Carmen Parejo Rendón | RT
Las elecciones presidenciales en México tuvieron lugar el pasado 2 de junio, sin embargo, aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) ya hizo pública la ventaja obtenida por Claudia Sheinbaum frente a Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, lo cierto es que, atendiendo a las leyes mexicanas, tras la contienda electoral deben pasar varios procesos y verificaciones, antes de que, cómo ocurrió en estos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valide la elección y otorgue una constancia de mayoría al candidato más votado.
Este proceso se ha demorado un par de meses debido fundamentalmente a dos motivos: por un lado, las impugnaciones presentadas por la candidata Xóchitl Gálvez y los partidos PRI, PAN y PRD. Por otro, porque debía hacerse público el cómputo total de todas las mesas electorales. Este procedimiento, natural en cualquier elección independientemente de que cada nación establezca distintos parámetros en sus leyes, es algo habitual y, además, es una garantía para cualquier proceso.
En ese sentido, deberíamos preguntarnos: ¿por qué a Venezuela se le están exigiendo actas y datos completos oficiales antes de que haya acabado el plazo que su ley establece para ser presentados?, ¿por qué nadie parece tener en cuenta que se ha producido un ataque cibernético masivo y que este elemento influye de forma lógica en la demora del acceso a datos en la red? Y más aún, ¿por qué esta situación ha adquirido un carácter internacional, donde todos parecen creer tener derecho a opinar e incluso a exigir por encima de las leyes venezolanas?
En primer lugar, durante meses, tanto María Corina Machado como su candidato, Edmundo González, iniciaron una campaña mediática en la que planteaban la duda sobre el sistema venezolano. Sin embargo, cabe destacar que, pese a estos supuestos temores, Edmundo González, finalmente, se presentó a estas elecciones. ¿Por qué si desconfiaban del sistema electoral venezolano decidieron presentarse?
La ruta de la oposición radical
Lo cierto es que esta actitud no es novedosa dentro de la parte más reaccionaria de la llamada oposición venezolana que, por costumbre, ha desconocido todos los procesos electorales en el país, salvo los que les han otorgado la victoria. Por ejemplo, las elecciones a la Asamblea Nacional en 2015. La lógica no tiene error: «o he vencido yo o las elecciones fueron fraudulentas».
No obstante, esta estrategia histórica de ciertos sectores de esta oposición en Venezuela se da en un contexto más amplio.
«Las denuncias de fraude electoral de Milei emulan las estrategias de Trump y Bolsonaro. El economista libertario de extrema derecha Javier Milei podría ganar la presidencia de Argentina el domingo. Si no lo consigue, ya ha planteado que sería por fraude», señalaba el medio The New York Times en noviembre de 2023.
Ese medio y otros han denunciado, durante estos últimos años, una estrategia compartida y extendida por una serie de políticos reaccionarios en distintas partes del mundo. ¿No es sospechoso que estos mismos medios ni siquiera se hayan cuestionado que podríamos estar ante un caso similar?
Sobre todo, después de que el equipo de María Corina Machado presentara en un sitio web —no ante los organismos judiciales competentes— unas actas fraudulentas; o que este mismo equipo, al ser interpelado por el Tribunal Supremo venezolano —que investiga tanto la acusación de fraude como el ciberataque que denuncian las estancias estatales— dijera no tener actas en su poder.
Algunos actores internacionales, en medio de este contexto, han pedido diálogo e incluso un gobierno de cohabitación. Esto nos lleva a otra pregunta: ¿es posible negociar con un grupo político que solo acepta la realidad si esta le beneficia en solitario? ¿Han mostrado históricamente estos sectores de la oposición venezolana algún interés en solventar la crisis en su país o, por el contrario, han favorecido climas de tensión y situaciones de violencia?
A partir del triunfo de Hugo Chávez en 1999, las distintas estrategias para hacer caer el proceso popular en Venezuela han sido variadas. Desde el golpe de Estado contra Chávez en 2002, hasta una guerra híbrida, mediática, política y económica que sobre todo se acentuó tras la partida física de Hugo Chávez y el inicio de los gobiernos de Nicolás Maduro.
Como parte de estas agresiones podemos destacar las más de 900 medidas coercitivas impuestas por EE.UU. contra el país suramericano, que ha supuesto una merma considerable de sus capacidades económicas, y las otras tantas, impuestas por la Unión Europea.
Parte de esa oposición venezolana que hoy nos tratan de vender como «democrática», exigía —y aún exige—, estas medidas coercitivas que saben que, sobre todo, tienen una fuerte repercusión en la calidad de vida de los venezolanos.
Igualmente, la guerra política de esta supuesta «oposición democrática» del país suramericano se escenificó con la creación de un gobierno paralelo, liderado por Juan Guidó, que, pese a no tener la capacidad de articularse a nivel interno, sirvió para el robo de los activos del país en el extranjero, así como otras prácticas de corrupción que aún no podemos siquiera conocer las consecuencias de las mismas en su totalidad.
Esta oposición también se ha destacado por generar escenarios de violencia directa contra la población, a través de las llamadas guarimbas, donde se atacó e incluso se quemaron vivos seres humanos solo por tener «apariencia de chavistas», es decir, por su color de piel y situación económica. ¿Saben los gobiernos occidentales a qué clase de gente están apoyando?
Dentro de esta estrategia de violencia directa destaca en 2014 la operación ‘La Salida’, que supuso el asesinato de casi medio centenar de personas, y cuyo máximo responsable, Leopoldo López, hoy se encuentra viviendo una opulenta vida en Madrid, protegido por el gobierno de España, que lo considera un «refugiado político».
El 8 de enero de 2023, partidarios de Jair Bolsonaro asaltaron las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo en Brasilia, exigiendo una intervención militar en el país para derrocar a Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido su cargo como presidente unos días antes. Tras estos hechos, la Justicia brasileña ordenó la detención de 2.170 personas. El propio expresidente, Jair Bolsonaro, junto con miembros de su gabinete y militares de alto rango, han sido investigados en relación a su implicación en estos hechos.
¿Por qué Venezuela no puede, así como de forma lógica hizo Brasil, aplicar sus leyes contra aquellos que incitan a la violencia, la cometen o promueven golpes de Estado? Quizás la respuesta a este escenario tan anómalo sea cruelmente sencilla.
Los recursos venezolanos
Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Durante años, hasta la llegada de Chávez al poder, se favoreció un sistema rentista que originó una oligarquía parasitaria dependiente de un gran negocio internacional, especialmente de EEUU y algunos países europeos.
No nos llevemos a engaños. Volver a esa situación de saqueo previo ejecutado por esa oligarquía parasitaria, profundamente racista y clasista venezolana, es lo que los grandes medios internacionales y líderes políticos occidentales están llamado estos días «democratizar Venezuela».