Juan Guaidó ingresó a Colombia de manera irregular el lunes 24 de abril. Había emitido un comunicado en el que anunciaba su intención de reunirse con delegados internacionales convocados a la Cumbre Internacional sobre Venezuela. Sin embargo la Cancillería del país anfirión respondió con otro oficio diciendo que el exdiputado no había sido invitado al encuentro.
El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, reafirmó la postura del gobierno de Gustavo Petro y dijo que Guaidó no estaba invitado a la Conferencia: «Trascendió que yo lo había invitado, yo no lo conozco, no he tenido contacto con él», dijo Leyva, y añadió que el susodicho corría riesgos porque había entrado al país de manera inapropiada.
El martes 25 de abril el gobierno colombiano informó que Migración había «acompañado» al personaje fuera de su territorio. Derrotado y sin partido político que lo respalde, se refugió en Miami. En sus primeras declaraciones expresó estar «preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo y pensando en los millones de migrantes venezolanos que han recorrido carreteras, que se han visto en dificultades migratorias, perseguidos por la dictadura».
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la expulsión y dijo que Guaidó simplemente debió haber entrado con su pasaporte y pedir asilo, no entrar ilegalmente. Una característica que lo ha colmado a él y al proyecto estadounidense que llevó a cabo durante tres años.
EL LEGADO DE CRÍMENES Y DESPRESTIGIO
Los elementos más críticos de la crisis en Venezuela ocasionada por Estados Unidos están directamente ligados con la «Operación Guaidó», diseñada por políticos miembros del Partido Republicano durante la administración de Donald Trump y que fue puesta en marcha en 2019. De estos elementos destaca el saqueo masivo de recursos y activos venezolanos.
Documentos de su «gestión» revelan que Guaidó se pagó a sí mismo 2,6 millones de dólares en 2021. Estas transacciones fueron realizadas en al menos cinco oportunidades, la última de ellas el 29 de septiembre de 2021 cuando se pagó la cantidad de 1 millón 901 mil 100 dólares. El dinero fue robado a través de los mecanismos «sancionatorios» impuestos por Estados Unidos.
La cifra forma parte de lo confirmado por los propios autores del robo, sin embargo existen muchas otras filtraciones, así como la contabilización hecha por el Estado venezolano que detallan la profundidad de la lesión que ocasionó el proyecto estadounidense.
Por ejemplo, durante el año 2020 el gobierno del presidente Nicolás Maduro acusó a Washington de transferir 342 millones de dólares pertenecientes al Banco Central de Venezuela (BCV) a una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York, lo que fue perpetrado en el marco del litigio del oro venezolano en el Banco de Inglaterra y de otros activos públicos en el extranjero. El dinero transferido en su mayoría fue destinado a la «junta ad hoc» del BCV. A través de ella se informó que por lo menos unos 6,5 millones de dólares fueron utilizados para pagar los servicios profesionales de abogados que atendieron los activos a «ser protegidos» en el exterior, y para realizar los «trámites de licencias ante la OFAC».
También se reveló la existencia de un supuesto Fondo de Liberación (Liberation Fund) al que fueron destinados alrededor de 100 millones de dólares de los activos saqueados al Estado venezolano. La agencia AP había señalado que, durante el año 2020, los abogados del clan Guaidó utilizaron este fondo de manera secreta para pagarse a sí mismos unos 5 mil dólares al mes.
La corrupción que rodeó el «interino autoproclamado», sumado al comportamiento errático que tuvo en su intento por usurpar las funciones del Estado, fue afectando negativamente su posición política, lo que por ende arrastró a Voluntad Popular, partido que encabezó el proyecto de cambio de régimen. Una de las principales organizaciones partidistas venezolanas, liderada por Leopoldo López y con Juan Guaidó como su principal rostro en los últimos tiempos, en menos de dos años pasó desde ser un participante destacado hacia uno sumamente nulo en el escenario político del país.
EL ADIÓS DEFINITIVO
Cuando la llamada Operación Libertad —intento de golpe militar— fracasó en 2019 se hizo más evidente que el proyecto Guaidó tendría una corta vida útil. Sin embargo, fue hasta la firma de un memorándum de entendimiento en México en el mes de agosto de 2021 entre el Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria cuando se confirmó la victoria del jefe de Estado venezolano sobre el «gobierno autoproclamado» que, desde hacía tiempo, había perdido gran parte de su apoyo internacional.
El presidente Maduro logró ser reconocido como el líder institucional de Venezuela por los diversos factores de la oposición e, indirectamente, por Estados Unidos. Esta legitimación fue crucial para lograr estabilidad política y para que se acordara que las únicas vías de acción válidas serían aquellas estipuladas en la Constitución del país, y que se abandonaran las insurrecciones o acciones armadas.
Aunque el proceso de diálogo se encuentra temporalmente estancado debido a la parte estadounidense, esto no anula la desintegración de la influencia política de VP y el proyecto Guaidó.
Mientras representantes de una veintena de países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, se reúnen en Bogotá para discutir la situación de Venezuela —con lo cual se está reconociendo implícitamente la autoridad del presidente Maduro— a Guaidó lo escoltan por la puerta de atrás para ser entregado a Florida, lugar emblemático del antichavismo internacional que conspira contra Venezuela.