Ecuador es un país asfixiado, con un Estado ausente, en retirada. El gobierno de Guillermo Lasso no tiene control del territorio, ni de la policía y tampoco de las Fuerzas Armadas. Mientras, las bandas que trafican drogas ilegales tienen, cada vez más, una influencia significativa en la política, la economía y la sociedad. El asesinato, días de las elecciones generales del 20 de agosto, primero del candidato de a la presidencia, Fernando Villavicencio, y este lunes del dirigente del correísmo, Pedro Briones, expuso el deterioro.
La crisis de seguridad y violencia que atraviesa Ecuador es la peor de su historia y su origen es multicausal. El ejecutivo es incapaz de abordarla. Desde hace tres años se ha decretado varias veces el “estado de excepción”, que ha permitido el despliegue del ejército, imponer toques de queda y la suspensión de los derechos individuales. Pero poco ha servido. El país está en guerra permanente por los enfrentamientos entre los cárteles de la droga, que se disputan el control de los puertos y las calles. La ciudadanía es rehén. Cada vez más, la población busca blindar el acceso a sus cuadras y barrios con vallas, cámaras y seguridad privada: una suerte de bunkerización.
Desde 2021, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, incluye a Ecuador entre los países con mayor tráfico o producción de drogas. Es que pasó de ser una nación de tránsito a ser un centro donde se almacena, se procesa y se distribuye la droga de América Latina. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, según las Naciones Unidas. Un tercio de esta droga llega a Ecuador y desde su costa pacífica es distribuida a los EE.UU. y Europa.
Un dato que evidencia el crecimiento del narcotráfico es la mayor cantidad de droga decomisada y el habitual descubrimiento de laboratorios. Ecuador es el tercer país del mundo en decomiso de cocaína, detrás de EE.UU. y Colombia, según el Informe Mundial de las Drogas 2022 de la ONU. La Policía Antinarcóticos ecuatoriana en 2019 incautó 79 toneladas de droga, en 2020 unas 128 toneladas, en 2021 cerca de 190, en 2022 más de 201. En los primeros cuatro meses de 2023, ya se han decomisado en Ecuador más de 64 toneladas de drogas.
Los malos gobiernos de los últimos años, que llevaron al desdibujamiento del Estado ecuatoriano, coincidieron con la internacionalización de los cárteles mexicanos de la droga, operan de manera similar a las franquicias de las grandes empresas (tercerizando y con contratos temporales).
Las bandas de narcotraficantes locales del país andino se articulan con las de Colombia y México. Días antes de ser asesinado, el ex asambleísta cercano al oficialismo, Fernando Villavicencio, había denunciado amenazas de muerte por parte del grupo criminal los Choneros. Una agrupación que surgió a fines de los noventas y, que después de años de crecimiento, es una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador, con vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa. Los Choneros están en guerra por el control territorial ecuatoriano con las bandas adversarias de los Lobos, los Tiguerones y los Lagartos. Tres grupos que, según medios locales, realizan operaciones de logística para el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (enfrentado con el de Sinaloa).
Según una investigación del diario británico The Telegraph, también opera en Ecuador la mafia albanesa que trabaja con bandas locales y que es clave en el envío de droga a Europa. Esta mafia tiene una “escuela de sicarios” para niños y jóvenes en Guayaquil. La formación duraría alrededor de medio año y los “estudiantes” para graduarse deben asesinar a un pandillero rival.
El aumento de la violencia relacionada con el crimen organizado primero se hizo visible en las cárceles. Desde 2021 a la actualidad hubo más de 13 masacres por la pelea entre bandas narcos rivales, donde murieron cientos de presos.
La debilidad estatal para hacer frente al problema se profundizó por los nexos de la fuerza pública con el crimen organizado. El embajador de los EE.UU. en Ecuador, Michael Fitzpatrick, advirtió sobre la presencia de “narcos generales” en las instituciones de seguridad y también sobre la corrupción de funcionarios judiciales.
Villavicencio -uno de los cuatro dirigentes políticos asesinados en el último mes en Ecuador-, había criticado el papel de las autoridades en el combate de las organizaciones delictivas y denunciaba la complicidad de las fuerzas públicas, a las que prometía depurar.
Hasta hace seis años, Ecuador era un país pacífico. Figuraba en los rankings entre los más seguros de América del Sur. Sin embargo, en 2022, el índice de muertes violentas cerró con el récord histórico de 25,5 cada 100.000 habitantes. Que ubica al país como uno de los más violentos del continente, por encima de México.
Se suma que, la economía dolarizada ecuatoriana, desde enero de 2000, facilita el lavado de dinero y con esto el nivel de penetración de los cárteles. Es que los grupos criminales buscan países con moneda dólar para esconder más fácil el volumen de su negocio.
Se dijo, la fragilidad de Ecuador responde a una crisis estructural. La violencia y la inseguridad son consecuencias de la degradación de las instituciones, especialmente de la justicia.
La ausencia de Estado coincide con el cambio de modelo. Se pasó de la socialdemocracia de Rafael Correa, que aumentó la participación estatal en la economía (de 2007 a 2017), al neoliberalismo de Lenín Moreno (en el poder de 2017 a 2021). Quien volvió a llevar al Fondo Monetario a su país. Organismo que, a cambio de un préstamo de 6.500 millones de dólares, obligó al mandatario a subir el IVA y a recortar el gasto público.
Además, a pedido del FMI, Moreno aprobó la Ley de Fomento Productivo que impide que el sector público crezca más de 3% anual. Al asumir, Guillermo Lasso continuó con la obra de su predecesor con más recorte y ajuste. La inversión pública bajó a 2,1% del PIB en 2021 y a 1,8% en 2022, la menor en dos décadas. Que llevó al deterioro de la seguridad, la educación y la salud.
El próximo domingo hay elecciones generales en Ecuador, que no deberían ocurrir ahora. Lasso tenía mandato hasta 2025, pero adelantó los comicios para evitar un juicio político que buscaba destituirlo, por las acusaciones de corrupción que pesan en su contra.
La candidata favorita es la postulante del partido de Correa, Revolución Ciudadana, Luisa González. Pero las encuestadoras entraron en veda y no pueden difundir el impacto del magnicidio. Lo cierto, es que quien resulte electo deberá asumir el mando de un país donde la propia concepción de Estado, de nación, es cuestionada.