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La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció planes de fuerzas opositoras para impulsar un golpe de Estado como el del 2009 y destruir su Gobierno del socialismo-democrático y el proceso para las elecciones generales del año próximo.
«El plan para destruir mi Gobierno socialista-democrático y el próximo proceso electoral están en marcha», advirtió la mandataria en una cadena nacional de radio y televisión en medio de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, cuya embajadora, Laura Dogu, fue acusada la semana pasada de actos injerencistas en los asuntos internos de Honduras.
«Las mismas fuerzas oscuras internas y externas del 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional, se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler», subrayó.
«Como lo expresé en días anteriores, después de las amenazas de la embajadora de Estados Unidos, acusando al jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas y al ministro de defensa de narcotraficantes, ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo», enfatizó.
La cadena nacional ocurrió horas después de que la empresa estadounidense InSight Crime publicara un vídeo de hace 11 años de una reunión de narcotraficantes hondureños con políticos locales, entre ellos, el hasta el lunes diputado del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro.
«Pueblo hondureño, en relación al video del 2013 publicado hoy en redes, condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos», afirmó la gobernante.
El legislador Zelaya, quien renunció el 2 de septiembre para enfrentar las acusaciones sin los privilegios de inmunidad de la condición de diputado, es hermano del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por el golpe militar del 28 de junio de 2009 y esposo de la gobernante.
El 31 de agosto pasado el entonces ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, hijo del ex legislador, presentó también su renuncia para defender el honor y prestigio de su padre, quien, tras presentarse voluntariamente ante la Fiscalía a declarar, negó vínculos con el narcotráfico y aseguró que la reunión con los narcos fue una trampa que le tendieron.
Tras las declaraciones de Dogu el pasado 28 de agosto, la presidencia acusó de intervencionismo a la diplomática y denunció el tratado de extradición vigente con Estados Unidos, ante el cual su gobierno, señaló, mantuvo un compromiso como parte de la lucha contra el narcotráfico.
«Pero no permitiré que se instrumentalice selectivamente el tratado vigente con Estados Unidos para desarticular las Fuerzas Armadas, derrocar mi gobierno y destruir las elecciones», afirmó.
Tras la comparecencia de la mandataria, los ministros de Seguridad, Gustavo Sánchez, y la nueva de Defensa, Rixi Moncada, leyeron un listado de personas que están en proceso de investigación en Estados Unidos por casos relacionados con supuestas actividades del narcotráfico. Posteriormente, la presidenta solicitó a la fiscalía general de la República investigar y someter a la justicia todos los casos denunciados «sin ninguna selectividad para el combate a la narcoactividad».
«Respetuosamente solicito al Congreso Nacional, donde mi partido [Libre] está en franca minoría, reformar toda la normativa legal para que la fuerza de seguridad del Estado, actualmente limitada, combata con fuerza esta criminalidad organizada», manifestó.
A la ministra de Defensa le ordenó proveer todas las herramientas y la tecnología que requieran las Fuerzas Armadas para impedir que Honduras siga siendo utilizada como puente para el tráfico de la droga desde los países productores de Suramérica a su mercado mayor de consumo, Estados Unidos.