* Acusó además al jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velázquez, de ser un peón de Estados Unidos que se comporta como un «candidato presidencial”. “Con los intereses de la embajada de Estados Unidos detrás se siente todopoderoso y responde indudablemente a esos intereses”, señala.
El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, acusó desde la cárcel a Estados Unidos de iniciar una nueva era de injerencia en Centroamérica a través de la interferencia en la justicia con organismos anticorrupción como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que provocó su caída el mes pasado.
Pérez Molina renunció en septiembre tras ser acusado por el organismo y la Fiscalía de dirigir una mafia aduanera junto con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, si bien se ha declarado inocente.
Estados Unidos había presionado al exmandatario este año para purgar su gabinete y renovar el mandato de este ente autónomo respaldado por la ONU a cambio del apoyo de Washington a la Alianza para la Prosperidad, un plan de desarrollo clave para la región, dijeron el mes pasado fuentes citadas por la agencia británica de noticias Reuters.
En una entrevista con esta misma agencia desde una cárcel militar en la capital del país, Ciudad de Guatemala, Pérez Molina sostiene que la Casa Blanca ha cambiado la tradicional intervención con armas y soldados por una nueva forma de defender sus intereses en la región con estas comisiones anticorrupción.
«Esto es una nueva forma de injerencia. Esta es la única comisión de todo el mundo en la que un país cede uno de los puntos más esenciales de la soberanía, como es la aplicación de la justicia. Es una comisión que no rinde cuentas a nadie», sostiene.
«Aquí es la decisión de (Estados Unidos de) querer tener injerencia en el país y ante eso no le importa llevarse a quien se tenga que llevar (por delante)», ha agregado el mandatario guatemalteco.
Pérez Molina, que se encuentra preso a la espera de juicio, ha lamentado además haber cedido a las exigencias de Washington y ha acusado directamente al vicepresidente estadounidense, Joe Biden, de liderar el plan para exportar estos organismos a la región. «Lo que quería hacer (Estados Unidos) era poner el pie aquí y en Honduras y El Salvador», añadió.
Presión de alto nivel
Pérez Molina aprobó a regañadientes en abril extender la operación de la Cicig en Guatemala dos años más, porque temía que no hacerlo daría la percepción de que «ocultaba algo», y criticó a Biden por su interferencia en asuntos internos.
«Dos veces con el vicepresidente Biden personalmente, y por lo menos dos veces más por teléfono (…), me dijo que (renovar la Cicig) era una condición (para la Alianza)», ha manifestado.
«Iba más allá, porque el vicepresidente me pidió que la Cicig se convirtiera regional, que hubiera una Cicig en Honduras y en El Salvador», ha manifestado el expresidente en un pequeño patio amurallado y custodiado por diez guardias.
La presión estadounidense llega en momentos en que Washington busca redefinir su relación con América Latina, especialmente en Centroamérica, donde respaldaron un golpe en Guatemala en 1954 y apoyaron a los rebeldes Contra en Nicaragua en la década de los ochenta.
Una portavoz de Biden ha respondido que el vicepresidente «siempre ha dejado claro a los líderes de toda la región centroamericana que la ayuda de Estados Unidos solo sería posible si continuaban haciendo progresos para atajar la corrupción».
En sus conversaciones con Pérez Molina, ha agregado la portavoz, Biden enfatizó la importancia de renovar a la Cicig y resaltó que la comisión es «un modelo a emular por otros países», pero no especificó si puso alguna condición al respecto. Sin embargo, la portavoz no se ha pronunciado sobre las acusaciones de injerencia.
«Todopoderoso»
Pérez Molina ha acusado además al jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velázquez, de ser un peón de Estados Unidos que se comporta como un «candidato presidencial (…) consumido por su propio ego». «Con los intereses de la embajada de Estados Unidos detrás, se siente todopoderoso y responde indudablemente a esos intereses», ha sostenido.
Además, ha detallado que Washington, a través de su embajador en el país, Todd Robinson, también le exigió cambios en su gabinete, comenzando por la vicepresidenta Baldetti, quien renunció en mayo y posteriormente fue imputada por el caso.
«Le dije al canciller (de Guatemala): ‘Dígale al señor (Robinson) que entienda cuál es su trabajo aquí: es el embajador (de Estados Unidos), no es el presidente del país», ha relatado, agregando que hizo cambios en su Gobierno «pero no en la forma, ni a los (funcionarios) que querían».
El expresidente fue uno de los principales defensores de la Alianza para la Prosperidad, un plan de 20.000 millones de dólares ideado en 2014 por Guatemala, Honduras y El Salvador para frenar el éxodo masivo de migrantes a Estados Unidos que huyen de una de las regiones más pobres y violentas del planeta.
Sin embargo, el apoyo prometido por el Gobierno de Barack Obama en medio de la crisis de menores centroamericanos no acompañados que desbordaron la frontera sur del país norteamericano el año pasado se fue reduciendo y el Congreso podría aprobar apenas mil millones de dólares en 2016.