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Rusia no va a acatar fallo alguno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), incluidos los relativos a los mercenarios condenados a la pena de muerte en Donetsk, declaró el senador ruso Andréi Klishas.
«Rusia no cumplirá ninguna decisión del TEDH, incluida la relacionada con los mercenarios sujetos a juicio en las Repúblicas Populares de Donetsk [RPD] y Lugansk (RP).
Para averiguar el destino de estos cómplices de los neonazis, se debe contactar con los organismos oficiales de las repúblicas soberanas de Donbás», publicó en su canal de Telegram.
El senador recordó que Rusia se había retirado del Consejo de Europa y de la jurisdicción del TEDH, y señaló que la corte debería plantear sus exigencias en materia de derechos humanos a la «junta neonazi» de Ucrania.
El 16 de junio el TEDH dictaminó que las autoridades rusas deben garantizar la no ejecución de la pena de muerte contra el mercenario marroquí Brahim Saadoun, condenado en Donbás, y, en particular, proporcionarle toda la ayuda médica necesaria.
El Tribunal Supremo de la RPD, reconocida como Estado soberano por Rusia pero considerada como provincia rebelde de Ucrania por casi toda la comunidad internacional, sentenció el 9 de junio a la pena de muerte a los nacionales británicos Aiden Aslin y Shaun Pinner, así como al marroquí Saadoun, por haber combatido del lado de Kiev. Los convictos tienen un mes de plazo para impugnar el veredicto.
El 8 de junio los tres se declararon culpables de acciones dirigidas a la toma violenta del poder. Aslin también se declaró culpable del delito de «adiestramiento para actividades terroristas».
La investigación estableció que los tres se involucraron en el conflicto armado en curso para la toma violenta del poder en la RPD a cambio de una recompensa.
Según el Código Penal de la república, estas acciones se castigan con penas de 12 a 20 años de prisión o, en presencia de circunstancias agravantes o en tiempo de guerra, con la pena de muerte con confiscación de bienes.
El Reino Unido insiste en que los británicos Aslin y Pinner se unieron oficialmente al Ejército ucraniano por razones personales antes del inicio de la operación de Rusia en Ucrania el 24 de febrero, y deben ser tratados como prisioneros de guerra.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) subrayó por su parte que «el llamado poder judicial en las autoproclamadas repúblicas (de Donetsk y Lugansk) no respeta garantías básicas de un juicio justo como las audiencias públicas, la independencia, la imparcialidad de los tribunales y el derecho a no ser obligado a testificar», y los juicios de Aslin, Pinner y Saadoun «equivalen a un crimen de guerra».