Carmen Parejo Rendón | RT
Javier Milei, el candidato ultraliberal electo en la segunda vuelta de las elecciones argentinas, anunció como primera medida la privatización de la petrolera YPF, la empresa de energía Enarsa y los medios de prensa públicos.
Durante la campaña ya lo dejó claro: «Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado». Sin embargo, Milei, que se presentó como el presidente del «cambio», olvidó mencionar que trabajaba sobre derechos de autor impulsados por otros.
«Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado», fueron las palabras de Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos, durante el gabinete de Carlos Menem. El 17 de agosto de 1989, con la ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado, el gobierno presidido por Carlos Menem (1989-199) iniciaría el mayor proceso privatizador de la historia de Argentina.
El argumento era obtener de manera rápida fondos para paliar la (eterna) crisis económica en el país. El resultado: corrupción, pérdida de soberanía política, aumento de la dependencia exterior, merma de los derechos sociales y laborales y una fiesta que, finalmente, pagó el mundo del trabajo para el beneficio del gran capital interno e internacional.
Durante el gobierno de Menem, más de 400 empresas públicas fueron privatizadas, repartidas entre multinacionales de varios países con un beneficiario principal: el gran capital español, que recién se estrenaba en la esfera internacional.
La petrolera YPF fue vendida a la española Repsol; la empresa de telecomunicaciones Entel fue repartida entre France Telecom, Telecom Italia y Telefónica de España; Aerolíneas Argentinas fue entregada en su mayor parte a la aerolínea española Iberia; y el Sistema Eléctrico del Gran Buenos Aires (SEGBA) fue repartido entre la española Endesa, la francesa EDEF y el grupo chileno Enersis.
Para comprender el papel protagónico de las empresas españolas en este proceso, es importante entender qué estaba ocurriendo en esos años en España. Durante la dictadura franquista (1939-1975) se produjo un proceso de acumulación de capitales sin precedentes, lo que generó el surgimiento de una nueva oligarquía económica que necesitaba exportar esos capitales acumulados, un fenómeno que inició desde la llamada transición política y que se consolidó sobre todo durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar.
Así, también se produjeron una serie de privatizaciones, como es el caso de Telefónica, entre los años 1997 y 1999, o de Repsol en 1996. La «españolidad» de dichas empresas se basa en que durante años fueron de titularidad pública. Sin embargo, eso hoy en día no es así, y no solo por haber sido privatizadas y haber perdido esa titularidad pública, sino también por las propias reglas del mercado bursátil.
Aun así, los distintos gobiernos en España han basado gran parte de su política internacional en, precisamente, defender a estas multinacionales hagan lo que hagan por el resto del mundo. Porque España, como Argentina, tiene buitres y dueños.
En 2012, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció la recuperación estatal de YPF, que estaba en manos del grupo Repsol. Este asunto generó un conflicto de carácter diplomático y, sobre todo, mediático, en España y en Argentina. En España seguían los mismos dueños de siempre, pero en Argentina parecía que las cosas estaban cambiando.
Desde que YPF cayó en manos de Repsol, en 1999 hasta finales de 2011, la disminución de las reservas de petróleo de Argentina fue del 54 % y del 97 % en el caso del gas. En 2011, por primera vez en 17 años, Argentina tuvo que importar más gas y petróleo del que producía.
Con la recuperación del control del Estado, YPF pasó de una caída permanente de la producción de petróleo, gas y reservas, a un crecimiento sostenido. Las reservas en petróleo y gas crecieron un 23,8 %. En el caso del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, se pasó de tener 42 a 290 pozos en producción y de 4 a 19 equipos de perforación, con una significativa reducción de los costos de construcción de pozos, gracias a la inversión de la empresa estatalizada.
Esta tendencia volteó con la llegada a la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), actualmente aliado cada vez más visible de Javier Milei. Durante sus cuatro años de gobierno, aumentó la deuda de YPF en 2000 millones de dólares y cayó la producción de un 11% a un 15%.
Alberto Fernández, cuyo gobierno se ha caracterizado por, básicamente, no hacer gran cosa en ningún terreno sino dejando de aplicar las medidas del macrismo, ha facilitado una recuperación económica de esta empresa, pese a la sacudida en los mercados internacionales durante la pandemia del covid-19. Como con una vaca muerta, y no me refiero al yacimiento petrolífero, Argentina está siendo ojeada por buitres que se disputan devorarla.
Entre los primeros anuncios de Javier Milei, también se ha hecho pública la designación de Horacio Martín, actual director de Exploración y Producción de Tecpetrol, la mayor petrolera privada que opera en Vaca Muerta, como presidente y CEO (director ejecutivo) de YPF. Su tarea, según ha planteado el recién presidente electo de Argentina, será la de «recomponer, racionalizar sus estructuras y crear valor para que (YPF) se pueda vender de la manera más beneficiosa para los argentinos».
Al parecer este anunció habría provocado desavenencias con Mauricio Macri, que tenía sus propios planes de negocio en relación con la privatización de YPF. Como con una vaca muerta, y no me refiero al yacimiento petrolífero, Argentina está siendo ojeada por buitres que se disputan devorarla.
Más de treinta años después de las privatizaciones de Menem, y de casos de corrupción demostrados, sobornos, comisiones infladas o fusiones irregulares, algunos accionistas han cambiado. Sin embargo, lo que sigue intacto es la esencia de usar el Estado argentino como un espacio de rapiña para la acumulación de capitales, no solo en el interior de Argentina, sino como un mercado abierto para el expolio internacional.
Javier Milei no solo se une a la larga lista de liquidadores de la Argentina, sino que además demuestra ser un fraude político, ya que su «cambio» se basa simplemente en repetir los patrones de actuación que han facilitado una Argentina en crisis constante. «La historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa», decía Karl Marx. Milei es la gran farsa de la historia, la política y la economía argentina.