Ante una estrategia de seguridad que ha sido incapaz de reducir la violencia, algunos miembros del Gobierno han sugerido establecer un diálogo (y pactar) con los grupos del crimen organizado.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no ha conseguido disminuir la inseguridad y la violencia de manera sustantiva a cuatro años de iniciado su Gobierno.
Siguen siendo los temas que más preocupan. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, un 64,5% de la población de 18 años y más residente en 75 ciudades reconoció sentirse inseguro durante septiembre de este año.
No por casualidad una de las primeras reformas a la Constitución fue para crear la Guardia Nacional, una institución que, según el mandatario, dejaría del lado los «actos espectaculares» —perseguir y abatir a los capos— y se encargaría de «proteger de verdad a los ciudadanos».
Hoy, con más de 128.000 elementos desplegados a lo largo y ancho de territorio nacional y un presupuesto multimillonario que crece año con año, los resultados alcanzados por la Guardia Nacional en materia de seguridad son, sin embargo, pírricos.
Según cifras oficiales, en términos interanuales la reducción en el número de homicidios fue de apenas un 7,3% durante los primeros 11 meses de 2022. Con todo, el presidente destaca que su Administración consiguió «revertir» la tendencia al alza.
De tal suerte que, si bien la curva del número de homicidios aún no registra una franca caída, su Gobierno habría por lo menos evitado que la curva se disparara aún más.
Además de la creación de la Guardia Nacional, otro de los pilares de la estrategia de seguridad del Gobierno fue la política social. «La paz es fruto de la justicia», repitió un sinfín de veces López Obrador en la campaña de 2018.
De acuerdo con el entonces candidato, los programas sociales serían una solución de fondo de cara al crecimiento de la economía criminal.
Las personas que antes se empleaban en actividades ilícitas ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen, hallarían en las transferencias monetarias del Gobierno una alternativa para su reinserción.
Sin embargo, los programas sociales insignia del Gobierno no han conseguido una reducción sustantiva de las actividades ilícitas en México.
No hay pruebas concluyentes que indiquen que programas como ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ o ‘Sembrando Vida’ hayan conseguido reducir el número de personas dedicadas a actividades ilícitas, menos todavía que hayan logrado el objetivo de reducir los delitos.
De la amnistía al diálogo con los capos
Establecer comunicación y llegar a acuerdos con grupos vinculados con el crimen organizado son acciones que no deben descartarse para alcanzar la paz social, aseguró el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una entrevista a la prensa local durante su visita a Hermosillo (Sonora) en la recta final de este año.
De acuerdo con Santos, el Gobierno del presidente López Obrador necesita contemplar todas las alternativas a su alcance para poner un alto a la inseguridad y la violencia.
En su experiencia, dijo, a veces incluso hay que escoger entre inconvenientes: sopesar cuánta justicia se puede sacrificar con tal de alcanzar la paz.
Dentro del propio Gobierno hay quienes comparten la visión de Santos. Hay quienes han reconocido, de manera no muy velada, que el presidente López Obrador se encuentra rebasado.
Que la estrategia de seguridad implementada hasta ahora, a contrapelo de la narrativa propalada desde el Palacio Nacional, no ha logrado los resultados esperados y, por lo tanto, es necesario abrirse (o por lo menos discutir) un plan alternativo.
Manuel Espino, recién nombrado director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), y quien se desempeñó como comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de mayo del 2010 a diciembre del 2021, causó revuelo durante su participación en un foro en el Senado a finales de octubre de este año.
El también integrante de la sociedad clandestina de ultraderecha ‘El Yunque’, convocó a legisladores y especialistas en seguridad a no desechar la posibilidad de entrar en diálogo con los líderes de los grupos de la delincuencia y el crimen organizado.
Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal, propuso al gobierno del presidente @lopezobrador_ dialogar y pactar con los grupos criminales para lograr la paz en México.
? Israel Aldave pic.twitter.com/xOX1hufNj7
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 27, 2022
Aclaró que no se trataba de otorgar impunidad ni de actuar fuera de la ley, sino de hallar la forma de llegar a un arreglo que permitiera un cese de la violencia.
De hecho, Espino puntualizó que había llevado la propuesta al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, para que la valorara.
No solo eso. La propuesta también la hizo llegar a varios grupos criminales, de los cuales, obtuvo respuesta de dos, que se declararon dispuestos a sentarse a dialogar con el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’.
Días después, en una entrevista de radio, el expresidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) aclaró que su propuesta no significaba una claudicación del Estado mexicano frente al crimen organizado, sino un plan alternativo para alcanzar la paz.
A los narcotraficantes, dijo, había que invitarlos a insertarse en las actividades productivas de orden legal.
Como era de esperarse, su propuesta fue desechada por el titular de la Secretaría de Gobernación, así como por la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
La de Espino fue la última llamada, pero no ha sido el único que ha planteado explorar otras estrategias para detener la espiral de violencia que tiene contra las cuerdas a la nación latinoamericana.
Desde que López Obrador era candidato a la Presidencia, varios dentro de su equipo advirtieron que los programas sociales no serían suficientes para consolidar la pacificación del país.
Entre aquellas advertencias destacó el planteamiento de Olga Sánchez Cordero, en ese entonces candidata a senadora y quien, a la postre, estuvo al frente de la Secretaria de Gobernación durante casi tres años.
Sánchez Cordero puso sobre la mesa el tema de la ‘justicia transicional’. Una estrategia de paz que se proponía poner en el centro a las víctimas de la violencia.
Una estrategia que abría la posibilidad de reducir las penas para algunos inculpados, a cambio de que proporcionaran información sobre los desaparecidos u ofrecieran datos para avanzar en las investigaciones, por ejemplo.
Durante la campaña la propuesta no fue bien recibida por la opinión pública. Los opositores de López Obrador lo acusaron de querer «pactar con los capos» y «perdonar a los criminales». La amnistía fue interpretada como impunidad.
A partir de entonces se evitó hablar sobre el tema: había que despejar el camino para que López Obrador triunfara en la elección presidencial. Sin embargo, ya instalada en el Gobierno, Sánchez Cordero no retomó la propuesta.
Durante el tiempo que estuvo en la Secretaría de Gobernación, con todo y la inseguridad y violencia desbocadas, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue capaz de convencer al presidente de abrir la discusión sobre el tema.
Más recientemente, ya como senadora, Sánchez Cordero tampoco lo ha abordado; ni cuando se votó la reforma constitucional para que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Secretaría de Marina y las Fuerzas Armadas ampliaran el plazo de su participación en tareas de seguridad pública hasta 2028.
Hacia una disfunción estructural del Estado
Con todo y falta de resultados en materia de seguridad, el Gobierno mexicano se ha resistido a cambiar de estrategia.
La única opción sobre la mesa es continuar con el fortalecimiento de la Guardia Nacional; bien sea instalando más cuarteles, bien sea desplegando más elementos en las diferentes entidades del país.
Javier Oliva Posada, catedrático de la UNAM especializado en seguridad y defensa nacional, considera que en México no es viable aplicar una estrategia de ‘justicia transicional’, mucho menos pactar con criminales.
En entrevista con RT, Oliva Posada explica que la experiencia de Colombia es muy distinta al caso mexicano.
En la nación suramericana, puntualiza, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenían reivindicaciones políticas, un contexto que nada tiene que ver con los grupos del crimen organizado en México.
En cuanto a la propuesta de Manuel Espino, apunta que incluso el antiguo presidente del PAN podría ser objeto de una investigación judicial por haber entrado en contacto con algunos carteles del narcotráfico.
«No es posible que el Estado mexicano se acerque a negociar con el narco, no hay nada que negociar con ellos, la ley no se negocia», sentencia.
El investigador advierte que la estrategia de seguridad del Gobierno actual es presa de una visión de corto plazo.
Está muy centrada, dice, en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, mientras que se han descuidado a las policías municipales, con lo cual, se corre el riesgo de que fracase el pacto federal.
«No olvidemos que la base de la Administración pública en México es el municipio; por lo tanto, si se le sigue debilitando, nos vamos a seguir enfilando hacia una disfunción estructural del Estado», concluye.