En diálogo con Sputnik, Adolfo Mendoza, del Parlamento Andino, se refirió a la crisis en Perú y el descontento de la jefa de Estado, Dina Boluarte, sobre la falta de aceptación que tiene entre varios Gobiernos de la región.
La presidenta de Perú anunció que se comunicará con sus homólogos de Argentina, Bolivia, Colombia y México, quienes emitieron un comunicado exigiendo respeto a los derechos humanos y al debido proceso del expresidente Pedro Castillo, detenido desde su remoción del cargo el 7 de diciembre pasado. Quien hasta hace unos días fuera vicepresidenta consideró que los mandatarios de la región no están bien informados.
El Congreso de la República, de mayoría opositora y responsable de la vacancia declarada sobre Castillo, reaccionó con molestia. Algunos congresistas quieren declarar «persona non grata» al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aseguraron que llamarán a los embajadores de los mencionados países para reprocharles lo que consideran una manifiesta intromisión en los asuntos internos del país.
Adolfo Mendoza, representante de Bolivia en el Parlamento Andino —que también integran Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela—, dijo a Sputnik que en los próximos días se manifestarán este y otros organismos supraestatales de la región.
El parlamentario evaluó que la recomendación de Argentina, Bolivia, Colombia y México tiene tres componentes: «Primero, se deben respetar los resultados de las urnas [en 2021, que dieron victorioso a Castillo]. Segundo, se deben respetar los derechos humanos. Y tercero, se debe generar un proceso de pacificación a partir del reconocimiento de Castillo como todavía presidente de Perú».
Un pueblo movilizado
Mendoza destacó que gran parte de Perú está movilizada contra la destitución y encarcelamiento de Castillo, por lo cual hasta el momento se registraron ocho muertes por balas policiales. En todo el país rige el estado de excepción y las Fuerzas Armadas fueron encargadas por la presidenta de asegurar que nadie bloquee una carretera.
Los manifestantes «piden la convocatoria inmediata a elecciones, la consulta para realizar una Asamblea Constituyente, la liberación de Castillo y el respeto a los derechos humanos», enumeró Mendoza.
En este sentido, remarcó: «Estas impresiones no pueden tenerse como un sentido de injerencia, sino como advertencia de la manera en que se sigue secuestrando a la democracia en América Latina y el Caribe. En este caso le tocó a Perú».
El representante boliviano contó que no solamente el Parlamento Andino prevé expedirse sobre la crisis en Perú. También el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento del Mercosur y el Grupo América Latina y el Caribe (Grulac) «discuten posturas al respecto. Seguramente la próxima semana vamos a tener algunos pronunciamientos».
Un presidente asediado
Mendoza consideró que las posturas asumidas por Argentina, Bolivia, Colombia y México obedecen a un análisis de hechos que son de conocimiento público: «Durante todo su mandato, el presidente Castillo ha sufrido un asedio constante por parte de los partidos tradicionales, especialmente de ultraderecha, y por parte de las élites oligárquicas», lo mismo con las instituciones de justicia y los medios de comunicación.
«Todos los que han apoyado en América Latina los golpes de Estado y la supresión de la democracia fueron los que se alegraron con la supuesta destitución de Castillo», dijo Mendoza, quien entre 2010 y 2015 fue senador de Bolivia por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Boluarte dijo que se comunicará personalmente con los cuatro presidentes para informarles que «Pedro Castillo fue quien dio el golpe de Estado. Ha querido cerrar el Congreso e inmediatamente tomar los poderes del Estado como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial».
Asimismo, «tampoco se lo puede catalogar de dictador, porque un dictador tiene bajo su tutela estos poderes fácticos, especialmente el militar, el policial y el mediático».
Mendoza resaltó además que al momento de su detención, Castillo aún gozaba de inmunidad presidencial: «La inmunidad fue levantada [por el Congreso] después de su sustitución en el Gobierno. Esto quiere decir que Castillo fue secuestrado por quienes interrumpieron el régimen democrático, que se sustenta fundamentalmente en el resultado de las urnas».