Fabrizio Casari
* “Estas ONG no fueron ciertamente el producto espontáneo de generosos filántropos venidos del exterior: las más importantes en Nicaragua pertenecían a la familia Chamorro y al ex MRS, que a través de ellas recibían dinero y apoyo político de Miami y Washington”.
La nueva ley que regulará las actividades de las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, delineando los contornos de sus funciones, se denomina “Alianza de Asociación”. La nueva ley redefine y precisa su naturaleza jurídica, señalando la asociación con el Estado nicaragüense como la única forma contractual posible para su trabajo.
En esencia, la nueva ley se basa en dos aspectos, uno de carácter jurídico-administrativo y otro de carácter eminentemente valorativo, vinculado directamente con los fines del trabajo de las ONG, que no pueden dejar de contemplar la presencia de un carácter subsidiario basado en el principio de solidaridad y cooperación.
En el primer aspecto, la ley retorna y amplía disposiciones anteriores en la materia, inspiradas en la ley aprobada por el gobierno neoliberal de Violeta Chamorro en 1995, posteriormente actualizada tras el intento de golpe de Estado de 2018. Reitera la obligación de transparencia administrativa para todas las asociaciones y, de manera significativa, ordena el monitoreo constante de los fondos, su estricto cumplimiento y la correcta declaración de los flujos de gastos. Reitera la obligación de informar sobre los fondos provenientes del exterior y de instituciones extranjeras y la obligación de documentar su monto, finalidad y uso.
Sobre este tema, considerando la obligación que se deriva de la membresía de Nicaragua en el foro internacional que lucha contra el lavado de activos y el tráfico ilícito de divisas, poco se puede decir. La ley avanza en la dirección correcta, que ve al Estado como responsable del buen funcionamiento y correcto desempeño de cualquier entidad, sea privada, pública o internacional, que opere en el territorio nacional.
Es en el plano estrictamente valorativo donde la nueva ley presenta una novedad respecto a leyes anteriores e incluso similares vigentes en otros países, a saber, el carácter asociativo con el Estado. En la práctica, el Estado nicaragüense ofrece y exige a las ONG un esquema de colaboración definido como “Alianza de Colaboración”.
La ley especifica que la presencia de la ONG, acompañada de la documentación general y detallada sobre los proyectos a realizar, debe ser enviada al Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores, y obliga a cada ONG a presentar propuestas detalladas sobre temas específicos según su misión o vocación. Estas propuestas, una vez comprobado el interés público, formarán la base de la “Alianza de Colaboración” con el Estado, en cuyo marco se realizarán las actividades de las ONG.
Por supuesto, el Gobierno podrá aceptar o no los proyectos, pero en todo caso velará por que todas sus actividades se realicen conforme a la ley, como garantía mutua. Una vez finalizado un proyecto en su totalidad, será posible pasar a una nueva propuesta. Es claro, sin embargo, que ningún proyecto estará exento de las obligaciones fiscales correspondientes: lo que, además de representar un principio de validez jurídica, evita potencialmente cualquier tipo de ventaja que pudiera dar lugar a una posible competencia desleal con empresas nacionales que quieran probar suerte en proyectos similares.
Esta ley es sin duda una novedad para todos los países con presencia de organizaciones no gubernamentales, pero si la examinamos más de cerca encontramos una concepción precisa de la actividad de las ONG. En efecto, se trata del principio de subsidiariedad, en virtud del cual las ONG actúan o deben actuar. Es decir, actuando para complementar y ayudar a las obras públicas y actividades sociales del Estado con proyectos específicos. Anuncia un control riguroso del cumplimiento de los proyectos aprobados y precisa la finalidad del trabajo de las ONG en el terreno, que sólo puede darse en un contexto de solidaridad y fraternidad con el bien de Nicaragua como fin último.
La actualización de la ley, que establece el marco general en el que las ONG deben ejercer su papel de apoyo subsidiario a la creación de obras sociales, se hizo necesaria precisamente por el ya establecido papel de desestabilización sociopolítica que muchas ONG desempeñan al actuar como representantes de los intereses de Washington.
Como se ha demostrado en Nicaragua, pero también en Cuba y Venezuela, el gobierno de EEUU y la Unión Europea (UE), en alianza con las jerarquías eclesiásticas, los grandes terratenientes y la derecha golpista, han jugado un papel subversivo y provocador. (….) Hasta 2018 no estaba claro el papel estratégico de las ONG en los procesos subversivos al interior de los países que EEUU y la UE pretenden desestabilizar y conducir hacia la crisis política.
Estas llamadas ONG, financiadas por diversas agencias estadounidenses, en lugar de trabajar (…) con organizaciones públicas y comunitarias (como hubiera sido su tarea) se dedicaron durante años a organizar a la oposición, la educación política, la construcción del disenso y la preparación de sectores sociales e individuos para la confrontación con la autoridad política gobernante legítima y democráticamente elegida.
En 2018 demostraron claramente en Nicaragua que, lejos de representar una dimensión de solidaridad y generosidad, eran una fuerza de oposición agresiva, lobos disfrazados de corderos cuando estaban frente a las cámaras… Su misión, una vez iniciada la fase del horror, pasó a ser la de convertir a matones armados en estudiantes pacíficos y culpar de sus crímenes a una fuerza policial que, obedeciendo las órdenes del presidente, estaba estacionada en sus comisarías.
El objetivo era difundir una imagen totalmente distorsionada de lo que estaba sucediendo, para influir positivamente en la opinión pública internacional y predisponerla a una intervención extranjera si las condiciones eran las adecuadas. Junto con la Iglesia Católica, las ONG representaban la hipócrita y falsa punta de espada del golpe, su cara enmascarada utilizada para justificar lo injustificable, así como el recaudador de fondos internacionales que funcionaba sin control… Los dólares destinados al golpe llegaban a las cuentas de las ONG y de la Iglesia y desde allí se distribuían a los terroristas alistados.
En efecto, las ONG se han multiplicado en Nicaragua: hay miles y miles de ellas. Una proliferación extraña que, sin embargo, responde a los intereses de la Casa Blanca, que ha encontrado en ellas un canal de financiación fiable y oficialmente insospechado. La legislación estadounidense, a través de las reglas de transparencia administrativa de sus agencias como la USAID y muchas otras, permite la financiación de ONG que, en América Latina y desde hace al menos 15 años, han modificado genéticamente su misión en ámbitos en los que Estados Unidos necesita intervenir desde dentro.
Esto ocurre con las organizaciones sin fines de lucro, las asociaciones y las organizaciones de derechos humanos: verdaderos canales de financiación para construir y defender el proyecto intervencionista primero y golpista después. Estas ONG no fueron ciertamente el producto espontáneo de generosos filántropos venidos del exterior: las más importantes en Nicaragua pertenecían a la familia Chamorro y al ex MRS, que a través de ellas recibían dinero y apoyo político de Miami y Washington.
Esta nueva ley pone fin definitivamente a la era en la que métodos actualizados de penetración habían consagrado la voluntad eterna de intervención directa en la vida política, social, cultural y mediática del país.
Hoy, frente a cualquier posible injerencia, Nicaragua está dotada de un instrumento legislativo que defiende el principio de solidaridad, pero lo orienta en la dirección de los intereses nacionales. Representa la voluntad de estar abiertos a la contribución de las personas honestas y la capacidad de cerrarse a las injerencias; es la capacidad de desenmascarar las operaciones desestabilizadoras y de valorar el bien común y las necesidades populares. Es el respeto a éstas, así como a la institucionalidad del país, lo que instaura la acogida y la solidaridad, las alianzas y el compartir. Esto abre los brazos de la nación, pero agudiza su visión e impide que la cooperación se transforme en conspiración. Esa es la tarea.