Gustavo A. Maranges | Resumen Latinoamericano
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que no reclamará la indemnización otorgada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Evo fue vetado como candidato al Senado por la provincia de Cochabamba durante las elecciones generales de octubre de 2020 en el país andino.
Esta ilegal prohibición fue una maniobra judicial impulsada por la entonces vicepresidenta del Senado boliviano, Carmen Eva Gonzales Lafuente, quien se encargó de impedir el reingreso de Evo a cualquiera de los órganos de gobierno del Estado. Según el equipo legal que representa a Morales, las normas para la lista de candidatos se cambiaron tres veces durante la campaña electoral.
Morales, el presidente legalmente electo de Bolivia, tuvo que renunciar después de un golpe de estado liderado por los políticos bolivianos de derecha, que estaban respaldados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de los Estados Unidos.
Evo fue obligado a salir del país a México y luego se mudó a Argentina para buscar asilo, lo que significa que tenía una residencia legal en La Paz y estaba fuera del país. Con base en estos criterios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) impidió su registro como candidato a senador por Cochabamba.
A pesar de las continuas protestas de los movimientos políticos y sociales, la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TSP) que declara inconstitucional la inhabilitación de Evo llegó con dos años de retraso. Asimismo, insta al Tribunal Supremo Electoral a cumplir con sus obligaciones ante la ley y publicar su reglamento sobre el registro de candidatos con suficiente antelación.
Hasta el momento, el monto de la compensación no ha sido revelado. Sin embargo, la posición digna de Evo al respecto demuestra que es un verdadero político del pueblo, que se guía por el deseo de justicia social y no por intereses económicos o materiales. En consecuencia, Evo aseguró que no detendrá las acciones legales hasta llevar ante la justicia a quienes traicionaron la democracia al decidir inhabilitarlo.
La posición de Evo Morales se basa en que inhabilitarlo como candidato a senador violó sus derechos políticos, pero más importante aún, fue un ataque directo a la democracia y la transparencia electoral de Bolivia, algo que no se puede deshacer con dinero.
La decisión de denegar la indemnización solo concierne a Evo, ya que trata de reparar los daños que sufrió. Sin embargo, los peores daños quedan impunes. Por eso, el expresidente ha exigido emprender acciones legales contra los voceros del Tribunal Supremo Electoral de entonces y los integrantes de la Segunda Sala Constitucional de La Paz que ratificaron la sentencia del TSE que lo inhabilita.
Los involucrados no solo incumplieron su deber de garantizar la transparencia electoral y velar por la democracia y la constitución, sino que la traicionaron al tomar parte activa en una acción inconstitucional y políticamente motivada.
Si bien todos estos ataques contra Evo Morales impidieron que fuera electo Senador, no fueron suficientes para anularlo como líder político. Desde su regreso a Bolivia, Evo se ha dedicado de lleno al activismo político trabajando junto a los movimientos sociales y sindicales y exigiendo justicia para las miles de familias que sufrieron la violencia social y militar de la derecha.
Evo también se ha convertido en una de las voces más fuertes y consistentes de América Latina que condena la postura belicista de Estados Unidos y la OTAN en la guerra entre Ucrania y Rusia. El expresidente de Bolivia ha enfatizado que el mundo nunca alcanzaría el nivel actual de tensión si la OTAN hubiera dejado de lado sus intereses de utilizar a Ucrania como punta de lanza contra Rusia.
La claridad política de Evo Morales es sin duda una de sus mayores virtudes como líder político y social. Le ha valido un fuerte respeto y reconocimiento interno e internacional, que es una de las razones por las que ha sobrevivido como actor político después de haber sido vilipendiado con tanta saña por los medios y derrocado por un golpe de Estado.