El titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, afirma que la democracia está en riesgo y que la ultraderecha lo amenazó de muerte. Buscan destituirlo.
“La democracia está en riesgo”, advierte el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, ante las maniobras de la derecha que domina el Congreso para destituirlo del cargo con un juicio político y controlar el organismo electoral. En respuesta a esta denuncia la ultraderecha lo amenazó de muerte. La Constitución no permite el juicio político a las autoridades electorales, pero eso no detiene a los legisladores de la derecha, que ya accionan para habilitar ese proceso, ansiosos por capturar el sistema electoral. Salas ha recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para solicitar una medida provisional de urgencia para defender la independencia del JNE.
La amenaza de muerte contra Salas vino del grupo autodenominado Los Combatientes, una de las organizaciones de ultraderecha, pequeñas en número pero violentas, que hostilizan, agreden y amenazan a quienes se oponen a los planes autoritarios de la derecha. Estos grupos -hay al menos tres operando- tienen nexos con partidos como el fujimorismo y la fascista Renovación Popular del alcalde de Lima Rafael López Aliaga. Alrededor de medio centenar de agresivos militantes de Los Combatientes llegaron hace unos días hasta el local del JNE para vociferar insultos y amenazas de muerte contra el presidente de ese organismo. “No vamos a retroceder. Nuestro objetivo es llevarlo a la cárcel o la muerte. Nosotros lo que nos proponemos lo conseguimos, y lo vamos a conseguir con apoyo del Congreso y la Fiscalía”, amenazó a los gritos Roger Ayachi, uno de los cabecillas de esta banda de ultraderecha, confiado en poder actuar con impunidad.
Discurso de odio
“He sido amenazado antes, pero esta es la primera vez que puedo identificar de manera certera al atacante, que lo hizo a voz en cuello. Hay más de una decena de denuncias por amenazas y actos de hostilidad que han sido rechazadas por la fiscalía. Lamentablemente, la policía y la fiscalía dejan actuar a estas personas que amenazan. Se está normalizando un discurso de odio y las amenazas de muerte, que en resoluciones fiscales se dice son manifestación de la libertad de expresión, eso es inadmisible”, le declaró el presidente del JNE a PáginaI12.
La derecha puso en la mira a Salas cuando se negó a avalar su falsa denuncia de fraude electoral con la que buscaba arrebatarle el triunfo a Pedro Castillo y declarar ganadora a la derrotada Keiko Fujimori. Una venganza para cobrarle esa factura y el objetivo de capturar los organismos electorales para asegurarse un triunfo en las elecciones, confluyen en las amenazas en su contra y los planes para destituirlo. “Quieren desaparecer a este JNE porque ese sector del Parlamento quiere dejar sentado de que se puede controlar políticamente a los jueces electorales, y a los jueces en general, que nadie se puede enfrentar a las decisiones del Congreso. Darían un mensaje a quien se hiciera cargo del JNE que si no acepta las directivas de quienes ejercen el control del Congreso sería objeto de juicio político y de una inhabilitación por cualquier motivo. Establecer un control político de las autoridades electorales apunta al afianzamiento de un Estado autoritario”, señala Salas.
En el Congreso han armado un proceso de acusación contra Salas con cargos que el magistrado califica como “absurdos”. Lo acusan por la contratación de una consultoría a un reconocido experto electoral, que Salas dice se hizo de acuerdo a las normas, lo que ha sido confirmado por el organismo encargado de vigilar las contrataciones públicas, y por el nombramiento como miembro del ente electoral del suplente del representante de las universidades privadas cuyo mandato se cumplió y las universidades no eligieron a su reemplazante, lo que el titular del JNE asegura cumple con una ley de este Congreso. “Me acusan por cumplir las leyes que ha dado el propio Congreso. Me sorprende tanto los argumentos de las acusaciones, que son absurdos, que debo concluir que los congresistas no necesitan razones, solo necesitan votos”.
Legisladores de derecha han presentado propuestas para cambiar la Constitución para habilitar el juicio político a los funcionarios electorales, lo que ahora no se permite para asegurar su independencia política. El Tribunal Constitucional (TC), cuyos integrantes han sido elegidos con los votos de la derecha, ha alentado con una resolución que se realice ese cambio constitucional. Pero como ese procedimiento necesita dos tercios de los votos del Congreso, que esa derecha no está segura de conseguir, y llevaría dos legislaturas, buscan un atajo para destituir a Salas. En esta estrategia el TC también le ha dado una mano a quienes buscan capturar el sistema electoral. En una interpretación de la norma que le saca la vuelta a la Constitución, el TC ha dicho que Salas puede ser sometido a juicio político y destituido por ser también juez de la Corte Suprema, aunque no ejerce como tal sino como juez electoral.
“La propuesta del TC al Congreso para que cambie la Constitución y extienda el juicio político a los miembros de los organismos electorales desconoce la autoridad de la Corte IDH, que dice que no se debe hacer juicio político a las autoridades electorales porque eso afecta su independencia. Al decir que el presidente del JNE sí puede ser sometido a juicio político sin cambiar la Constitución por ser juez supremo, el TC hace una interpretación que va contra la ley, desconoce que como presidente del JNE estoy de licencia funcional como juez supremo y solo estoy ejerciendo como juez electoral. El TC y el Congreso actúan de común acuerdo. Se está atacando la institucionalidad democrática”, responde Salas a las acciones puestas en marcha en su contra.
El TC anuló una acción de amparo que un juez constitucional había dado a favor de Salas por la ofensiva del Congreso en su contra. El presidente del JNE denuncia que el TC lo notificó para que ejerza su defensa trece días después que el proceso había sido cerrado. El magistrado indica que después de un cuestionado fallo del TC que prohíbe a los jueces pronunciarse en contra de decisiones del Congreso, no tiene posibilidades de defender sus derechos en los tribunales del país, por lo que ha recurrido instancias internacionales. Ha obtenido una medida cautelar a su favor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero como eso no ha detenido la ofensiva parlamentaria para destituirlo, y las autoridades siguen sin actuar frente al hostigamiento y amenazas en su contra, ha solicitado a la CIDH que eleve ante la Corte IDH un pedido para que emita una medida provisional de protección.
“Por la urgencia debido a la naturaleza de los sucesos una medida de protección tendría que ser dictada con rapidez. La Corte puede dictar una medida para detener el proceso de destitución en el Congreso, y si la destitución ya se ha producido puede anularla y ordenar la reposición. El Congreso está obligado a cumplir lo que diga la Corte, si no lo hace estaríamos en una situación autoritaria, en una dictadura congresal”, dice Salas.
El presidente del JNE denuncia un proceso de copamiento desde el Congreso de los sistemas electoral y de justicia, y un avance autoritario que recuerda los tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori. “Quieren copar el JNE por la misma razón que lo hicieron el año 2000, cuando hubo un fraude para la re-reelección de Fujimori. Siento que estamos regresando a esa época”.