Durante estos 12 días posteriores al golpe legislativo en contra del presidente del Perú, Pedro Castillo, masivas manifestaciones y protestas a lo largo de todo el país han ido multiplicándose en magnitud y fuerza, hasta desembocar en un Paro Nacional indefinido. En respuesta, el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte en contubernio con la oligarquía rancia del Perú y las élites militares y policiales, han impreso la extrema violencia contra el pueblo y la clase trabajadora, por medio de la declaración del estado de emergencia, que en su primer día de vigencia -15 de diciembre de 2022-, facilitó una masacre en Ayacucho, dejando al menos 8 ejecuciones extrajudiciales y decenas de heridxs graves por impacto de proyectiles.
La muletilla utilizada desde el Estado, es la favorita de la receta neoliberal en América Latina: la excusa del enemigo interno. La burguesía invoca al enemigo interno para justificar las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. En el Perú, la invocación del enemigo interno por medio de la ultra derecha tiene una trayectoria política tan vasta que existe un término específico. El Terruqueo, la criminalización de la lucha y organización social y política, representa el principal elemento del arsenal de la clase burguesa para deslegitimar, torturar, desaparecer y ejecutar al pueblo que se opone a la imposición del capitalismo tardío.
El accionar de la ultra derecha continental se enmarca en rasgos comunes, además de métodos e instrumentos que se asemejan tanto en su forma discursiva como material. Estos se resumen en: la criminalización de la protesta social por medio del enemigo interno y la lógica del terror; la seguida militarización de la sociedad y una actuación bélica de las fuerzas represivas en contra del pueblo; el apoyo explícito de la gente de “bien” a las medidas de exterminio popular; y finalmente, un sometimiento absoluto al imperialismo yanqui.
En este sentido, desde un inicio la maquinaria político-mediática burguesa activó el chip anticomunista que yacía adormecido en la sociedad peruana, herencia nefasta del fujimorismo y su guerra interna, para facilitar una fascistización social de la burguesía y partes del pueblo en contra de la organización popular. Como el Presidente del Ecuador, que por su parte califica a Leonidas Iza como “anarquista”, Boluarte ha calificado de «terrorista» al pueblo en las calles del Perú.
Sin entrar a discutir las acciones que Sendero Luminoso haya o no ejecutado, el neoliberalismo autoritario de Fujimori logró imponer su versión de la realidad como relato oficial -como cualquier vencedor en una guerra-, generando una perspectiva demonizada sobre la militancia comunista en el Perú. Esta realidad, no solo hace que sea muy complejo el trabajo militante, sino que facilita la imposición del orden por medio de la extrema violencia con la excusa de los peligros del resurgimiento de un enemigo interno, apelando a las fibras más dolidas del tejido social que se destruyó durante la guerra interna del vecino país. En su momento, la lucha contra el enemigo interno justificó la masacre de al menos 70 mil personas y la esterilización forzada de más de 200.000 mujeres. Cuando el Estado peruano se refiere a las revueltas populares como demostraciones de la existencia de un enemigo interno, la evidencia histórica respalda la alerta nacional e internacional que ha levantado el accionar del mismo.
Tal como en el Paro Nacional de junio en Ecuador, tras la violencia desatada sobre el pueblo por la autócrata Dina Boluarte y su maquinaria represiva, la “gente de bien” se acercó cada vez más a defender el accionar asesino y sistemático de las fuerzas represivas. La burguesía, aupada por el oficialismo, se convoca a marchas blancas por la paz, mismas que reproducen el terruqueo en las calles.
La injerencia de EE.UU. en el Perú también cuenta con una larga trayectoria. En su momento, EE.UU. y Japón apoyaron política, económica y militarmente a la dictadura de Alberto Fujimori. En 2022 con Boluarte, la historia parece repetirse. Tan solo un día antes del golpe legislativo, el 6 de diciembre pasado, la embajadora yanqui en el Perú, Lisa Kenna, mantuvo una reunión con el Ministro del Interior, Gustavo Bobbio Rosas, para tratar temas de “interés bilateral”. Bobbio Rosas había sido juramentado por Castillo en el palacio presidencial un día antes del encuentro. EE.UU. fue de los primeros Estados en blindar el golpe legislativo en términos políticos, reconociendo a Boluarte el 8 de diciembre, un día tras la deposición de Castillo. La embajadora Lisa Kenna se reunió con Boluarte el 13, para declarar su esperanza de fortalecer la relación bilateral, ahora que el incómodo ex presidente fue depuesto.
El estallido popular en Perú tiene la potencialidad de continuar indefinidamente, constituyendo organización popular en respuesta a décadas –sino siglos- de extrema violencia, explotación y sometimiento que el capitalismo ha impuesto sobre la clase trabajadora. Perú es uno de los países más desiguales de la región. Desde hace 7 años, la inestabilidad política ha generado revueltas sucesivas, que parecen detonar el descontento popular con toda institucionalidad putrefacta del país, ligada estrechamente a criminales de estado que permanecen vigentes en la vida política del Perú, como es el mismísimo presidente del congreso, José Williams Zapata, un asesino y responsable directo vinculado a la masacre de Accomarca. Esta masacre es una de las cientas que se orquestaron en la región de Ayacucho -justamente donde se perpetró la más reciente masacre, ejecutada por el gobierno ilegítimo de Boluarte-, en el contexto de guerra interna del Perú, donde se ejecutaron a más de 14.000 personas, mayoritariamente campesinas e indígenas, entre 1985 y los años 2000.
En términos históricos y en cara a estallidos sociales y crisis políticas pasadas, existe una lección invaluable para el pueblo peruano: esta vez la burguesía ha mostrado de forma inequívoca los límites del modelo democrático capitalista, alertando que cualquier osadía del pueblo de tomar el poder burgués terminará con un golpe de Estado. En el caso específico de Pedro Castillo, la ilusión de un gobierno popular se desvaneció tan pronto se posesionó, frente al mismo congreso que imposibilitó por todos los medios su gobierno y terminó por destituirlo y encarcelarlo. Mientras la burguesía se aferra al poder institucional por medio de la violencia más desenfrenada, el pueblo peruano resiste. Lo cierto es que la historia de los pueblos del mundo, es una historia compartida: es la historia de la lucha de clases.
Fuente: Revista Crisis, Editorial