Raúl Antonio Capote | Granma
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, recientemente, por una abrumadora mayoría bipartidista de 352 votos a favor por 65 en contra, un proyecto legislativo que podría suponer la prohibición de TikTok en ese país, bajo la acusación de ser una amenaza para la seguridad nacional.
En un plazo de seis meses, tras la entrada en vigor de la ley, solo «salvaría» a la famosa aplicación el abandono de su empresa matriz, la compañía china ByteDance. Las razones que se esconden detrás de esta arbitraria medida son «fáciles» de comprender: TikTok es la marca con mayor crecimiento en el mundo por ingresos publicitarios. El éxito de la aplicación desconcierta a las Big Tech estadounidenses.
De hecho, los ingresos publicitarios de TikTok aumentaron un 155 % en un año, un ascenso siete veces mayor que el alcanzado por Amazon, y cuatro veces más que el de Apple, según los datos de OnlyAccounts.io. Tiktok ofrece a los grandes anunciantes tarifas mucho más baratas que las que facturan actualmente sus rivales de Google, Meta y Amazon.
Ya en el año 2020, el entonces presidente Donald Trump intentó prohibirla, junto a WeChat, de propiedad china, pero la propuesta fue bloqueada por los tribunales. Veamos algunos números: la plataforma social alcanzó ingresos récords de 16 mil millones de dólares en Estados Unidos el año pasado. ByteDance, la empresa matriz, facturó 120 mil millones de dólares.
En comparación, las entradas anuales de Meta, propietaria de Facebook y Whatsapp, sumaron un total de 134 mil 902 millones de dólares, lo que coloca a ByteDance cada vez más cerca de superar a la multinacional dirigida por Mark Zuckerberg.
La red social cuenta con unos 170 millones de usuarios en EEUU, generó 24 000 millones, y creó 224 mil puestos de trabajo directos e indirectos, según un reporte reciente de Oxford Economics.Mar.
El que hace la ley hace la trampa
La medida empleada por Estados Unidos no es una novedad, se trata de una práctica basada en una lógica mafiosa que se fundamenta en el uso de la ley, incluso con alcance extraterritorial, para dañar la economía de otras naciones, dar ventaja a sus empresas y eliminar la competencia. Para el poder hegemónico mundial estadounidense, China representa el peligro de mayor nivel; su industria tecnológica amenaza a las grandes empresas yanquis con aventajarlas en el mercado.
En esta guerra todo vale, veamos algunos ejemplos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó, recientemente, a ocho importantes empresas chinas y a 12 de sus ejecutivos, de crímenes relacionados con la producción, la distribución y la importación de fentanilo y otros opioides en EEUU. Se pretendió vincular, sin prueba alguna, a las empresas con los cárteles de la droga en México.
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, sancionó a 28 personas y compañías, de las que 25 están radicadas en China (incluidos los sancionados por el Departamento de Justicia) y tres en Canadá. No es poca cosa. Estados Unidos les prohíbe, en lo adelante, utilizar su sistema financiero, e imposibilita a los estadounidenses realizar transacciones con ellos.
Podremos apreciar el alcance de esta guerra si analizamos el caso de Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), el mayor fabricante chino de semiconductores, que tiene una cuota en el mercado mundial que oscila, actualmente, alrededor del 5 %, lo que lo acerca a la estadounidense GlobalFoundries, que consigue aproximadamente el 7 %.
Este dato refleja con claridad su relevancia en el mercado de los circuitos integrados. La respuesta de Washington a la «peligrosa» competencia china ha sido la habitual: sancionar severamente a esa compañía del país asiático.
El Gobierno de Joe Biden ha declarado, sin cortapisas, que lo que persigue es evitar que China pueda utilizar las tecnologías más avanzadas de fabricación de circuitos integrados, disponibles actualmente para desarrollar aún más su «capacidad militar». Recordemos que, en febrero de 2018, Estados Unidos declaró que los productos de ZTE no eran seguros para el público estadounidense.
Manifestaron los expertos de Washington que las compañías del gigante asiático, tanto ZTE como Huawei, significaban un potencial riesgo de espionaje, por mantener vínculos «extraordinarios» con el Gobierno chino. De hecho, el 16 de abril de 2018, ZTE se quedaría sin chips de Qualcomm para sus móviles, y otros componentes, hardware y software producidos en EEUU.
Son centenares los ejemplos que se pudieran citar, cientos de compañías de China sufren las consecuencias de una política desleal, que niega los mismos principios de la «libertad de comercio» que la Casa Blanca dice defender.
¿Sólo contra china?
La potencia del Norte siempre ha utilizado la ley para eliminar, o al menos limitar, el alcance de empresas exitosas de otras naciones, en interés de sus propias transnacionales. Al servicio de las grandes compañías han actuado sus tribunales y legisladores. Fabricantes de turbinas para generar electricidad, compañías productoras de gas, petroleras y mineras han sufrido el acoso de la administración imperial.
Por citar un caso, la decisión de EEUU de imponer aranceles superiores al 70 % a la importación de torres eólicas por parte de España, afectó a los fabricantes de estas que operan en los Astilleros del Puerto de Sevilla, y benefició a sus similares en Estados Unidos.
Otro ejemplo es el de asml Holding N.V, el fabricante neerlandés de máquinas para producir microprocesadores. El líder mundial en tecnología de fabricación de semiconductores no puede comercializar con fabricantes chinos los chips de sus equipos de litografía más avanzados. Esta compañía de Países Bajos tampoco puede entregar a las empresas chinas sus máquinas de litografía de ultravioleta profundo (UVP), lo que en la práctica les impide producir sus propios chips de vanguardia.
No se puede dejar de mencionar la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democráticas Cubanas, también conocida como Helms-Burton, dirigida a internacionalizar el bloqueo por medio de medidas coercitivas contra terceros países, a fin de obstaculizar e interrumpir sus relaciones comerciales y de inversión con Cuba.
Esta Ley ha afectado a empresas estadounidenses y de terceros países que han realizado o realizan negocios con Cuba, así como a empresas nacionales. La lista de países, entidades y personas sancionadas por Washington es extensa. Tras las bambalinas que utilizan los «defensores de los Derechos Humanos», los «luchadores contra el terrorismo» y los «protectores de la seguridad nacional» se esconde la verdad.
Entidades en todo el mundo han sido penalizadas por supuestas violaciones de los controles de exportación estadounidenses, o por actuar contra su seguridad nacional y sus intereses en política exterior. La Casa Blanca ha incluido en su «lista negra» a empresas alemanas, paquistaníes, omaníes, emiratíes y finlandesas, etc. Según rezan los avisos publicados por el servicio federal estadounidense, nadie se salva.
Además de ser una política de Estado concebida para castigar a quien no sigue los guiones establecidos por los halcones, se aplica para beneficiar a las transnacionales de ese país. Rusia, China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Nicaragua y Venezuela son objetos de leyes y sanciones extraterritoriales, violatorias del derecho internacional; una práctica que el mundo multipolar en construcción debe erradicar por completo.