Laura Mercedes Giraldez | Granma
Las medidas coercitivas unilaterales (MCU) a las que el Gobierno de Estados Unidos ha sometido a Venezuela, provocaron –según un estimado– la contracción del 37 % del PIB per cápita en este país.
Sin duda, «el impacto de las sanciones sectoriales y secundarias es indiscriminado y deliberado. El dolor económico es el medio por el cual se supone que funcionan. Pero no son los funcionarios venezolanos quienes sufren los costos. Es el pueblo venezolano».
Así lo calificó el congresista Jim McGovern en la carta que envió, en mayo de 2021, al presidente Joe Biden, en la que también demanda el cese del régimen sancionatorio.
Su planteamiento es apoyado por un informe que publicó el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), en el que expertos estadounidenses especializados en esas áreas analizan el contexto en el que se desarrollaron las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Según el estudio, y como ya es sabido, EE. UU. «ha intervenido fuertemente en Venezuela durante los últimos 25 años, comenzando con el golpe militar de 2002». Incluye el paro petrolero de los años 2002-2003 y la progresiva imposición de sanciones económicas desde 2004.
De acuerdo con el licenciado Fernando Camejo Pérez, especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, «el sistema de medidas coercitivas unilaterales hacia Venezuela se basa en la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela (Public Law 113-278), del 18 de diciembre de 2014, y en la Orden Ejecutiva 13692 (Decreto Obama), del 8 de marzo de 2015».
A ellas se suman siete órdenes ejecutivas y otras tantas emitidas por el Congreso las que se complementan «con las regulaciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la aprobación de fondos federales a la subversión interna y la ejecución de acciones de política exterior dirigidas a coaccionar a socios económicos del país».
No obstante, el impacto de las medidas y de la actividad injerencista en esta nación va más allá de los ámbitos económico y político. Su peso no solo recae sobre los sectores financieros y empresariales, y algunos funcionarios «no convenientes». Según el documento del CEPR, «han cobrado decenas de miles de vidas, además de causar daños devastadores a la salud pública».
Ahora bien, ¿qué se logra con la asfixia económica al pueblo? Evidentemente, esas son un mecanismo de condicionamiento que se inserta dentro de la guerra híbrida contra la nación sudamericana.
Atacar de manera directa la economía familiar y el bienestar de la población acarrea el descontento, la incomodidad, la insatisfacción e incluso, la percepción –para algunos– de que mantener un Gobierno socialista implicaría la persistencia o el recrudecimiento de las sanciones.
Podríamos decir que la campaña electoral de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fue la escalada de sanciones y amenazas que precedió al sufragio. Pero la disputa, en los comicios y tras ellos, no ha sido entre esa dupla y Nicolás Maduro, sino entre Estados Unidos y lo que representa el chavismo para Washington.