de que aun no estén creadas las condiciones en los salones del ex Congreso Nacional a pesar de que el Gobierno dispuso de casi un año para ponerlos a punto. Precisamente, lo que muchos califican de negligencia y otros hasta de boicot, provocó un profundo malestar entre los constituyentes.
Incluso los representantes de los partidos Socialista, Comunista y del Frente Amplio, en una declaración pidieron la renuncia de Juan José Ossa, ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), organismo directamente encargado del aseguramiento material de la Convención.
Constituyentes de derecha intentaron responsabilizar del traspié inicial a la mesa directiva presidida por la académica mapuche Elisa Loncón, pero la mayoría de sus colegas apuntaron al gobierno como el responsable.
También exigieron la salida del jefe de la Secretaría Administrativa de la Convención, Francisco Encinas, funcionario de la Segpres, quien desde hace semanas es centro de numerosas críticas y ahora lo señalan como incompetente.
Al respecto el escritor Jorge Baradit, constituyente por el Partido Socialista, apuntó que resulta notoria la incapacidad de un funcionario al cual el gobierno le paga cada mes más de siete millones de pesos (casi 10 mil dólares al cambio actual). A pesar de los fuertes señalamientos al Ejecutivo, desde La Moneda hasta anoche no se había hecho comentario alguno sobre las imputaciones.
Mientras, en redes sociales proliferaron comentarios señalando que el oficialismo y la derecha no tienen interés alguno en el éxito de la Convención Constitucional, sino todo lo contrario, toda vez que en esos sectores prevalecen quienes quieren mantener la actual constitución, impuesta en 1980.