¿Se trata de una acción concertada? A lo mejor. Pero es curioso que repentinamente grupos opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega, en Nicaragua, y al presidente Juan Manuel Santos, en Colombia, coincidan en sus críticas vehementes y hasta violentas en contra del canal interoceánico de nuestro país.
En Nicaragua, este 24 de diciembre hubo dos muertos en el transcurso de un sangriento enfrentamiento entre simpatizantes de grupos políticos y ONG opositoras, y efectivos antimotines de la Policía Nacional.
En Colombia, mientras tanto, no son pocos los que conminan al presidente Santos a retomar su retórica en contra del cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Justicia (CIJ).
Si Santos cumple, estaría dando –por supuesto sin pretenderlo-, un espaldarazo a la gestión del presidente Daniel Ortega, bajo cuyos mandatos se logró la recuperación de una importante porción del mar Caribe que Colombia nos había arrebatado.
Sabemos que existen acercamientos entre la oposición de nuestro país y adeptos al ex presidente Álvaro Uribe, quien ha pedido públicamente el desconocimiento del fallo de La Haya y hasta un cerco marítimo en contra de Nicaragua con sus fragatas de guerra.
Como apuntábamos antes, el canal de Nicaragua ha unido a los colombianos que buscan revertir el fallo de la CIJ, y a los nicaragüenses que no desean se construya debido a que significaría un logro nunca antes visto para un partido político del terruño, en este caso, el FSLN.
Repentinamente ultra defensores de la propiedad privada, pese a que muchos de ellos habitan en casas confiscadas al somocismo, la presunta amenaza de expropiación a campesinos ubicados en la ruta del canal ha sido la excusa para desatar la violencia en Nicaragua, tal es el caso de la sangre derramada por policías y pobladores en El Tule.
En Colombia, el último asidero de los uribistas ha sido la reserva marítima Seaflower, buena parte de la cual pertenece a Nicaragua tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Diversos políticos opositores de la nación sudamericana se han lanzado en contra del presidente Santos, exigiéndole abandone la “timidez y poca vehemencia” con que ha defendido lo que ellos llaman “el mar de San Andrés”, una ínsula que también perteneció a Nicaragua y que La Haya decidió dejársela a Colombia para “empatar” el lío territorial.
“Es increíble que tenga que ser Noemí Sanín quien esté defendiendo con tanta vehemencia el mar de San Andrés y la reserva de Seaflower y no sea la Cancillería ni Santos los que lo estén haciendo. Es increíble que personas ajenas al gobierno se tengan que tomar la vocería de lo que el gobierno debería estar haciendo”, manifestó el representante a la Cámara del Centro Democrático, Federico Hoyos.
Agregó que “eso sorprende pero aplaudo esa valentía de Noemí. El Gobierno ha sido silencioso, cauto e incluso poco claro en la defensa del mar de San Andrés y de Seaflower”.
Según el congresista Hoyos, es urgente que el presidente Santos reúna a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para tocar concretamente el tema del Seaflower y la afectación que tendría la megaobra (canal interoceánico) nicaragüense.
Dijo que “la afectación del Seaflower, que es patrimonio de la humanidad declarado por la Unesco, es un hecho sobreviniente que obliga al Gobierno colombiano a desconocer y a no aplicar el fallo de La Haya. Está afectando un patrimonio colombiano, no nicaragüense. Es un patrimonio de la humanidad”, aseguró.
Mientras eso ocurre en Colombia en contra de nuestra vía interoceánica, cuya construcción ya empezó, en Nicaragua partidos como el MRS y otros lucen dispuestos a incendiar el país con tal de lograr sus propósitos políticos frustrados en anteriores elecciones.
Ya hay dos muertos y más de una veintena de heridos. No creemos que las bases del sandinismo se queden de brazos cruzados ante el peligro de gente que agredió a la Policía con armas de todo tipo, incluyendo de fuego. Ojalá que los incitadores de la violencia reflexionen por el bien de Nicaragua, no queremos más sangre inocente derramada.