HispanTV
* El diario argumenta que la CPI está diseñada para intervenir en países que carecen de medios o mecanismos para investigarse a sí mismos, lo cual, asegura, “no es el caso de Israel”. La publicación sostiene que, como democracia, Israel cuenta con las herramientas necesarias para procesar internamente posibles abusos.
En su editorial del 25 de noviembre, The Washington Post cuestiona las órdenes de arresto emitidas contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, calificándolas de medidas que “socavan la credibilidad de la Corte Penal Internacional (CPI) y refuerzan las acusaciones de hipocresía y persecución selectiva”.
El texto argumenta que la CPI está diseñada para intervenir en países que carecen de medios o mecanismos para investigarse a sí mismos, lo cual, según el diario, “no es el caso de Israel”. La publicación sostiene que, como democracia, Israel cuenta con las herramientas necesarias para procesar internamente posibles abusos.
En este sentido, el editorial señala:
“Israel debe rendir cuentas por su conducta militar en Gaza. Tras el fin del conflicto —largamente esperado—, seguramente habrá comisiones de investigación judiciales, parlamentarias y militares en Israel. Su dinámica e independiente prensa llevará a cabo sus propias investigaciones. Algunos soldados reservistas israelíes ya han sido arrestados por acusaciones de abuso contra detenidos palestinos, y se prevé que sigan más investigaciones”.
La Corte Penal Internacional (CPI) fue creada como un pilar del sistema internacional de justicia penal, con el objetivo de garantizar la imparcialidad en la selección de casos y asegurar que las violaciones más atroces a los derechos humanos no queden impunes.
Sin embargo, al pedir explícitamente que Israel quede fuera de la jurisdicción de la CPI, The Washington Post defiende, en esencia, que la corte se limite a países no occidentales, considerados caóticos, no democráticos y carentes de instituciones lo suficientemente fuertes como para “investigarse a sí mismos”.
La postura del Post, al sugerir que la CPI enfoque su atención casi exclusivamente en naciones pobres y débiles, mientras deja de lado a otras como Estados Unidos o Israel, no solo socava la credibilidad de la institución, sino que evidencia una agenda basada en una visión liberal.
Desde esta perspectiva, las naciones occidentales serían las únicas capaces de acceder plenamente a los beneficios de la democracia y, en caso de necesitar algún tipo de corrección, contarían con las herramientas democráticas necesarias para autocorregirse, sin requerir intervenciones externas. Mientras tanto, el resto del mundo quedaría relegado a ser objeto de escrutinio internacional bajo la presunción de incapacidad institucional.
En este contexto, las constantes presiones de Estados Unidos, bajo la presidencia de Joe Biden, para que la CPI no procese a líderes políticos israelíes por crímenes de guerra cometidos en Gaza, confirman que el supuesto universalismo occidental de los derechos humanos y la aplicación de la ley internacional nunca ha sido más que una herramienta ideológica.
Dicha postura refuerza la ilusión de que, en la división entre Occidente y el resto del mundo, es el primero el que posee valores inherentes que le permiten ser democrático por naturaleza. Este enfoque no solo perpetúa una visión jerárquica entre naciones, sino que también debilita la legitimidad de los principios universales que la justicia internacional afirma defender.
Hasta la fecha, la mayoría de las acusaciones emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) han sido dirigidas a individuos negros y/o árabes-africanos. Este patrón refleja un proceso claramente racializado de manera inapropiada y profundamente político. Como un “instrumento político selectivo”, la CPI enfrenta serias dudas sobre su capacidad para resistir el paso del tiempo.
Si se sigue la recomendación del editorial de The Washington Post, los crímenes cometidos en otras partes del mundo, particularmente en Occidente, quedarían ocultos y fuera de la jurisdicción de la Corte.
Tal como sostiene el profesor Mahmood Mamdani, esto significaría permitir que la CPI continúe aplicando un orden jurídico penal internacional que perpetúa las asimetrías de poder y riqueza.
Por su parte, el experto en derecho internacional Costas Douzinas argumenta que, en manos de los gobiernos occidentales, los derechos humanos han perdido su verdadero propósito, convirtiéndose en la versión más reciente de la “misión civilizadora”.
Es precisamente esto lo que pide el editorial de The Washington Post sin ningún tipo de reparo: aplicar la ley internacional en aquellos lugares habitados por los “bárbaros”, mientras que, en los dominios de la democracia, la ley internacional no tendría jurisdicción.
En otras palabras, si todos los seres humanos y los pueblos tienen derechos iguales, entonces no se puede mantener el tipo de sistema desigual que Occidente siempre ha deseado.