Granma │La Jornada
El lawfare es el uso del sistema judicial, contrario a la separación e independencia de poderes, para destituir o inhabilitar, sin sustentos legales sólidos y bajo una apariencia de justicia, a quienes ocupan cargos públicos o puestos sociales.
El lawfare es el uso del sistema judicial, contrario a la separación e independencia de poderes, para destituir o inhabilitar, sin sustentos legales sólidos y bajo una apariencia de justicia, a quienes ocupan cargos públicos o puestos sociales. Su morfología lingüística contrae los términos en inglés law (ley) y warfare (guerra), y en América Latina, donde este método se ha aplicado contra distintos gobiernos de líderes progresistas, se conceptualizó como «guerra jurídica».
«Es el mal uso del derecho para derrocar a rivales políticos», explica a La Jornada François Favreau Alcázar, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.
«El elemento mediático es vital para tomar fuerza. Primero, se busca destruir la imagen del adversario político, luego viene una forma de presión con la intervención de los jueces, u otros factores, como una larga cobertura subjetiva de los medios; sin embargo, ninguno de ellos fue ético o imparcial», agrega.
Este método «es una técnica de golpe de Estado. No es lo mismo que Estados Unidos entre con tanques sin permiso a un país, a que lo haga con la ‘aprobación’ legal y mediática», asegura el especialista.
Bajo fuego jurídico
Aquí, los recientes casos perpetrados en la región:
Brasil. Bajo el contexto de la operación anticorrupción Lava Jato, en 2016, la entonces presidenta Dilma Rousseff fue destituida tras ser condenada en un juicio político del Senado, sin pruebas suficientes, por supuestamente manipular presupuestos públicos. El Tribunal Supremo Federal votó en octubre pasado a favor de mantenerle sus derechos políticos para ejercer cargos públicos.
En 2018, Luiz Inácio Lula da Silva fue acusado y condenado a 12 años de prisión, sin pruebas suficientes, por supuestamente aceptar sobornos, corrupción y blanqueo de capitales mientras ejercía la presidencia. La Corte Suprema anuló las sentencias en 2021 porque «tanto la fiscalía como el juez que lo procesaba, Sergio Moro, actuaron de forma parcial».
Argentina. En diciembre de 2022, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada, sin pruebas, a seis años de prisión y a una «inhabilitación perpetua» para ejercer funciones públicas por defraudación al Estado en la causa Vialidad, meses después de haber sufrido un fallido atentado de asesinato en Buenos Aires. La condena aún se mantiene vigente.
Perú. El Congreso lanzó la tercera moción de vacancia contra el presidente indígena Pedro Castillo para destituirlo «por incapacidad moral permanente», bajo la acusación no probada de corrupción el pasado 7 de diciembre.
En su defensa, el mandatario intentó cerrar el cuerpo legislativo, que a su vez lo destituyó ilegalmente, y desde entonces está encarcelado acusado de los delitos de rebelión y conspiración. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el Ejecutivo, lo que desató el estallido de masivas protestas sociales, que han dejado decenas de muertos.
Ecuador. El ex presidente Rafael Correa fue condenado en 2018 por un supuesto delito de corrupción y después fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. Actualmente está en Bruselas, así como su entonces vicepresidente, Jorge Glas.
Bolivia. En noviembre de 2019, el líder indígena Evo Morales fue obligado por la cúpula militar a dejar la presidencia después de ser acusado, sin hechos en contra, pero con el apoyo de la Organización de Estado Americanos, de haber cometido un supuesto fraude en las elecciones generales de un mes antes, lo que generó 21 días de intensas protestas sociales.
Guatemala. Miembros del aparato judicial, encabezados por la fiscal general, Consuelo Porras, han minado el proceso electoral del país de este año, con una serie de arremetidas y allanamientos al Tribunal Supremo Electoral e investigaciones contra el Movimiento Semilla, para evitar que el izquierdista Bernardo Arévalo asuma la presidencia el próximo 14 de enero.
Esta acción provocó multitudinarias protestas sociales en distintos puntos de Guatemala, que han derivado en un paro de labores. Esta guerra jurídica ha sido duramente rechazada por Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, entre otras naciones y organizaciones.