Stella Calloni
El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmó el viernes pasado el triunfo de Nicolás Maduro en los comicios del pasado 28 de julio, mientras el Tribunal Superior de Justicia investiga lo ocurrido a petición del presidente electo, y citó a los nueve candidatos participantes en los comicios, los que participaron, a excepción de Edmundo González.
Mientras, se conoce más información sobre el plan elaborado en Washington, que iba a desatar una violencia extrema utilizando mercenarios como ocurrió en la madrugada del día 29, que causó daños millonarios, llegando incluso a incendiar la sede de las instalaciones electorales.
Se denunció la masiva intervención externa contra las estructuras del organismo electoral, lo cual era más que previsible, repitiéndose un escenario criminal, que dejó, en otras ocasiones, muertos y heridos, ante la feroz campaña mediática con una extraordinaria sincronización alentada, asesorada y financiada por Estados Unidos y sus más cercanos colaboradores.
Esto como parte de un plan preparado, sabiendo que lo único que no podían hacer era intervenir el sistema electoral venezolano, reconocido como uno de los más seguros del mundo y dejado como legado por el expresidente y líder Hugo Chávez Frías.
El líder venezolano anticipó lo que ocurre ahora cuando la potencia hegemónica necesita como nunca controlar colonialmente a su “traspatio” insubordinado y uno de los objetivos es socavar las elecciones, impidiendo el triunfo de los gobiernos populares y destruyendo también la unidad en la diversidad de América Latina y el Caribe, que decidió en su momento que la región es un territorio de paz.
Esta unidad de América Latina fue un obstáculo para el plan geoestratégico de recolonización de la región que pretende retrotraernos a 1823, con la Doctrina Monroe, la de “América (Sur) para los americanos (Norte)” con la que se inició la expansión colonial imperial en el siglo XIX.
No ha pasado tanto tiempo desde que olvidamos lo que somos, países dependientes que merecemos nuestra independencia definitiva en este siglo, después del genocidio al que fuimos sometidos a lo largo del pasado, a través de las dictaduras impuestas por Estados Unidos para proteger sus intereses y dominarnos colonialmente.
La Constitución de la nueva República Bolivariana de Venezuela permitió un cambio profundo en ese país ya que permitió avanzar en soberanía, recuperar el derecho sobre sus recursos naturales, frenar el saqueo y esencialmente recuperar y ampliar los derechos de las mayorías de una población mayoritariamente empobrecida e invisibilizada, que salió de la oscuridad del olvido para convertirse en un pueblo empoderado.
Que Estados Unidos y sus satélites estén al frente de los acontecimientos violentos y reconozcan estos días a la oposición como ganadora, sin ninguna razón, sin cifras, sin nada, no es sorprendente porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo y otros valiosos recursos y una posición territorial estratégica, pero también un gobierno inquebrantable en sus principios, lo que debe enorgullecer a nuestro pueblo.
Es muy grave el hecho de que algunos gobiernos y políticos de nuestra región desconozcan el sistema electoral venezolano y si lo supieran es aún más peligroso porque fueron cooptados por la feroz campaña mediática, saliendo a pedir “las actas” y violando la autodeterminación de los pueblos.
El 28 de julio a las 4:00 pm, antes de concluir el proceso electoral, la opositora María Corina Machado, intentó cerrar anticipadamente los comicios y salió a decir que la oposición había triunfado. En su empeño disparó una inadmisible e inconcebible cifra de 70 por ciento a su favor, para exigir las actas y proclamar un fraude que nunca existió.
Según el sistema en un primer conteo, cuando aparecen resultados con cifras que son irreversibles, el Consejo Nacional Electoral anuncia al ganador y tiene entre 48 o 72 horas y hasta 30 días para dar los resultados definitivos, que pueden ser auditados abiertamente.
Las actas iban a ser exhibidas en el momento oportuno como siempre se hizo y su plan era anticiparse a dar resultados falsos exigiendo precisamente “mostrar” las actas. Mientras tanto, según informó el presidente Maduro, si los primeros resultados se demoraron fue porque el sistema fue hackeado varias veces hasta que los técnicos lograron ubicar de dónde provenía el ataque. Esto está bajo investigación del Tribunal Supremo de Justicia.
Lo que no podemos ni debemos olvidar es la posición asumida por partidos o sectores políticos que muchas veces fueron ayudados por la generosidad y solidaridad de los gobiernos del Partido Socialista Unido (PSUV) de Venezuela. Son las mismas personas a las que nos hubiera gustado ver salir a la palestra para denunciar el genocidio contra el pueblo palestino, que Israel sigue agravando día a día.
Nunca antes habíamos presenciado un genocidio televisado día a día, donde se puede ver la crueldad del bombardeo de escuelas, hospitales, edificios habitados por miles que quedaron bajo los escombros, también refugios de las Naciones Unidas, destrucción de ambulancias e impedimentos a la llegada de ayuda humanitaria, urgente. Escuchar que el Congreso israelí justifica la tortura de prisioneros palestinos, incluidos niños, mujeres y ancianos, es una afrenta a las víctimas del Holocausto.
Lo sorprendente es lo que está sucediendo en Argentina, cuya regresión nos retrotrae al siglo XIX y estamos bajo una dictadura encubierta que cada día da un paso más, como hoy cuando el gobierno de Javier Milei envía al Congreso un proyecto para que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interior, cuando su papel es cuidar la cada vez más lejana soberanía de nuestra patria.
Milei está entregando la patria y todos sabemos quiénes son los verdaderos gobernantes detrás del trono, quiénes siembran pobreza, indigencia, desempleo, dolor e injusticia, y quiénes son los responsables de la represión, amenazas y persecución política que se incrementará con el plan del Ministerio de Seguridad Nacional que prevé una “ciberpatrulla”, una autorización para espiar a todos los ciudadanos, pinchar sus teléfonos, computadoras etc. como solo puede ocurrir en una dictadura.
También permite allanamientos por sospecha. Todos nos convertimos en supuestos “enemigos internos”, y nadie dice nada sobre la guerra que nos imponen, una contrainsurgencia de baja intensidad, híbrida como la quieren llamar, que termina en persecución política, en represión ilegal. Una guerra por distintos medios con un mismo objetivo criminal.
En medio de la tragedia que vive el pueblo argentino, ocurrió lo imprevisible. El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (peronismo) difundió un comunicado en el que sostienen que es “imprescindible” que el régimen (como lo llaman) de Nicolás Maduro publique las actas de las elecciones en Venezuela, instando a las Fuerzas de Seguridad a “actuar conforme a los estándares del derecho internacional”.
Es bueno recordarles lo que pasó en Brasil cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganó en Brasil, en diciembre de 2022, cuando los violentos ultraderechistas del candidato a la reelección Jair Bolsonaro, iniciaron un violento ataque al Congreso, la casa presidencial, edificios gubernamentales para provocar un golpe de Estado. Si las fuerzas de seguridad no hubieran actuado, el país habría sido incendiado.
La pregunta es: ¿por qué el gobierno de Venezuela se cruzaría de brazos cuando están incendiando el país, sabiendo que ya habían descubierto el plan de producir un gran apagón en varias zonas del país, para impedir las elecciones?
Son los mismos que en 2017 rociaron gasolina a quienes consideraban “chavistas” y los quemaron vivos y han intentado decenas de golpe de Estado y hasta un plan de invasión militar estadounidense, que dejó muerte y destrucción. También es necesario recordar que Venezuela ha sido víctima de un feroz bloqueo durante una década y de una implacable guerra económica.
Por todo ello resulta incomprensible que el bloque de diputados peronistas exigiera “la reconstrucción del diálogo político y la plena vigencia del Estado de derecho”, lo que en realidad debería haber sido exigido al gobierno ultraderechista de Milei.
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Aunque el peronismo no reconoció que hubo fraude en las recientes elecciones del domingo pasado, los diputados afirmaron que “el presidente Maduro “es responsable de garantizar que el escrutinio sea transparente”, y la exhibición de las actas ante los observadores de las fuerzas políticas nacionales e internacionales, como paso indispensable para disipar cualquier cuestionamiento sobre el resultado de la elección”, algo a lo que el Mandatario nunca se negó y que está previsto en el sistema electoral venezolano.
Al parecer no conocieron los contundentes informes de los observadores internacionales, entre ellos el Partido de los Trabajadores de Brasil, y los de Argentina, Chile y otros países que verificaron la corrección del Consejo Electoral y el funcionamiento del sistema electoral venezolano, como ya dijimos, uno de los más seguros del mundo.
Los únicos medios televisivos que tienen noticias veraces de lo que vivimos acá se han prestado para acallar la voz del gobierno de Nicolás Maduro, y curiosamente estuvieron pegados a las acciones de la ultraderechista Milei respecto a Venezuela, “alineada” con Estados Unidos e Israel. La embajada argentina nunca estuvo en peligro, ni tampoco los seis solicitantes de asilo, todos ellos parte del golpe de Estado en Venezuela.
Y si hubo algún peligro en las embajadas fue lo que ocurrió aquí en Buenos Aires, cuando la sede diplomática venezolana fue rodeada por un centenar de venezolanos residentes aquí, encabezados nada menos que por la reaccionaria ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y otros funcionarios, con la decisión confirmada por el funcionario de ingresar al lugar cuando se anunció la victoria de la oposición.
¿Con qué derecho es posible quejarse cuando ni siquiera se ha cerrado el conteo de votos y además sin conocer siquiera el sistema electoral venezolano? ¿Era necesario enviar un comunicado así, como el enviado por el partido Renovador, contra un país y gobierno hermano? Es necesario tener una reflexión y una disculpa ante esta intervención indebida, cuando hay tanto silencio ante la dictadura que aquí avanza, hora a hora.