El foro de líderes iberoamericanos expresó su preocupación por los intentos de «sabotear el proceso de transición hacia el nuevo gobierno electo».
El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) pidieron este lunes que se respete la continuidad democrática en Guatemala, en medio de la crisis política desatada luego de la suspensión del Movimiento Semilla, partido del presidente electo Bernardo Arévalo, y la persecución judicial contra la agrupación.
El foro de líderes iberoamericanos emitió un comunicado en el que advierte sobre «los intentos de sabotear el proceso de transición hacia el nuevo gobierno», a raíz de la polémica decisión de la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que el pasado 28 de agosto, de forma provisional, quitó la personalidad jurídica al partido político en cumplimiento de la orden del juez Freddy Orellana.
«Denunciamos a las autoridades judiciales y voceros de la oposición que han iniciado una guerra jurídica (‘lawfare’)» contra el mandatario electo, señala el texto. Y alerta sobre «el peligro de un golpe de Estado en proceso».
«Durante el proceso electoral —señalan el Grupo de Puebla y Clajud— se han presentado varios intentos por quitarle legitimidad a la candidatura ganadora y el partido Semilla que él (Bernardo Arévalo) representa a través de acciones que incluyen amenazas a la vida de los dirigentes, allanamientos ilegales a las sedes de su campaña y anuncios de detenciones arbitrarias«, manifestaron.
«Respetar la alternancia»
En coincidencia con lo expresado por varios gobiernos y organismos internacionales, solicitan «de manera enfática» al Gobierno de Guatemala y sus autoridades judiciales, especialmente al Tribunal Supremo Electoral y la Corte Constitucional, que «se reitere la validez» de los pasados comicios electorales del 20 de agosto, se oficialicen sus resultados y se respete «la alternancia decidida por el pueblo a partir del próximo 14 de enero del 2024″.
Asimismo, el grupo exige que se respete la investidura de los cargos de presidente y vicepresidenta (Karin Herrera), y que se anule la decisión de ilegalizar el Partido Semilla proferida «por provenir de una autoridad no competente».
Los líderes firmantes, entre los que se destacan los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España); Ernesto Samper (Colombia) y Rafael Correa (Ecuador), denunciaron «la sistemática judicialización del proceso electoral y del Movimiento Semilla, en un contexto de pérdida total de institucionalidad, a manos de una derecha sumida en la corrupción, que ha permitido el avance del crimen organizado en el país».
Este domingo, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala revocó la suspensión del registro del partido Movimiento Semilla, y declaró que la resolución emitida por el Registro de Ciudadanos se deja en suspenso «hasta que concluya el proceso electoral [el 31 de octubre]».
A su vez, los jueces del TSE instaron a los tres poderes del Estado a que «continúen velando por el respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas, la integridad, la pureza y la eficacia del proceso electoral».
Denuncia previa de Arévalo
El pasado 1 de septiembre, Arévalo ofreció una conferencia de prensa junto a su compañera de fórmula, Herrera, en la que señaló las «acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias» destinadas a «impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente, la vicepresidenta y nuestros diputados y diputadas al Congreso de la República».
En ese mensaje a medios, Arévalo denunció un «golpe de Estado en curso».
«Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia», aseguró el presidente electo.